La decisión de juzgar a David Sánchez queda en manos de la Audiencia de Badajoz

El recurso de apelación del Ministerio Público defiende que no existe indicio alguno que permita llevar al banquillo a los investigados, argumento que se repite varias veces en un escrito que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Badajoz, un tribunal provincial al que están adscritos cuatro magistrados que tienen en su mano decidir si se abre juicio oral, tal y como propone el juzgado instructor, o por el contrario las actuaciones son archivadas.

De momento, la acusación popular ha pedido penas de cárcel, mientras que los abogados que defienden a los procesados han recurrido ante el propio juzgado instructor la transformación de la causa en un Procedimiento Abreviado, el paso previo a la apertura de juicio oral.

Lo probable es que Beatriz Biedma mantenga su postura y que sea la Audiencia Provincial quien resuelva en apelación. Si así sucede, se abren tres posibilidades: la primera es que el tribunal provincial respalde a la magistrada y se celebre juicio; la segunda opción pasa por devolver la causa al juzgado de instrucción para que practique nuevas diligencias; y la tercera es proceder al archivo de la causa, como solicitan la Fiscalía y las defensas.

No es la primera vez que las partes personadas apelan ante la Audiencia Provincial de Badajoz. Ya lo hicieron las defensas cuando pidieron que fuera anulada la incautación de correos electrónicos ordenada por la magistrada. Aquel recurso fue resuelto en un auto en el que la Audiencia consideraba adecuado el análisis de esos correos electrónicos para tratar de esclarecer los supuestos delitos que se investigaban.

Ese recurso de apelación fue presentado por Emilio Cortés y Juan José Torres, los letrados que defienden a David Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo. Advirtieron en sus recursos de que la decisión de requisar los mensajes no obedecía a indicios concretos y que podía lesionar los derechos de terceras personas que hubiesen participado en comunicaciones sin tener relación con la investigación.

Pero la Audiencia Provincial de Badajoz rechazó esos argumentos en un auto de 29 páginas fechado en septiembre de 2024 en el que consideraba que la decisión de la jueza tenía «motivación más que suficiente» para pedir la confiscación de los mensajes con el objetivo de comprobar la intervención de los afectados y las reales funciones de Sánchez en su puesto de trabajo. Se avaló por tanto la incautación de 44 millones de correos electrónicos pertenecientes a quince cuentas oficiales que poseían los investigados. «No se está ante una investigación prospectiva, pues el auto determina ampliamente los hechos investigados y los indicios determinados ante una insuficiencia de la documentación remitida» por la Diputación.

Con posterioridad, el tribunal provincial dictó otro auto en el que desestimó nuevos recursos presentados por el letrado de la Diputación de Badajoz, que defendía a algunos de los trabajadores investigados.

El recurso del organismo provincial se basaba en tres aspectos: que la jueza estaba realizando una investigación prospectiva, que existían continuas filtraciones que «suponían un asfixiante ataque mediático para los investigados», y que se negaba el sobreseimiento de la causa para los tres recurrentes.

En este caso, la Audiencia volvió a respaldar a Biedma con un argumento claro: «No puede obstaculizarse la labor investigadora propia del juez de instrucción con la interposición de continuos recursos si no se observa una auténtica vulneración legal».

En lo referido a la supuesta falta de adopción de medidas para evitar las filtraciones, el tribunal determinó que no era posible actuar si no se concretaba a qué tipo de filtraciones se referían las defensas ni «se aportaban elementos que lleven a considerar delictiva la conducta ni permitan determinar sus autores concretos».

Esos pronunciaciones de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre la causa que afecta a David Sánchez hablan de la postura que han adoptado sus magistrados cuando han visto los recursos presentados con anterioridad, pero su función ahora no será pronunciarse sobre la fase de instrucción sino avalar los indicios de criminalidad observados por Beatriz Biedma o, por el contrario, dar la razón a la Fiscalía en su petición de que la causa se archive, en cuyo caso los investigados no se sentarían en el banquillo.

Si finalmente hay juicio, serán los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz los encargados de dictar sentencia. Fuentes consultadas por HOY han avanzado que por la duración de las penas de prisión el caso terminaría en un juzgado penal. Sin embargo, las inhabilitaciones solicitadas por la acusación popular, de 15 años en algunos casos, obligarían a celebrar el juicio en un tribunal provincial por estar afectado un derecho fundamental.