Manos Limpias estudia presentar una querella contra la fiscal del caso Azagra

El juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz investiga el presunto amaño de un puesto de trabajo para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez (conocido en el mundo musical como Azagra), en 2017 y el contrato de su colaborador, Luis Carrero, desde enero de 2024. La jueza Beatriz Biedma dictó un auto a finales de abril que convertía la instrucción en procedimiento abreviado y la Fiscalía ha presentado un recurso ante la Audiencia pidiendo la revocación del auto en un escrito de 125 páginas.

Manos Limpias fue la primera asociación en presentar la denuncia ante el juez y ha seguido teniendo un papel predominante al agrupar la acusación popular unificada cuando se han ido sumando otras acusaciones como Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos, Vox y PP.

En respuesta al escrito de la fiscal, Manos Limpias anuncia que va a presentar una querella contra Begoña García Boró al considerar que «ocultó pruebas» y que «no atendió las denuncias de los candidatos«. De esta manera, la organización dirigida por Miguel Bernardt se refiere a la declaración de la directora de orquesta Cristina de Frutos, que dijo ante la juez que contactó con la fiscalía para poner en conocimiento sus dudas.

La directora desveló que se puso en contacto con la Fiscalía y que finalmente remitió un correo el 7 de febrero expresando que se había sentido en desigualdad de oportunidades, circunstancia quereiteró durante su declaración, hasta el punto de asegurar a preguntas de la defensa de David Sánchez: «Nos ha usurpado la plaza a todos». La fiscal le reprochó entonces, según la declaración a la que ha tenido acceso este diario, por qué no recurrió la adjudicación de la plaza y que ahora solo enviara un correo («llegan miles», dijo la fiscal). «No sabía cómo, no sabía cómo lo habían hecho los demás», contestó la directora de orquesta.

Esa declaración la retoma ahora Manos Limpias, dado que considera que «la Fiscalía está politizada y la sombra de Álvaro García Ortiz (fiscal general del Estado) es alargada». Aquí, dice el dirigente de Manos Limpias, Miguel Bernard, queda de manifiesto que «la acción popular es necesaria».

La organización considera que la fiscal podría haber pedido «una acusación de baja intensidad» en el caso de no estar de acuerdo con las conclusiones de la instrucción, «pero ni siquiera eso». Sino que ha solicitado el archivo de toda la causa, que tiene a once personas en investigación.

«Me parece indignante cómo se trata de proteger al hermano del presidente», dice Bernard a HOY, que no obstante recuerda que en el caso Urdangarín también la Fiscalía se mostró en contra de la investigación y, a pesar de ello, el procedimiento siguió adelante y hubo condena. Este fue el primer caso de importancia que ganó la organización.

«No me preocupa porque el procedimiento sigue adelante, lo que sí me preocupa es el deterioro de las instituciones». En una nota de prensa difundida esta mañana, Manos Limpias añade que confía en que la Audiencia Provincia «formada por tres magistrados independientes rechacen el recurso de apelación de la fiscal pidiendo el sobreseimiento, tal y como sucedió también en el caso del Instituto Nóos».

Desde Hazte Oír se ha pronunciado este jueves su portavoz, Nouna Lozano, quien ha considerado que el escrito de la Fiscalía pidiendo el archivo de la causa "era lo esperable. No solo no nos sorprende sino que tampoco sorprende a la inmensa mayoría de españoles. Basta leer las redes sociales para ver que la reacción es unánime: cero sorpresa". Además, considera que esta postura de la Fiscalía "es un ejemplo más de por qué desde Hazte Oír defendemos con ultranza la figura de las acusaciones populares. Una figura que entraña un derecho y un deber de trabajo. En estos casos, con más motivo".

La denuncia inicial de Manos Limpias a la que después se unió Hazte Oír y otros colectivos hacía hincapié en un presunto enriquecimiento ilícito del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y su supuesta tributación irregular por trabajar en Badajoz pero residir en Elvas. Estas dos denuncias han ido perdiendo peso durante la investigación hasta el punto de que hace tiempo que la jueza las enterró en sus autos. La lupa está puesta en su contratación como coordinador de actividades musicales de los conservatorios de Badajoz en 2017, la posterior modificación de ese puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas y la incorporación de su colaborador, Luis Carrero, en comisión de servicio en 2024. Por esto la jueza advierte posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

La acusación unificada que dirige Manos Limpias piden tres años de cárcel al músico David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el ex asesor de Moncloa Luis Carrero, así como diversas penas para los otros ocho investigados.