Los pisos tutelados para menores conflictivos: gestión privada y supervisión de la Junta

La red de reforma está integrada en la región por el centro Marcelo Nessi, en Badajoz, y los distintos pisos tutelados repartidos por diferentes localidades extremeñas. Entre ellas, también la capital pacense. Ha sido en uno de estos hogares tutelados para menores que tienen que cumplir medidas judiciales en el que anoche murió, supuestamente a manos de menores de los que cuidaba, la educadora social Belén Cortés Flor, de 35 años.

Estos pisos no están gestionados directamente por la Junta de Extremadura. La administración regional ha venido licitando su gestión y son entidades del ámbito social en general las que se ocupan de ellos. En el caso de la vivienda en la que ha ocurrido el trágico suceso, sita en la calle Castillo de Benquerencia, en la Urbanización Guadiana, es Cerujovi la entidad que se ocupa de su funcionamiento. El sistema judicial es el que determina qué menores deben cumplir las medidas que se le imponen en estos recursos.

El funcionamiento de estas viviendas es de régimen abierto, de tal forma que los menores pueden salir y llevar una vida normal hasta que cumplan los objetivos que les han sido impuestos. En unos casos, sacarse el título de ESO, en otros el carné de conducir, por ejemplo, porque prima la imposición de medidas educativas o trabajos en beneficio de la comunidad. Los menores no están, por tanto, en un régimen de internamiento. En ocasiones pueden estar cumpliendo un periodo de libertad vigilada, habitualmente tras otro previo de internamiento en el Marcelo Nessi, y en otros casos ser derivados de manera directa a estos pisos para alcanzar sus objetivos en lo que se denominan grupos de convivencia educativa.

Son educadores sociales, como la mujer fallecida, los profesionales que se ocupan habitualmente de unos pisos en los que las tareas diarias se organizan y distribuyen entre los residentes para fomentar también la asunción de responsabilidades y hábitos en favor de la convivencia. Es el motivo por el que estas viviendas no cuentan con personal de seguridad.

Esta red de reforma está previsto que se complete en Extremadura con la entrada en funcionamiento este año del nuevo centro que se construye en Plasencia, denominado Centro Residencial Zagal (Cereza), en sustitución del tradicional centro de menores de Valcorchero.

El nuevo recurso va dirigido a menores en situación de guarda o tutela de la Junta y que presenten conductas disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros y el mismo se proyecta como una comunidad educativo-terapéutica de convivencia normalizada.

Por otro lado, la red de protección de menores que no pueden por motivos varios residir con sus familias (sin tener causas judiciales) está integrada por siete centros residenciales repartidos por las dos provincias. En la pacense se ubican en Badajoz, Olivenza, Mérida y Villanueva de la Serena. Y en la cacereña, en Cáceres, Trujillo y Caminomorisco. En estos centros hay menores con edades desde los cero hasta los 18 años. Aunque los más pequeños, hasta los seis años, son acogidos en los dos recursos especializados para estas edades: el Jardín del Sauce, en Cáceres, y el San Juan Bautista, de Badajoz.

Además de los centros de acogida, la región cuenta con 106 plazas distribuidas en 18 hogares y repartidos igualmente por todo el territorio. Ocho de ellos son hogares residenciales, destinados especialmente a menores de hasta seis años. Otros seis de estos 18 hogares están destinados a menores con necesidades especiales y los cuatro restantes son hogares de preparación para la vida independiente, destinados a menores de más de 16 años que se encuentran en un proceso de emancipación. Motivo también por el que, al igual que en los centros de acogida, pueden estar más allá de los 18 años, hasta que se completa ese paso a la vida autónoma.