La jueza sienta en el banquillo a David Sánchez, Gallardo y otros nueve trabajadores y políticos

La jueza Beatriz Biedma ha decidido este jueves la apertura de juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, y otras nueve personas vinculadas a la institución provincial.

En un auto firmado este jueves y tras un año de instrucción, ve indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, y decide que haya juicio oral.

Como se sabe, el juzgado ha investigado si la Diputación de Badajoz amañó en 2017 el puesto de 'coordinador de actividades musicales de los conservatorios de Badajoz' para el hermano del presidente, David Sánchez.

En ese momento, Pedro Sánchez había sido secretario general del partido y candidato a dos elecciones generales, aunque no era aún presidente. Durante la investigación han aflorado otros puntos que también pueden ser constitutivos de delito según la jueza, como la modificación del puesto de trabajo original a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y la posterior contratación del amigo de David Sánchez y ex asesor de Moncloa, Luis Carrero.

Las acusaciones populares, entre las que se encuentran Manos Limpias, el PP o Vox, solicitan tres años de cárcel y varios de inhabilitación tanto para Sánchez como para Gallardo, mientras que el Ministerio Fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa. La jueza Biedma, sin embargo, no ha esperado, en contra de lo que se preveía, a que se resuelvan los recursos planteados por las partes ante la Audiencia para decidir la apertura de juicio oral.

En sus fundamentos de Derecho del auto de este jueves, explica esta decisión y asegura que «habiéndose resuelto los recursos de reforma interpuestos (ante ella), la admisión de los recursos de apelación no tiene efecto suspensivo del procedimiento, por lo que procede el dictado de la presente resolución». Dicho de otra manera, que no es necesario esperar a que la Audiencia resuelva los recursos interpuestos tanto por las defensas como por el Ministerio Fiscal.

Respecto a que la apertura de juicio oral se produzca solo a instancias de la acusación popular cuando la Fiscalía ha solicitado el archivo del procedimiento, la jueza Biedma también ha querido explicar en su auto de este jueves «que existe una doctrina consolidada del Tribunal Supremo» que avala que «la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de juicio oral».

Asimismo, la jueza indica que aún no procede indicar una fianza porque en este momento procesal no está fijada la cuantía ni las responsabilidades civiles solicitadas.

La fecha en la que se acuerda la apertura de juicio oral es determinante en el caso del régimen de aforamiento. Este miércoles, sin embargo, un día antes del auto de apertura, Miguel Ángel Gallardo registró en la Asamblea la credencial emitida por la junta electoral de zona como diputado y su petición de adscripción al grupo parlamentario del PSOE. De este modo, se ha convertido en diputado y aforado, y la causa entera deberá pasar ahora al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx)

En cualquier caso, el auto de apertura de juicio oral contenía ayer un error que fue corregido por la jueza horas después a través de una providencia y que no afecta al fondo de la causa. Según exponía Biedma «se declara órgano competente para conocer y juzgar esta causa el Juzgado de lo Penal de Badajoz que por turno de reparto legal corresponda». En la providencia remitida luego a las acusaciones populares les pide que corrijan en un plazo de dos días, y señalen que el órgano competente es la Audiencia provincial por las inhabilitaciones solicitadas, que llegan a ser de 15 años y afectan a derechos fundamentales.

Beatriz Biedma dictó el auto de apertura de juicio oral tras notificar entre este jueves y el día anterior, miércoles, la desestimación de varios recursos de reforma presentados en su juzgado por las defensas.Entre ellos, el de David Sánchez.

Todos comparten una primera parte, donde desgrana «hechos objetivos de los que se derivan claros indicios de criminalidad».Estos se refieren a que la creación del puesto de coordinador de actividades musicales no era necesaria, que este se creó para ser adjudicado a David Sánchez, así como que el trabajo se fue adaptando a las preferencias personales y preferencias profesionales de David Sánchez. También que se creó un puesto más para Luis Carrero con el objetivo de que siguiera auxiliando a David Sánchez, dado que eran amigos y ya lo venía haciendo con anterioridad.

La jueza vuelve a subrayar su convencimiento de que la Diputación de Badajoz quiso dar «apariencia de legalidad» a la creación y cobertura de los puestos de trabajo, así como al posterior desempeño de sus funciones, aunque estaba decidido de antemano que la nueva plaza iba a ser para David Sánchez.

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