La Guardia Civil desvela que faltan dos pistolas de un detenido de San Lázaro

Así se lo ha comunicado al titular del Juzgado número 1 de Plasencia, que instruye la causa, en un escrito en el que se explica que, una vez ha comprobado las armas intervenidas, la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil constata que el encarcelado tiene en su poder otras dos pistolas detonadoras, que no ha depositado y, por tanto, sobre las que se desconoce su paradero.

Al estar ingresado en prisión, no se puede comunicar con el propietario de las pistolas y por eso la Guardia Civil pide al juez que, a través de la defensa del detenido, realice las gestiones precisas para que comunique la localización de las pistolas o que autorice la entrada en su domicilio para el mismo fin.

El objetivo es comprobar si estas dos pistolas que aparecen como de su propiedad en el registro de la Benemérita fueron o no disparadas en la madrugada del 30 de marzo, cuando tuvo lugar en San Lázaro el tiroteo que enfrentó a vecinos del clan de los Loletes con los de los Hilarios. Supuestamente miembros de este clan, con base en la barriada de Gabriel y Galán, fueron hasta San Lázaro para zanjar el conflicto que entre ambos clanes se había desatado dos días con motivo de una pelea en el club de alterne del Puerto de los Castaños.

Tras el tiroteo, en el que una bala perdida acabó con la vida de una niña de dos años e hirió en el pie a una joven de 25, fueron detenidos once hombres: seis vecinos de San Lázaro y cinco miembros de los Hilarios.

El único del clan de los Loletes con licencia de armas entregó a la Policía Nacional cinco tras su detención: dos escopetas, una escopeta repetidora, otra tipo franchi y un subfusil con tres cargadores. El abuelo de la niña fallecida mantuvo después, una vez el juez envió a prisión a los seis vecinos de San Lázaro, que de ninguna de la armas entregadas había salido la bala que mató a Camelia.

Según Iván Montaño, «la bala que mató a mi nieta es una de 9 milímetros parabellum, que le atravesó la cabeza, y que salió de una pistola Colt». Se da la circunstancia, además, como se recoge en el auto judicial que decretó la prisión para los seis miembros de los Loletes, que el día antes del tiroteo habían adquirido 200 balas de ese calibre en una armería de Plasencia, solo compatibles con una de las armas entregadas, el subfusil, y también con las dos pistolas que la Guardia Civil echa en falta entre las entregadas por el encarcelado y por lo que pide al juez que investigue su localización. Aunque ninguna de esas dos pistolas es una Colt.

La instrucción abierta por el tiroteo está aún pendiente de un informe de balística que aclare qué armas se dispararon el 30 de marzo en San Lázaro y, sobre todo, de cual salió la que acabó con la vida de Camelia e hirió a la joven. Ambas estaban resguardadas en una vivienda situada al final de calle donde según el atestado policial se inició el tiroteo.

De hecho, respecto a los disparos, en el atestado se indica que «siguen una trayectoria de arriba abajo y provendrían desde los domicilios de donde se inicia la reyerta (la casa de los Loletes) hasta donde las víctimas reciben los impactos de bala», entre los que «habría aproximadamente unos 25 metros, siendo compatible todo ello tanto con armas cortas como con armas largas».

Pero aún resta por determinarse si las armas entregadas fueron disparadas esa noche o a qué armas corresponden las vainas halladas a lo largo de la calle Calzada donde, supuestamente, miembros del clan de los Loletes dispararon desde las puertas de sus casas al coche en el que huían los Hilarios calle abajo, un Q5 de color negro.

Tampoco están aún los resultados de la prueba de parafina, que deben determinar quiénes de los 11 detenidos dispararon armas, ni la autopsia que se le practicó a Camelia Montaño tras su fallecimiento en la UCI pediátrica del Materno Infantil de Badajoz.

También está por aclararse si las nuevas balas halladas en la ventana de una vivienda de los Loletes fueron puestas en ese lugar de manera intencionada, como así sospecha la Policía Nacional. Cabe recordar que se trata de 22 cartuchos de marca 'zz pigeon' del calibre 12, un cartucho de postas de la marca 'bp' del calibre 12 y dos balas semi-blindadas de la marca 'S&' con la inscripción 9x19 23 del calibre 9 milímetros, y que fueron encontradas tras una llamada al 091.

El juez que instruye la causa ha decidido transformar las diligencias previas a un procedimiento del tribunal de jurado para que sea un jurado popular el que juzgue el caso San Lázaro. Lo ha decidido así porque a los seis encarcelados de los Loletes les investiga, entre otros delitos, por un supuesto homicidio doloso por la muerte de Camelia, y se trata de un delito que corresponde al jurado popular.

Las defensas de los encarcelados han presentado recurso de reforma contra esta decisión y, en algún caso, subsidiario de apelación, lo que supone que la decisión final de que esta causa sea juzgada o no por un jurado popular corresponderá a la Audiencia Provincial de Cáceres.

Este recurso de reforma ha sido impugnado ya por las defensas de la familia de Camelia, en manos del bufete del conocido abogado Marcos García-Montes, y la de la joven, defendida por el abogado placentino Miguel Cantero. Consideran que el auto emitido por el titular del juzgado número 1 de Plasencia es ajustado a derecho y que, por tanto, el caso San Lázaro debe ser juzgado por un jurado popular.

El despacho de García-Montes ha solicitado también al juez que asuma el procedimiento que se abra por la denuncia presentada por el padre de Camelia, Iván Montaño, con motivo de las amenazas que habría sufrido por parte de los Loletes tras los incendios ocurridos en viviendas de su propiedad.