Caso del hermano de Pedro Sánchez

La jueza Beatriz Biedma entierra las denuncias contra David Sánchez por un delito contra la Hacienda Pública

La denuncia original que presentó Manos Limpias y que fue admitida a trámite en Badajoz vinculaba al hermano del presidente con la trama de Víctor Aldama al señalar que Sánchez comenzó a residir en Portugal unos meses antes que la red constituyera empresas pantalla en Elvas. «Cambió, para ello, su residencia fiscal, que hasta ese momento la tenía en España, y que con esta mudanza fiscal al país luso el hermano de Sánchez ha conseguido ahorrarse el pago de impuestos IRPF y de Patrimonio».

La organización cuestionó que el hermano del presidente del Gobierno eligiera para residir la misma «pequeña localidad hacia la que Víctor Aldama, amigo de su cuñada Begoña Gómez, desvió las mordidas de las mascarillas de la trama Koldo».

Además, Manos Limpias planteó una presunta relación directa con el patrimonio del hermano del presidente del Gobierno. «Alcanza los dos millones de euros para un sueldo que percibe de la Diputación de Badajoz, desde junio de 2017, de 55.000 euros». Según esta organización, «tiene dos pisos (uno en Madrid y otro en San Petesburgo) y un palacete en Elvas, junto a 68.469,31 euros en criptomonedas, 1,4 millones en acciones del BBVA y 114.973 euros en depósitos en cuentas bancarias».

También se puso en cuestión que se hubiera mudado su residencia a Elvas con el objetivo de tributar menos impuestos en España. La consejera de Hacienda, Elena Manzano, llegó a hacerse eco de estas dudas en la Asamblea de Extremadura.

Pero la pista del dinero se ha ido desinflando conforme avanzaba la investigación y apenas ha aparecido en los interrogatorios a testigos e investigados.

El auto de la jueza este miércoles parece enterrar definitivamente estas cuestiones cuando descarta llamar como testigo a Fátima del Pozo Sánchez como habían pedido las acusaciones populares. Esta pacense es «técnico de Gestión Administrativa de la Diputación de Badajoz» y envió unos correos electrónicos en junio de 2023 a David Sánchez en los que informaba sobre los avances de los trámites realizados para la adquisición de la condición de trabajador fronterizo y solicitaba información para seguir avanzando en dicho trámite. Entre los mensajes intervenidos por la UCO consta otro dirigido a Fátima del Pozo en el que David Sánchez adjuntó un documento con el Registro de Intereses correspondiente al año 2023.

«A los efectos de indagar en el contenido de dichas comunicaciones y en otros contactos que pudieran haber mantenido se considera pertinente la declaración testifical de Fátima Del Pozo», solicitaron las acusaciones.

Sin embargo, la jueza recoge en el auto que esa declaración no sería relevante «pues el lugar de la residencia fiscal del señor Sánchez únicamente era útil a los efectos de determinar la existencia de un Delito contra la Hacienda Pública, para cuya existencia ha quedado claro que las cantidades que hubieran podido defraudarse si su residencia estuviera en España no alcanzarían el límite mínimo necesario constitutivo de infracción penal«.

El informe realizado por técnicos de Hacienda a solicitud de la jueza y que trascendió este verano ya descartaba la existencia de delitos contra la Hacienda Pública. Sánchez no tributa con IRPF, sino con IRNR (impuestos de la renta como no residentes) y, según ese informe, lo realizaba de forma correcta. El documento recoge que la residencia fiscal en Portugal «no es incompatible con la condición de empleado público de la Administración española, implicando en este caso que las rentas percibidas por la Diputación de Badajoz están sujetas en España por el Impuesto sobre la Renta de no residentes (IRNR) y no IRPF».

En su declaración como testigo ante la jueza, el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, explicó que si bien David Sánchez tributó con el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR) desde que adquirió una vivienda en Elvas, la diferencia con haber pagado el IRPF habría sido de un uno por ciento.

Ese informe que realizó Valiño con otras dos funcionarias de Hacienda analizó el patrimonio inmobiliario, las cuentas bancarias, el uso de tarjetas de crédito y las acciones del hermano del presidente.

En este sentido, la denuncia de Manos Limpias citaba que tenía 1,4 millones de euros en acciones en BBVA. El atestado de la UCO ya redujo esa cantidad y la atribuyó a un error de una información periodística. La jueza reclamó entonces a la entidad bancaria que informara sobre las acciones de Sánchez. Certificó que solo tiene 71.409 euros en acciones.