La Junta busca fecha para repetir el examen de una oposición de 2010

Heliodoro López Vicente, Víctor Manuel León Batalla y Francisco Lérida Cintas, los tres docentes que aprobaron la oposición de 2010 y que ahora tienen que repetirla. /HOY
Heliodoro López Vicente, Víctor Manuel León Batalla y Francisco Lérida Cintas, los tres docentes que aprobaron la oposición de 2010 y que ahora tienen que repetirla. / HOY

La suspensión del proceso, que conlleva que la presidenta del tribunal pierda su condición de funcionaria, ha sido ratificada por el Supremo

Ana B. Hernández
ANA B. HERNÁNDEZ

Aunque todavía no hay día señalado, la Consejería de Educación confirma que la repetición de la oposición de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos, de la convocatoria de 2010, «será en breve, pero aún no se ha decidido la fecha concreta». Se repetirá después de que el Supremo, en su última sentencia, haya ratificado que la prueba tiene que volver a hacerse.

Por eso, cuatro profesores deberán repetir el examen de esa oposición una década después. Se trata de los tres que aprobaron el proceso selectivo, y que desde entonces son funcionarios, y el docente que recurrió a los tribunales y que ha obtenido las sentencias favorables en las diferentes instancias por las que ha discurrido este proceso judicial. Los cuatro optarán ahora a las tres plazas que se dieron entonces.

Fue el TSJEx el que ordenó, en una sentencia de junio de 2013, la repetición de la oposición al constatar que la presidenta del tribunal de la misma tenía una «enemistad manifiesta» con el demandante que recurrió en vía judicial y que su actuación impidió que el mismo accediera a una plaza. Además, destruyó los exámenes, lo que impidió que se pudiera revisar la actuación del tribunal para valorar si se habían respetado o no los principios constitucionales de mérito y capacidad.

Esta mujer ha pedido al Supremo que revise la sentencia del TSJEx, pero su petición no ha sido atendida y el alto tribunal ha confirmado la repetición. De ahí que la Consejería de Educación haya comenzado a preparar el proceso para que los cuatro aspirantes que están legitimados, según también el tribunal extremeño, puedan volver a hacer el examen. Hasta entonces, los que obtuvieron plaza en la convocatoria de 2010, mantienen su condición de funcionario.

No así la presidenta del tribunal del proceso selectivo. Porque el aspirante que acudió a la justicia lo hizo tanto en la vía contenciosa como en la penal. En la primera logró que el TSJEx y después el Supremo ordenaran la repetición del examen.

En el Emérita Augusta

En la segunda, presentó una querella contra la presidenta del tribunal que ha supuesto que la misma haya perdido hace un año ya su condición de funcionaria. Porque en vía penal el demandante también ha logrado una sentencia favorable. De este modo, el Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres condenó a la presidenta a dos años de cárcel y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación y otro de infidelidad en la custodia de los documentos. Y la Audiencia ratificó después el fallo que la Administración ejecutó en abril de 2018.

Precisamente porque este proceso penal se ha basado en el contencioso que acabó con la repetición de la oposición, la presidenta del tribunal recurrió al Supremo para que la revisara, porque en esa sentencia «se dieron como probados unos hechos que fueron usados para iniciar actuaciones penales contra ella», ha manifestado su defensa en el recurso remitido al alto tribunal. Sin embargo, el Supremo lo ha desestimado, ha rechazado el recurso de revisión y ha confirmado el fallo del TSJEx, porque la «enemistad manifiesta» entre la presidenta y el demandante vició el proceso desde el principio. Ambos coincidieron en el curso escolar 2006-2007 en el IES Emérita Augusta de Mérida y las actas de entonces confirman esa enemistad. La que ha sido admitida por los tribunales y que motivó que el demandante pidiera la recusación de la presidenta. Sin embargo, la causa de recusación planteada por el entonces opositor no se tuvo en cuenta. La presidenta la rechazó y la Junta no la comprobó, pero la justicia la ha confirmado y las diferentes sentencias emitidas al respecto señalan que «la arbitrariedad de las sucesivas decisiones» que fue tomando la presidenta del tribunal durante el proceso selectivo evitaron que el opositor lo aprobara.

Por eso, el examen de oposición –no la fase de concurso– se repetirá de nuevo ahora. Y el mismo deberán hacerlo el demandante que ha ganado en los tribunales y los tres aspirantes que lograron plaza entonces. Los cuatro han tratado de negociar con la Junta cómo ejecutar la sentencia sin que se tuviera que repetir la prueba. Pero la Abogacía General de la Junta ha determinado la repetición, «ya que se ha advertido a lo largo del procedimiento no haber lugar ni a declarar la inejecución material de la sentencia ni a otras medidas alternativas, debiendo cumplirse la sentencia en sus estrictos términos».

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