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La presidenta del tribunal que destruyó exámenes de una oposición "lo lamenta"

El juicio, esta mañana
El juicio, esta mañana / LORENZO CORDERO
  • La acusada ha defendido que esa decisión fue consensuada entre los cinco miembros que componían el tribunal de la oposición para ser profesor de Educación Secundaria

"Más que he lamentado yo haber destruido los exámenes no lo lamenta nadie, señoría", ha declarado hoy ante la juez la acusada de destruir los ejercicios de la oposición en la que ella era la presidenta del tribunal ,y uno de los opositores era un antiguo compañero con el que había tenido una mala relación profesional.

En un largo interrogatorio por parte de la Fiscalía, la acusada ha defendido que esa decisión fue consensuada entre los cinco miembros que componían el tribunal de la oposición para ser profesor de Educación Secundaria, en la especialidad Organización y Procesos del Mantenimiento de Vehículos. En concreto, el Ministerio Fiscal la acusa de un delito de prevaricación y otro de infidelidad en la custodia de documentos, y pide para ella la pena de dos años y tres meses de prisión. Además de ser inhabilitada para empleo o cargo público durante 16 años, pagar una multa de 6.750 euros e indemnizar con 40.000 euros al opositor contra el que supuestamente actuó para que no obtuviera la plaza, el fiscal pide dos años y tres meses de cárcel.

Los dos profesores coincidieron en el instituto "Emérita Augusta" de Mérida en el curso 2006-2007, y el querellante fue nombrado jefe de departamento. Desde el inicio, y a raíz del reparto de horarios, se fueron sucediendo distintos episodios en el Departamento que llegaron a conocimiento de la inspección general, ya que la juzgada y otros compañeros "acusaron al jefe de departamento y al jefe de estudios de favoritismo", según el relato de la fiscal.

"No tengo una relación de enemistad o inquina hacia el que fue jefe de estudios como se ha dicho, sólo que nunca he mirado hacia otro lado, y si veía irregularidades en el departamento, las tenía que poner en conocimiento", ha afirmado la acusada.

En marzo de 2010 la Junta de Extremadura convocó las oposiciones en las que la acusada fue nombrada presidenta del tribunal, y el ex compañero que se iba a presentar decidió recusarla.

Ella presentó un escrito en el que señalaba que no había motivos para la recusación, que fue aceptado. De los cinco miembros del tribunal, según el fiscal, "ella le puso la nota mas baja, y cambió criterios de calificación para desfavorecerle", algo que ha negado la acusada, que ha asegurado que no se acordaba de las notas que le puso.

Asimismo, ella decidió llevarse la programación del curso que había presentado el querellante, una de las tres fases de la oposición, alegando que era experta en esa materia, "a pesar de que otro miembro del tribunal manifestó tener mayores conocimientos específicos en dicha área", ha precisado la fiscal.

La acusada ha manifestado que era la primera vez que estaba en un tribunal, y ha advertido de que había otras tres personas que ya habían ejercido esta función, que le "dijeron que los exámenes se habían destruido".

La fiscal le ha recordado que como presidenta tenía el deber de custodiar los documentos y le ha planteado en numerosas ocasiones que "con la mala relación que había tenido con el opositor, su recusación y las discrepancias con algunos miembros del tribunal, cómo no guardó los exámenes".

Una decisión que con el tiempo la acusada ha manifestado que lamenta porque sería la prueba objetiva para saber si el opositor fue perjudicado o no, pero que "no lo hizo para perjudicar a nadie".

El Supremo ya se ha encargado en la vía contenciosa de anular esta oposición, lo que supone que las tres personas que lograron las plazas a concurso en ese proceso, y que son funcionarios de carrera desde septiembre de ese año, ahora dejan de serlo porque la oposición se tiene que repetir, como ha publicado la Junta en el DOE.