Oleada de críticas a la Junta de Extremadura por la crisis del transporte escolar

El PSOE y Unidas Podemos por Extremadura han solicitado la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, y van más allá. No descartan llevar al Ejecutivo regional a los tribunales ante lo que denominan un «caos con el que ven vulnerado el derecho constitucional a la educación». Hay unas 200 rutas sin cubrir que afectan a más de 5.000 alumnos que por segundo día consecutivo no han contado con un autobús que les lleve a sus centros educativos.

«Estamos estudiando todas las opciones legales para que la presidenta de la Junta de Extremadura restituya de manera inmediata un derecho básico», ha señalado el secretario de Educación y FP del PSOE de Extremadura, Francisco Javier Amaya. «Si realmente nuestros servicios jurídicos llegan a la conclusión de que se está vulnerando el derecho a la educación, que además también fricciona el derecho a la conciliación familiar, denunciaríamos la situación», ha expuesto el dirigente socialista.

Los socialistas, además de volver a reclamar la dimisión de la consejera de Educación, han señalado que la máxima responsable de esta «crisis educativa es la presidenta de la Junta».

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que la situación es «inédita y fruto del fracaso de la incompetencia de María Guardiola». Una presidenta, ha incidido, que »no está en los problemas, sino que está en el foco y en la foto«. Para Gallardo, la propuesta de Educación de prestar formación online a los alumnos afectados hasta que se solucione la situación es una »ocurrencia«.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha vuelto a pedir la dimisión de Vaquera. «Es indecente que a día de hoy haya alumnos que sigan sin poder llegar a sus centros educativos en transporte escolar», ha afirmado. Considera que «las clases telemáticas propuestas por el Ejecutivo regional no solucionan nada, sino que agravan más el problema«. Añade que se debe a la »ineptitud« del gobierno de María Guardiola, al que ha instado a que se siente a negociar »cuanto antes« con las empresas para garantizar que los estudiantes puedan acudir a sus centros.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, también ha reclamado a la Junta una solución «inmediata» y ha indicado que ha abordado este problema con el secretario de Estado de Educación, tras lo cual ha subrayado que los españoles tienen garantizado el derecho a la educación. «Es un principio fundamental», ha remarcado. Considera que la Junta ha actuado en esta cuestión con «improvisación y falta de previsión».

Los sindicatos también han criticado la gestión de la Junta en este asunto. La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha tildado de «inadmisible» la situación. «Hay que llegar a un acuerdo con el tema del transporte escolar«, ha insistido la secretaria general para, acto seguido, recalcar que es a la Junta de Extremadura a quien corresponde negociar.

Desde USO Extremadura han exigido la dimisión inmediata de la consejera de Educación por su «falta de planificación, de sensibilidad hacia las familias afectadas y de respeto hacia la comunidad educativa». El inicio del curso escolar está marcado, dice, por «un auténtico colapso del transporte escolar».

El sindicato PIDE ha considerado «del todo improcedente» que la Consejería de Educación, según indica, «ordene» a los centros educativos adoptar la modalidad de enseñanza telemática simultaneada con la presencial como medida. Advierte de que la «mala planificación de la consejería está abocando, una vez más, a situaciones indeseables que afectan a miles de ciudadanos y crean un gran problema a los equipos directivos y a los docentes en los centros».