Gallardo no tendrá que dimitir aunque se abra juicio oral por el caso del hermano del presidente

Se debe a que el PSOE modificó sus estatutos en el último congreso federal, celebrado a finales del pasado mes de noviembre en Sevilla, y ahora la pérdida de militancia por estar inmerso en un proceso penal se contempla solo si el acusado es finalmente condenado.

El artículo 9 de los nuevos estatutos del PSOE establece en su punto i, en referencia a la pérdida de la condición de afiliado, que la misma se producirá en caso de «ser condenado por la comisión de un delito doloso castigado con penas graves o menos graves que incluyan penas de prisión, inhabilitación o suspensión de empleo o cargo público de los previstos en el Código Penal y/o la normativa de legislación sobre partidos políticos mediante sentencia judicial».

El texto no especifica si se refiere a una condena inicial o hay que esperar a que tenga carácter firme. En cualquier caso, si hasta ahora el PSOE contemplaba la posibilidad de suspender de militancia a un afiliado ante la apertura de juicio oral, es decir, en el momento en que se sienta en el banquillo, en el congreso de Sevilla se aprobó la citada modificación estatutaria a propuesta de los autores de la ponencia marco. El cambio, por tanto, no fue el resultado del debate de una enmienda planteada por alguna de las federaciones socialistas, tampoco de la extremeña.

La modificación introducida está motivada, según explican a este diario las fuentes socialistas consultadas, por la judicialización de la política. «Parece relativamente sencillo, y sale muy barato, como se está viendo, que una asociación presente una denuncia contra un político, que se instruya la causa, que pueda haber juicio oral y que después todo quede en nada», exponen.

«Por eso, aunque la imagen de un político testificando en el juzgado ya conlleva una condena pública», añaden estas mismas fuentes, «se ha decidido ese cambio en los estatutos; porque ante los casos que vienen produciéndose en este sentido, el PSOE busca protegerse».

Precisamente, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, se refirió a esta situación durante su intervención el pasado fin de semana en Plasencia, durante el 15 congreso regional en el que Miguel Ángel Gallardo fue ratificado como secretario general.

«Ante la ausencia de proyecto y argumentos, la derecha ha decidido judicializar su labor de oposición», criticó Cerdán. «Ahora crean noticias falsas, las difunden a través de pseudomedios y las asociaciones ultras las llevan a los tribunales. Tú, Miguel Ángel, estás sufriendo la judicialización de las mentiras», le dijo de manera directa el número tres del partido al líder de los socialistas extremeños, en clara alusión al llamado caso Azagra, la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz en 2017.

Cerdán también animó a los militantes de la región a no permanecer callados ante esta situación. «Tenemos que salir a defendernos y decir la verdad», afirmó. La reacción del PSOE, por el momento, ha sido esta modificación de sus estatutos para que la apertura de un juicio no conlleve la suspensión de militancia, sino que tenga que haber una condena para ello.

«Nos protegemos ante el modo de proceder de las asociaciones ultras, que al final son las mismas en los diferentes procesos y que siguen judicializando la política», insisten desde el PSOE extremeño.

La federación regional defiende que la instrucción judicial en marcha por la contratación del hermano del presidente del Gobierno responde a una maniobra de la ultraderecha. No obstante, tal y como ha indicado también el propio Gallardo, se confía en que la jueza Beatriz Biedma decrete el archivo de la denuncia tras la fase de instrucción y las testificales.

El secretario general del PSOE extremeño, en cualquier caso, ha aclarado que si finamente la magistrada decide abrir juicio oral, no piensa renunciar como máximo responsable de la federación regional ni al frente de la Diputación pacense. Solo lo haría si se llegara a producir una condena firme, en cuyo caso abandonaría ese cargo por su propia iniciativa. Pero también estaría obligado a ello por los nuevos estatutos del PSOE.