16 meses de investigación en Badajoz llevan a juicio por primera vez a un hermano del presidente del Gobierno

Una jueza de Badajoz, Beatriz Biedma, sienta por primera vez al hermano de un presidente del Gobierno en el banquillo. Lo hará por su contrato irregular en la Diputación pacense, por lo que su expresidente y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, también responderá por posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Con ellos, lo harán otros nueve políticos y funcionarios vinculados a la institución provincial.

La jueza ha ido planteándose preguntas y buscando respuestas en una instrucción que ha durado 16 meses, y que ha avalado la Audiencia Provincial. En esta cronología se desgranan los pasos más destacados que han terminado con once personas esperando fecha de juicio.

David Sánchez comienza a trabajar en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios con un contrato de alta dirección. No es funcionario, pero sí ha superado un proceso de selección al que concurrieron otras diez personas. Todos tenían alguna relación con Extremadura menos el hermano de Pedro Sánchez, que llegó a la ciudad directo desde San Petersburgo. Ninguno de los aspirantes presentó una reclamación.

Según el acta del contrato, le eligieron a él por las respuestas que dio en la entrevista, los siete idiomas que habla y por su formación internacional. Es director de orquesta y economista.

Su hermano, Pedro Sánchez, en ese momento era secretario general del PSOE, pero no presidente del Gobierno. Aunque se había presentado ya en dos ocasiones a las elecciones (2015 y 2016).

Manos Limpias presenta una querella contra el hermano de Pedro Sánchez por presunto fraude y contra Gallardo como cómplice. En esta incluye que no acude a su puesto de trabajo, que tiene un patrimonio calculado en dos millones de euros desproporcionado para los ingresos que recibe de la institución y que se mudó a vivir a Elvas con el objetivo de pagar menos impuestos.

La titular del juzgado de Instrucción número 3, Beatriz Biedma, admite a trámite la denuncia. Ya se apunta a supuestos ilícitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Ese mismo mes, el juzgado empieza a pedir datos de David Sánchez a la Agencia Tributaria y documentos a la Diputación de Badajoz, como un informe detallado sobre horarios, incompatibilidades y el tipo de contrato que tiene.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registra la Diputación para incautarse de los correos electrónicos de David Sánchez, el presidente de la institución y otras siete personas vinculadas con la institución el 10 de julio. El periodo de tiempo de los mensajes incautados es, para algunos casos, de siete años. Los agentes volverán el 18 de julio por un fallo en la descarga de los correos de Azagra.

Hazte Oír y Vox se han sumado al procedimiento y la jueza unifica las acusaciones en un solo abogado, el de Manos Limpias, por haber sido el primero en presentar la querella. Poco a poco irán sumándose organizaciones como Abogados Cristianos, Liberum e Iustitia Europa. La última fue el PP, en noviembre de 2024, convencido de que habría juicio oral.

La Agencia Tributaria incide en el informe que no tiene datos que lleven a pensar en ningún delito contra la Hacienda pública, algo que la UCO también determinó meses después. Han analizado las declaraciones de IRPF de 2019 y 2020, y de IRPN (dado que ya residía en Portugal) de 2021 y 2023. Los datos dejan al descubierto detalles de su vida, como que el año que disfrutó de una excedencia en la Diputación lo pasó en Tailandia, que en ese periodo usó una tarjeta bancaria a nombre de su padre y que se compró la casa en Elvas que ahora reforma gracias a una donación de 240.000 euros de su progenitor. Tiene otros dos pisos, uno en Madrid y otro en San Petersburgo.

El banco BBVA emitió un informe meses más tarde, en diciembre, en el que certifica que tiene poco más de 70.000 euros en acciones y no los 1,4 millones de euros que había incluido Manos Limpias en la denuncia.

La Guardia Civil vuelve a la Diputación de Badajoz y se incauta de las cuentas de correo de otras seis personas durante un año. Entre ellos, los dos directores de los conservatorios. Entre las tres visitas a la institución, la Guardia Civil se incauta de los mensajes de 15 personas, algunas de las cuales finalmente no han sido imputadas. Los escritos son una parte fundamental de la investigación, como se desveló meses después.

Afloró un mensaje entre los directores de conservatorios con el asunto 'hermanísimo' que contenía las bases de la convocatoria de la plaza y que se enviaron el mismo día en que el anuncio se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia. Otros revelaron la amistad del hermano del presidente con quien terminó siendo su colaborador en la institución, el exasesor de Moncloa Luis Carrero. También se aprecian tiranteces entre el director del conservatorio superior Bonifacio Gil en 2017, Evaristo Valentí, y David Sánchez. Esto puede explicar que Sánchez se centrara en la ópera y dejara de lado las atribuciones en los conservatorio como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, que fue una modificación de su contrato original aunque se perdieran parte de las atribuciones para las que se le contrató inicialmente.

La Audiencia Provincial de Badajoz respalda por primera vez la investigación de la jueza Beatriz Biedma, después de que la Diputación de Badajoz presentara una petición para la nulidad de los correos incautados. Argumentaron que no existían indicios de delito que hicieran necesaria la intervención de sus comunicaciones. David Sánchez se adhirió a esa solicitud. Pero la Audiencia estableció que existía «motivación más que suficiente» para incautar los mensajes.

La jueza Beatriz Biedma decide llamar a declarar a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo, así como al resto de investigados a partir del 9 de enero. Toma esta decisión tras recibir el informe de la UCO con el contenido de los correos electrónicos. La Fiscalía se posicionó en contra de las declaraciones, pero la jueza siguió adelante.

La UCO, por su parte revela que los conservatorios nunca pidieron la plaza que logró David Sánchez. Una de las preguntas claves en todo el proceso es quién o quiénes decidieron crear ese puesto de trabajo y por qué en ese momento.

David Sánchez estrena este mes su última producción, Carmen, y agota las entradas en el teatro López de Ayala.

El 9 de enero arrancaron las declaraciones ante la jueza Biedma, que se prolongarían durante varias jornadas. David Sánchez respondió a las preguntas en una intervención de 90 minutos, de la que se extrajeron dos vídeos de pocos segundos que se hicieron virales en los que no supo responder qué es la Oficina de Artes Escénicas ni dónde se ubicaba. Gallardo, por su parte, dijo que la decisión de crear la plaza fue del Gobierno provincial.

Durante los interrogatorios, se aprecia que la jueza pone la lupa en Luis Carrero, el exasesor de Moncloa que llegó a la Diputación para ser colaborador de Sánchez y que actualmente es una de las tres patas del procedimiento. Las otras son el contrato del propio Sánchez y la transformación de su puesto desde coordinador de actividades musicales de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

La Audiencia avala de nuevo a la jueza Biedma al desestimar el recurso de la Fiscalía, que se había opuesto a la declaración de David Sánchez y el resto de investigados.

David Sánchez renuncia a su puesto en la Diputación solo unos días después de que el concurso para que una empresa se encargara de la producción de la sexta edición del programa Ópera Joven quedara desierto. Esto es, ninguna empresa quiere trabajar para su proyecto en la provincia.

Continúan las testificales y la jueza da otro paso al pedir a Moncloa que le envíe información sobre Luis Carrero. No se la envían y ordena a la UCO que la recabe.

Biedma ha recibido unos informes con las memorias de actividades de Sánchez, manuscritos, y sospecha que los han hecho después de pedirlos ella.

La investigación pone al descubierto más datos, como que David Sánchez daba por hecha la contratación de su amigo Carrero 23 días antes de publicarse las bases para el puesto. También un detalle al que tanto la jueza Biedma como la Audiencia dan importancia en sus escritos, como es que Sánchez buscó un piso en Badajozantes de ser contratado por la Diputación después de que un empresario de la ciudad lo indicara a la Guardia Civil.

La Audiencia avala otra vez a la jueza por extender la investigación a Moncloa y al colaborador de Sánchez, Carrero, y rechaza que esté realizando una investigación prospectiva, como asevera la Diputación. La jueza realiza una ronda de citaciones, y llama a declarar a Luis Carrero.

Siete testigos responden a la jueza Biedma en una nueva ronda. Entre ellos, los directores de los conservatorios por segunda vez. Es entonces cuando se sabe que estos habían oído 'rumores' de que la plaza sería adjudicada al «hermanísimo» el día en que el Boletín Oficial de la Provincia publicó las bases del puesto. Incluso, que sabían sobre su incorporación siete meses antes de que se convocara la plaza.

David Sánchez acude a pie a su segunda declaración el 25 de abril, cuando reconoce una amistad de más de 20 años con su colaborador, Luis Carrero.

El 28 de abril, la jueza Biedma firma el auto de transformación de la instrucción en procedimiento abreviado e imputa a las once personas que finalmente se sentarán en el banquillo. Es este auto contra el que recurren todos los investigados y la Fiscalía, y el que ha avalado esta semana la Audiencia. Es decir, cinco meses después. Los magistrados no consideran «verosímiles» las que explicaciones que dan Gallardo y Sánchez.

En ese auto que ha confirmado la Audiencia este martes, la titular de la instrucción asevera: «No puede permitirse que una persona, sean quien sea, desarrolle sus aspiraciones usando recursos públicos».

La jueza firma el auto de apertura de juicio oral el 22 de mayo y sienta en el banquillo a los once imputados. Se abre entonces una carrera por el aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, dado que se había convertido en diputado regional un día antes, aunque no había trascendido. El secretario general del PSOE extremeño reclama que le juzgue el TSJEx y que asuma la causa completa. El TSJEx no atenderá sus intenciones y Gallardo decidirá no recurrir. También, días después, el político socialista retirará el incidente de nulidad que había planteado contra la apertura de juicio oral.

Miguel Ángel Gallardo renuncia como presidente de la Diputación para centrarse en la Asamblea, donde ha forzado la salida de una diputada, Maricruz Rodríguez, y que cinco personas que estaban por delante de él en la candidatura rechacen el acta. Todo esto hace que primero la jueza y después el TSJEx se refieran a la operación como un fraude de ley con el que busca eludir al juzgado de Instrucción y a la Audiencia.

En estos días se conocen también los escritos de las acusaciones populares, que piden penas importantes, de hasta tres años de cárcel y 15 de inhabilitación, por lo que el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial.

En verano, el colaborador de David Sánchez, Luis Carrero, se marcha de la institución provincial cuando aún le quedan seis meses de contrato. El argumento de la institución provincial es que quiere empezar el curso como profesor en una Escuela de Idiomas, institución académica de la que es funcionario. El hermano del presidente logra un visado para viajar a Japón durante un año, aunque responde a preguntas de Biedma que su residencia sigue estando fijada en Elvas.

La Audiencia Provincial de Badajoz deliberó sobre los recursos de los once investigados al auto del 28 de abril el día 15 de septiembre, aunque no dio a conocer sus decisiones hasta el día 23. En resumen, estima que existen indicios de delitos de prevaricación y tráfico de influencias suficientes para que se diluciden en juicio oral. Contra esta decisión no cabe recurso, así que definitivamente habrá juicio, algo que se espera para inicios de 2026.

Además de Gallardo y Sánchez, hay otros nueve imputados relacionados con la Diputación. Aquí, se pueden leer sus nombres, por qué se les encausa y qué pena piden para ellos las acusaciones populares.

Como se ha venido informando, la causa tiene tres patas: La primera, cómo se gestó y adjudicó el contrato a David Sánchez entre 2016 y 2017; la segunda, por qué y cómo se modificó se puesto de coordinador de actividades musicales de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022 sin que mediara concurso público; y el contrato de Luis Carrero en enero de 2023. La jueza estima que tanto la modificación del puesto como el fichaje de Carrero pueden deberse a que Sánchez acomodó su puesto de trabajo a sus preferencias personales.

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