La Audiencia avala la incautación de los correos de David Sánchez en la Diputación y respalda a la jueza

La decisión que toma ahora la Sala se debe al recurso que presentaron Gallardo y Alejandro Cardenal, funcionario de la institución provincial, tras la primera actuación de los agentes del 10 de julio. Posteriormente se adhirió el músico David Sánchez, también conocido como Azagra.

Los recurrentes advirtieron que la decisión de requisar los mensajes no obedecía a indicios concretos y que podía lesionar los derechos de terceras personas que hubiesen participado en comunicaciones sin tener nada que ver con la investigación.

Pero la Audiencia Provincial de Badajoz rebate estos argumentos en un auto de 29 páginas con fecha del miércoles día 25. Considera que la decisión de la jueza tiene «motivación más que suficiente» para pedir la confiscación de los mensajes con el objetivo de comprobar la intervención de los afectados y las reales funciones de Sánchez en su puesto de trabajo.

Estas actuaciones parten de la denuncia inicial de Manos Limpias en mayo, a las que después se sumaron otras asociaciones y Vox. La jueza abrió diligencias de investigación por posibles delitos de contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias contra el director de orquesta, el presidente de la Diputación y el trabajador de la institución Alejandro Cardenal. Manos Limpias sacó a estos dos en la posterior querella.

Ahora tratan de aclarar si se dieron «actuaciones preparatorias» para adjudicarle el puesto de trabajo al hermano del presidente del Gobierno.

Entre las actuaciones solicitadas por la jueza se encuentra un auto del 9 de junio en el que autoriza a la UCO para entrar en la Diputación con el objetivo de confiscar los correos electrónicos del músico, el presidente y otras siete personas que han podido intervenir en el proceso de adjudicación de la plaza. El plazo solicitado es de nueve años. Ese es el auto contra el que recurren Gallardo y Alejandro Cardenal y que desestima íntegramente la Audiencia Provincial de Badajoz.

Los recurrentes apuntaron a la «debilidad de los indicios» y cuestionaron incluso que se admitiera la querella. Mencionaron las injerencias en el derecho al secreto de las comunicaciones y subrayaron que no constan indicios ni actividades concretas de David Sánchez que puedan servir para intervenir comunicaciones de nueve personas en siete años. Calificaban la investigación de «prospectiva y vulneradora de la presunción de inocencia».

La Sala profundiza en que el escrito de la jueza que ordena la incautación «contiene la necesaria motivación que requiere la injerencia en los derechos fundamentales que se dicen vulnerados en el recurso».

En el auto, al que ha tenido acceso HOY, los magistrados afirman que «se cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales necesarios para la adopción de la medida». El respaldo a la jueza Beatriz Biedma es, por tanto, total.

En el análisis de la documentación, añade la Sala, «se cuestionan claramente las concretas actividades que comprende el puesto de trabajo de don David Sánchez, a la luz de su contrato, su escasa actividad como director de orquesta y la escasez de producciones del programa Ópera Joven a pesar de que motivó el cambio de nomenclatura del puesto de trabajo; la carencia de despacho propio durante todo un año o el informe relativo a que la modificación de nomenclatura no obedeció a un cambio de funciones sino a una diversificación».

La Audiencia señala que la decisión de la jueza «ha sido exquisitamente cuidadosa con la determinación del ámbito subjetivo y objetivo afectado, contra lo que dispone el recurso». «No podemos sino refrendar dicha motivación sin encontrar esa indeterminación y vulneración que refleja sin mayor justificación el recurso».

Los magistrados rebaten cada argumento de los recurrentes. «No se está ante una investigación prospectiva pues el auto determina ampliamente los hechos investigados y los indicios determinados ante una insuficiencia de la documentación remitida que se razonaba en el auto» por parte de la titular del juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz. La Sala abunda en que se trata de «profundizar en una investigación ya iniciada».

Uno de los puntos que recurrían los afectados es la posible vulneración de derechos de terceros que no tengan que ver con la investigación y que se hayan dirigido correos con los titulares de las cuentas incautadas.

La Audiencia considera que «la afectación del entorno digital viene limitada claramente a comunicaciones realizadas solamente en el ámbito de su función laboral y además, para este procedimiento concreto del puesto de trabajo investigado. No hablamos así de correos que pudieran referirse a su estricta intimidad».

Y, sobre el periodo de tiempo que se analiza, entre enero de 2016 y diciembre de 2022, la Sala entiende que «el plazo es razonable pues se extiende al periodo temporal necesario para determinar las funciones laborales desempeñadas por don David».

La jueza recibió este verano un informe de la Guardia Civil en el que advertía que se podían haber dado «actos preparatorios» para adjudicar el puesto de trabajo a David Sánchez, aunque también descartaban irregularidades en los pliegos de contratación.

Por eso dio el visto bueno a la intervención de las cuentas de correo electrónico.

Esa primera actuación de la UCO tuvo lugar el día 10 de julio. El 18 volvieron porque habían tenido problemas en algunas descargas. Esta semana, el martes, se han llevado otras seis cuentas de correo correspondientes a trabajadores de Recursos Humanos de la institución y de los conservatorios.