La renovación del TSJEx se complica

Juan Francisco Bote Saavedra, uno de los cuatro aspirantes a sustituir a Julio Márquez de Prado al frente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), ha recusado a dos de los magistrados encargados de elegir al nuevo presidente del órgano con mayor jurisdicción de la comunidad. Su petición se dirige contra Wenceslao Olea Godoy y Juan Antonio Ballestero Pascual, vocales de la Comisión Permanente, el órgano gestor del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e instancia que designará al nuevo presidente del TSJEx.

En la agenda de esa comisión figuraba que el pasado lunes, día 14, debía entrevistar a los cuatro magistrados que se han postulado para relevar a Márquez de Prado, quien ha cumplido ya tres mandatos de cinco años cada uno, o sea, el máximo legal, y que además se jubilará en junio del próximo año. Esos cuatro candidatos son María Félix Tena (presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres), Daniel Ruiz Ballesteros (presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del propio TSJEx), Joaquín González Casso (presidente de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, con sede en Mérida) y Juan Francisco Bote Saavedra (presidente de la sección primera de la Audiencia Provincial de Cáceres). Sin embargo, ninguno de ellos viajó el lunes a Madrid y esas entrevistas se han pospuesto para noviembre. El motivo que ha movido al CGPJ a cambiar el guion previsto son esos dos escritos de recusación.

En ellos, el denunciante explica por qué considera que Olea y Ballestero no deben participar en el proceso. Bote confirmó este martes a HOY que ha presentado esos dos escritos, y aunque prefirió no comentar su contenido, sí admitió que es cierta toda la información incluida en la noticia publicada por www.confilegal.com. En ella se detalla que pide la recusación de Wenceslao Olea por la «amistad íntima» –es el concepto que recoge la ley– que le une a Daniel Ruiz, uno de los aspirantes en este concurso público.

Olea presidió la sala de lo contencioso-administrativa del TSJEx desde 1998 hasta el año 2012, en el que fue elegido magistrado del Tribunal Supremo. En esa sala fue compañero de Ruiz durante más de una década. De hecho, este último le sustituyó al frente de ella hace siete años y un mes, y quien ejerció como padrino en el acto de toma de posesión de Ruiz fue precisamente Olea.

En su escrito, Bote asegura que hace unas semanas se reunió en Madrid con Olea y que este le adelantó que el elegido será Daniel Ruiz, porque así lo ha acordado con José Antonio Ballestero Pascual, el otro magistrado de la Comisión Permanente al que ha recusado. En este segundo caso, alega «enemistad manifiesta» hacia él.

Ballestero Pascual es vocal del CGPJ desde junio del año pasado, cuando fue nombrado en sustitución de Fernando Grande-Marlaska, actual ministro de Interior. Previamente, Ballestero fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y antes aún magistrado de la Audiencia Provincial de Cáceres, órgano que optó a presidir en 1998. Uno de sus rivales en esa aspiración fue el propio Juan Francisco Bote, que resultó designado y dirigió la Audiencia cacereña hasta hace cinco años, cuando le relevó María Félix Tena.

Ballestero y Olea son solo dos de los 21 magistrados que votarán para designar al relevo de Márquez de Prado. Matemáticamente, pues, su peso podría considerarse menor –el elegido necesita al menos 13 apoyos–, pero según expone Bote en su escrito, está asumido en este tipo de procesos, el resto de miembros de la Comisión suelen oír con especial atención lo que opinan los magistrados de la comunidad autónoma a la que va a afectar la decisión. Y Olea es de Valle de la Serena (Badajoz) y Ballestero de Zarza la Mayor (Cáceres). Son los dos extremeños de ese grupo que decidirá quién estará al mando del TSJEx durante el próximo lustro.

Ahora, el CGPJ tiene que nombrar un instructor que analice los escritos de recusación presentados por Juan Francisco Bote y determine si procede o no atenderlos. Es otro aspecto más a resolver en un procedimiento que se va complicando, pues hay que recordar que está denunciado por la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia y por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Una y otra entienden que las bases del concurso no garantizan que se vaya a elegir al aspirante más preparado. Opinan que están redactadas de modo que los méritos no se valorarán de forma ponderada, cuantificable y objetiva, y que lo que más pesará será la entrevista personal, con lo que tiene de subjetiva. Esa que debía haberse celebrado anteayer pero que se ha quedado sin fecha concreta.