Biedma: «No puede permitirse que una persona, sean quien sea, desarrolle sus aspiraciones usando recursos públicos»

En un documento de 71 páginas, la jueza Beatriz Biedma considera: «No puede permitirse que una persona, sea quien sea, desarrolle sus aspiraciones profesionales utilizando recursos públicos, en detrimento de otras personas más capacitadas o de otras necesidades más acuciantes de los administrados».

La instructora analiza la posible comisión de delitos que puede ser constitutivos de prevaricación administrativa y de tráfico de influencia. En este sentido, señala que existen varias resoluciones administrativas que contenían una declaración de voluntad de contenido decisorio porque «como explicaron los testigos, los trámites posteriores del procedimiento de modificación de la RPT solo se referían a un control de la legalidad formal».

Se refiere a cuatro resoluciones. Son la propuesta de creación del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios, la resolución del presidente de la Diputación disponiendo la contratación de David Sánchez como personal de alta dirección, la propuesta de modificación de este puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y la propuesta de creación del puesto de la jefatura de sección que ocupa desde enero de 2024 Luis Carrero, colaborador de David Sánchez.

La jueza apunta también que «tales resoluciones son contrarias a derecho«. La jueza subraya que, según el reglamento orgánico de la Diputación, el personal de alta dirección debe efectuarse »motivadamente, que su designación será discrecional (que no arbitraria), atenderá a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y que se llevará a cano mediante procedimientos que garanticen que publicidad y concurrencia«. Además, el personal directivo debe estar sujeto a evaluación periódica.

En este sentido, la jueza asevera: «la facultad discrecional de la Administración Pública no le autoriza a nombrar arbitrariamente a la persona que considere y sin respetar los principios constitucionales (de igualdad, mérito y capacidad)«.

«Cuando un puesto se crea para una persona determinada, aunque se cumplan todos los trámites formales del procedimiento, como no podía ser de otra forma porque sino sería evidente para cualquiera la verdadera finalidad que se perseguía, se comete delito de prevaricación, pues toda actuación de la Administración debe perseguir la satisfacción de los intereses generales, no los de una o varias personas en concreto», añade.

Por ello, «las funciones del puesto no deben responder tampoco a las preferencias personales del que lo ocupa, pues aunque la finalidad de acercar la Ópera o la cultura en general al pueblo es loable, debe hacerse respetando los principios constitucionales, y no puede permitirse que una persona, sea quien sea, desarrolle sus aspiraciones profesionales utilizando recursos públicos, en detrimento de otras personas más capacitadas o de otras necesidades más acuciantes de los administrados«.

La jueza añade que los once investigados conocían la injusticia de la resolución que otorgó el puesto a David Sánchez y que hubo un resultado injusto porque «se permitió que accedieran a los puestos de trabajo personas cuya elección no era el resultado de un proceso selectivo, justo y transparente, llevado a cabo sin cumplir los requisitos constitucionales«. De esta forma, añade la jueza Biedma, »se omitió la necesidad de dar satisfacción a una demanda de la sociedad, que lógicamente quiere que quien va a estar a su servicio sea el mejor en las funciones que se le reclaman, con independencia de su parentesco o amistad con otra persona«.