El Gobierno incluye como zonas catastróficas los daños ocasionados por seis incendios en Extremadura
Los damnificados de los mayores fuegos forestales entre los meses de julio y agosto de este 2025 podrán solicitar ayudas y subvenciones para comenzar la reconstrucción
El Gobierno central ha declarado como zonas catastróficas los daños ocasionados por seis incendios en Extremadura durante este verano, tal y como ha ... aprobado el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior. Eso supondrá que los damnificados de los mayores fuegos forestales entre los meses de julio y agosto de este 2025 podrán solicitar ayudas y subvenciones para comenzar la reconstrucción.
En el territorio extremeño, destaca la zona afectada por el que ya es considerado el incendio más grande de la historia de la región, el que comenzó en Jarilla el 12 de agosto a causa de un rayo y mantuvo en vilo a toda una comunidad autónoma durante más diez días. Finalmente quemó 17.300 hectáreas y ocupó un perímetro de 170 kilómetros con terrenos calcinados en las comarcas de Valle del Jerte, Trasierra y el Ambroz.
A él se suman otros tres que se produjeron antes en Valdecaballeros (19 de julio), Caminomorisco (29 de julio) y Villar de Pedroso (11 de agosto). Tras el de Jarilla también hubo otro en Llerena-Parllares (14 de agosto) y otro en Aliseda (16 de agosto) y cuyos daños también han sido declarados zonas catastróficas.
En el total del país han sido 114 los incendios forestales que han supuesto zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en las comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Catalua, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra y Región de Murcia.
También han sido declaradas zonas catastróficas los lugares afectados por siete avisos que corresponden a riadas e inundaciones provocadas por episodios de lluvia intensa registrados el pasado mes de junio en las comunidades de Aragón, Castilla y León, La Rioja y Región de Murcia.
En el caso de los incendios, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las tres oleadas de grandes incendios forestales que, con diversa intensidad y gravedad, se han registrado en España en los últimos dos meses.
La primera ola tuvo lugar a finales de junio, cuando se produjeron diversos incendios forestales en Alicante, Madrid, Toledo, Sevilla y Valencia, todos ellos con situación operativa 1.
La segunda ola comenzó el 7 de julio con la comunicación del incendio en la provincia de Tarragona, en situación operativa 2, que deparó la muerte de una persona, seis más heridas y confinamientos de poblaciones. A partir del 11 de julio, se comunicaron incendios en Cádiz, Ciudad Real, Toledo y Valencia.
La situación empeoró a partir del 17 de julio y los incendios aparecieron también en Alicante, Ávila y Madrid. Fue a partir de la segunda quincena de julio cuando empezaron a llegar los peores fuegos a Extremadura.
El 19 de julio, hubo alertas de incendio en Badajoz y Valladolid, y el 20 se sumaron emergencias en Albacete, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Islas Balears, La Rioja, León, Ourense, Navarra, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Teruel.
La tercera y más destructiva ola de incendios comenzó el 8 de agosto con la comunicación de incendios forestales en San Bartolomé de Pinares (Ávila) y Brazatortas (Ciudad Real).
Desde esa fecha, nuevas emergencias surgieron en León, Navarra, Ourense y Zamora hasta que de nuevo la región se vio afectadas por nuevos fuegos. El 11 de agosto, nueve incendios en situación operativa 2, de intensa gravedad, en Cáceres, Cádiz, León, Madrid, Ourense, Toledo y Zamora impulsan a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a declarar, en la madrugada del 12 de agosto, la Fase 1 de Preemergencia del Plan Nacional Estatal de Emergencias para coordinar la puesta a disposición de todos los medios estatales a las comunidades autónomas afectadas por los fuegos.
El 12 de agosto, el El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) recibió aviso de once incendios más, de la máxima gravedad, y Asturias y Huelva se sumaron a la lista de provincias afectadas. Desde entonces, los grandes incendios se suceden, afectando sobre todo a las comunidades de Asturias, Castilla y León, Galicia y Extremadura.
Los daños
Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en especial ocho personas fallecidas, ninguna de ellas en Extremadura, y un número todavía por cuantificar de heridos, así como destrucciones graves en infraestructuras y en bienes públicos y privados.
En Extremadura, los principales daños se han dado en cultivos de castaños y cerezos, así como en explotaciones ganaderas donde han tenido dificultades para alimentar a sus animales debido a que los pastos han quedado totalmente calcinados.
Ante ese tipo de situaciones, el acuerdo del Consejo de Ministros recoge las ayudas directas competencia del Ministerio del Interior destinadas a paliar daños personales, materiales en vivienda y enseres; gastos de corporaciones locales, en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes.
También prevé la posibilidad de que el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico apruebe una exención de las tasas para gestiones como duplicados de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, y también para la expedición del DNI.
Otras medidas competencia de otros ministerios podrán ser determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).
Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.
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