Las defensas de los encarcelados por el tiroteo en San Lázaro no quieren un jurado popular

Las defensas de los seis encarcelados por el tiroteo de San Lázaro, todos miembros del clan de los Loletes, han recurrido el auto por el que el juez decide transformar las diligencias previas en un procedimiento del jurado. Consideran que la instrucción se encuentra en una fase embrionaria para determinar los presuntos delitos de los que se les acusa a sus defendidos y por eso han presentado recursos al auto judicial.

Frente a estos recursos, las defensas de la familia de Camelia Montaño, la niña de dos años que falleció a consecuencia de una bala perdida en el tiroteo, y la de la joven de 25 años que resultó herida en un pie también la madrugada del 30 de marzo, han presentado las correspondientes impugnaciones.

La defensa de la familia, en manos del bufete del conocido abogado Marcos García-Montes, y la de la joven, defendida por el abogado placentino Miguel Cantero, consideran que el auto emitido por el titular del juzgado número 1 de Plasencia, que instruye el caso San Lázaro, es ajustado a derecho y que, por tanto, debe ser juzgado por un jurado popular, porque los seis encarcelados están siendo investigados por un presunto delito de homicilio doloso, que corresponde al tribunal del jurado.

La abogada del despacho de García-Montes que se ha personado ya en la causa abierta por el tiroteo, Ana Moraza, solicitará también al juez que asuma el procedimiento que se abra por la denuncia presentada por el padre de Camelia, Iván Montaño, con motivo de las amenazas que habría sufrido por parte de los Loletes tras los incendios ocurridos en viviendas de su propiedad.

«Entendemos que las amenazas es un delito conexo al de homicidio doloso», ha explicado la abogada tras personarse en la causa del tiroteo ayer en el juzgado. «Por eso pediremos que se enjuicie todo por el tribunal del jurado».