Biedma desestima los recursos contra el auto que deja al borde del banquillo a Gallardo y a Sánchez

Entre los recurrentes se encuentran los trabajadores provinciales Emilia Parejo, Manuel Candalija, Juana Cintas Calderón y Félix González, así como los ex diputados Francisco Martos y Cristina Núñez. Esta era la diputada de Cultura entre 2016 y 2017, que es cuando se gestó y adjudicó el puesto de trabajo que ha desempeñado David Sánchez, conocido también como Azagra, hasta su renuncia esta primavera.

En los escritos firmados este miércoles y jueves, la jueza Beatriz Biedma desgrana de nuevo los indicios de delito que le llevaron a firmar el auto del 28 de abril, por el que convierte la instrucción en procedimiento abreviado y que deja al borde del banquillo a Sánchez, al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas vinculadas a la Diputación de Badajoz.

Hay que recordar, sin embargo, que la Fiscalía ha perdido el archivo completo de la causa, decisión que debe adoptar la Audiencia Provincial de Badajoz o el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en función del momento en que se produzca el aforamiento de Gallardo, que ya ha registrado su petición de entrar como diputado autonómico en la Asamblea.

Las defensas de Juana Cintas Calderón, por un lado, y de Félix González, por otro, recurrieron ese auto del 28 de abril en reforma ante el juzgado de Biedma y, subsidiariamente, en apelación ante la Audiencia, que sigue pendiente.

De todas formas, la jueza confirma su auto del 28 de abril «en todos sus extremos» e insiste en todos los indicios que le han llevado a apuntar la posible existencia de los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencia.

Biedma recuerda que el proceso se encuentra en fase de instrucción y muestra su sorpresa por «el tono y contenido de los interpuestos en la presente causa,- más propios de los recursos contra las sentencias condenatorias-», asegura. «Parece olvidarse por los intervinientes, que nos encontramos en la fase de instrucción del procedimiento, donde se practican diligencias de investigación con la finalidad de determinar la existencia de indicios de criminalidad«. La jueza recuerda que «la verdadera prueba es la que se practica en el juicio, con las garantías de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción, y conforme a la valoración de la misma habrá de decidirse si se absuelve o condena a los investigados».

A continuación, Biedma destaca «algunos hechos objetivos que han resultado de la práctica de diligencias de investigación acordadas de los que se derivan claros indicios de criminalidad». Los desgrana en cuatro puntos.

En primer lugar, que «la creación del puesto de coordinador de las actividades de los conservatorios (el contrato original que firmó David Sánchez en 2017) no era necesaria y obedeció a las razones especificadas en la memoria incluida en la ficha de su creación». Recuerda que «no se motiva en ningún momento la necesidad de que la contratación deba ser laboral de alta dirección, ni que se trata de un gestor cultural, como así intentaron explicarlo en sus declaraciones algunos investigadores».

En segundo lugar, afirma que «el puesto fue creado con la finalidad de ser adjudicado a David Sánchez Pérez-Castejón y esta circunstancia era conocida en los conservatorios y en el área de Cultura con anterioridad a que David Sánchez, quien también conocía lo anterior, fuera formalmente candidato para el mismo». En este sentido, recuerda las declaraciones de los directores de conservatorio como testigos en los que apuntaron a «rumores» y dice que «el denominado 'rumor' sobre el 'hermanísimo se hizo realidad, lo que no puede significar otra cosa que no sea que la información que circulaba era cierta». Destaca también que en el momento de la convocatoria del puesto de trabajo, David Sánchez carecía de empleo.

Como tercer punto asevera que «el puesto se fue adaptando a las preferencias personales y aspiraciones profesionales de David Sánchez». Argumenta que poco después de empezar su actividad, «comienza a centrarse cada vez más en el proyecto Ópera Joven, dejando de cumplir las funciones de su contrato». Añade que «el trabajo del señor Sánchez ni se ha prestado de forma habitual en Badajoz ni ha consistido en las funciones que se hicieron constar en la memoria de la creación de su puesto».

Como cuarto argumento, la jueza Biedma sostiene que «el puesto de jefe de sección de Programas y Actividades Transfronterizas fue creado para ser adjudicado a Luis Carrero, con la finalidad de que este siguiera auxiliando a David Sánchez, íntimo amigo suyo, en su trabajo, como venía haciendo de facto con anterioridad». Aquí señala que David Sánchez y Luis Carrero hablaron por correo electrónico de la incorporación de este último a la institución «23 días antes de la publicación de las bases para la cobertura del mismo».

Por otroa parte, Gallardo ha justificado esta mañana en una entrevista en RNE recogida por Europa Press su «paso al frente» para entrar en la Asamblea en este momento porque quiere que «termine el proceso de instrucción». «Podía haberlo hecho antes, podía haberlo hecho hace un año y no hubiera estado en este calvario judicial sobre la base de una farsa», ha dicho.

En este sentido, Gallardo ha asegurado que ha habido «indefensión» por parte de las personas afectadas en la causa, quienes llevan un año  sumidas en la «la pena del telediario sin más interés que el de las acusaciones populares que están formadas por Partido Popular, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír o Abogados Cristianos».

«Yo creo que ya está bien, el Partido Socialista no puede esperar a que se siga manteniendo la estrategia del Partido Popular», ha aseverado, partido que busca que el secretario general de los socialistas extremeños «no esté en la Asamblea».

De este modo, Miguel Ángel Gallardo ha criticado que se busque «alargar el procedimiento» para llegar a las próximas elecciones autonómicas «sin tener la posibilidad de poder confrontar con las peores políticas que se han podido poner en marcha en Extremadura».