La Junta de Extremadura comunicó al juzgado «incidencias» en el piso de acogida de Badajoz

García Espada ha comparecido al término del Consejo de Gobierno de este martes para dar información sobre el homicidio de una educadora social el pasado domingo en un hogar de inserción destinado a menores que cumplen medidas judiciales. La consejera ha expresado las condolencias del Ejecutivo regional por el fallecimiento. «Belén era una excelente trabajadora que adoraba a los menores», ha asegurado.

Según ha explicado, desde que tuvo lugar el homicidio en la noche del domingo se ha mantenido contacto directo con los técnicos y trabajadores del centro de acogida, que está gestionado por Cerujovi, entidad dedicada a este tipo de recursos. El contrato se adjudicó en el año 2022 por doce meses de duración, pero había posibilidad de prórroga hasta cinco años.

La consejera ha asegurado que ya se trabajaba en unos nuevos pliegos de condiciones con la intención de aumentar la dotación de personal, para lo que se contará con las aportaciones de todas las partes. En ese sentido, ha señalado que el Gobierno regional es consciente de la importancia de garantizar entornos de trabajo seguros para los profesionales que atienden a menores en situación de vulnerabilidad. Pero ha añadido que en este caso se cumplían con los requisitos establecidos, al menos un profesional por turno, y que también se ha actuado ante las incidencias comunicadas por los trabajadores.

García Espada ha explicado que en los informes facilitados por el Servicio de Adolescencia y Familia constan incidencias relativas a los tres menores implicados presentadas por varios trabajadores. «Como siempre, se han puesto en conocimiento de la justicia, tal y como indica el protocolo de actuación», ha añadido. Ha reconocido denuncias previas a otros usuarios que ahora no están en el recurso, pero ha insistido en que no consta una denuncia de la víctima hacia estos tres menores.

Actualmente, la comunidad cuenta un centro de internamiento en régimen cerrado, el Marcelo Nessi de Badajoz, que cuenta con sistemas de seguridad; y con viviendas de inserción sociolaboral destinadas a menores que están cumpliendo medidas de convivencia en grupo educativo por decisión judicial, ya sea como medida cautelar o por sentencia firme, pero en régimen abierto.

«Es una decisión judicial que un menor ocupe uno u otro recurso», ha apuntado. Las incidencias pueden llevar a un cambio en las medidas (de un régimen abierto a uno cerrado, por ejemplo), pero siempre por resolución del juzgado. A la espera de una posible decisión de ese tipo, por parte de la Administración regional «lo más que podemos hacer es trasladar de un recurso a otro, pero siempre cumpliendo la medida judicial establecida». De esa forma, a criterio de los técnicos se llega a considerar que un determinado usuario altera el funcionamiento normal de un hogar y que en otra localización puede funcionar de forma óptima. La consejera ha apuntado que en otras ocasiones así se ha hecho, pero en este caso no se planteó el traslado porque los tres menores implicados llevaban pocas semanas en esta vivienda.

La consejera de Salud y Servicios Sociales ha anunciado que este miércoles habrá una reunión con responsables del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y la Fiscalía Superior para analizar la situación y coordinar las acciones necesarias, además de conocer cómo se actúa ante la comunicación de incidencias.