La Junta compra 51 viviendas vacías para ofrecerlas en régimen de alquiler

La Junta de Extremadura compra viviendas vacías para ofrecerlas a familias necesitadas en régimen de alquiler social. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, anunció ayer esta iniciativa, que arrancará con la adquisición de 51 propiedades en seis localidades de la región «a un precio más barato que si acometiésemos su construcción».

Vergeles apuntó que en los próximos meses se formalizarán unas operaciones que permitirán la ocupación inmediata de estas viviendas, puesto que todas ellas tienen su cédula de habitabilidad en vigor.

Según apuntó, se trata de ocho viviendas en Almendralejo (forman parte del Área de Rehabilitación Urbana García Lorca) y veinte viviendas en bloque de unos 90 metros cuadrados en Don Benito (en la calle Ibor, en el barrio de El Noque). Junto a esto se comprarán trece unifamiliares de 90 metros cuadrados en Aliseda,seis viviendas en bloque en Hervás, tres unifamiliares en Santa Marta de Magasca y un unifamiliar en Palomas.

El consejero de Sanidad afirmó que la inversión por vivienda no ha superado los 45.000 euros, un precio «muy por debajo de lo que sería acometer la obra nueva». El coste total de la operación pasa de 2,5 millones de euros. Las propiedades se han comprado a la empresa pública Urvipexsa, de la Junta de Extremadura, y a Caja Rural.

Vergeles explicó que la compra de vivienda terminada en lugar de promover obra nueva permite optimizar los recursos, puesto que el coste es menor cuando se consigue un precio adecuado. Además, destacó que esta política contribuye a que las poblaciones no tengan casas vacías en el casco urbano, ya que en caso de construir se suele recurrir a la periferia. También recalcó que con estas operaciones se puede hacer un uso inmediato de las propiedades para solucionar problemas urgentes y ayudar además a la recuperación del sector de la construcción mediante la rehabilitación.

El responsable de Sanidad y Políticas Sociales reconoció que estas adquisiciones permitirán atender la demanda de familias que reclaman una vivienda, pero que también «se han dado las circunstancias óptimas para que esto ocurra». Por ejemplo, apuntó que Urvipexsa tiene necesidad de vender estas propiedades, y si la política de la Junta es evitar que haya pisos vacíos lo más lógico es que también participen las empresas públicas.

En cuanto a las entidades financieras, subrayó que son las primeras interesadas en formalizar estas operaciones, ya que tener viviendas vacías supone un lastre en su cuenta de resultados.

En cualquier caso, aseguró que todas las viviendas adquiridas responden a una necesidad real de familias que tienen dificultades para acceder al mercado inmobiliario. «Si las hemos comprado es porque hay demanda», afirmó. «Estamos hablando de dinero público».

José María Vergeles añadió que la Junta seguirá comprando propiedades terminadas para hacer efectivo el derecho a la vivienda y contribuir a la recuperación del sector de la construcción, para lo que se continuará negociando con entidades financieras, sus filiales y organismos como la Sareb, e incluso particulares. Pero con la condición de que el precio esté por debajo del coste que supondría construirlas.

Aumentar el parque público

El consejero de Políticas Sociales explicó que la compra de viviendas vacías será una herramienta más para ordenar y ampliar el parque residencial público de Extremadura con el objetivo de «que no haya gente sin casas y casas sin gente».

Según afirmó, la región cuenta con el parque público más grande de España en relación con el número de habitantes con un total de 13.969 propiedades. Recordó que se ha puesto en marcha el Observatorio de la Vivienda para conocer cuántos de estos pisos están vacíos, lo que permitirá recuperarlos y volver a ofrecerlos a familias que los necesiten.

Además, permitirá saber cuántos inquilinos están dispuestos a comprar unas casas por las que ahora pagan un alquiler. De esa forma, se pretende que el parque residencial público sea flexible, incorporando nuevas viviendas al tiempo que se van vendiendo otras para optimizar recursos y adaptarse a las necesidades de sus ocupantes.

Junto a esto, citó la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, que está en su última fase de tramitación en la Asamblea de Extremadura. Entre otras cuestiones, contempla sancionar a entidades financieras que cuenten con pisos vacíos con el objetivo de que las ofrezcan a la bolsa de alquiler asequible.

El consejero anunció estas operaciones tras firmar un acuerdo con Caixabank para eliminar la cláusula suelo del convenio firmado con la Junta en el año 2006 para financiar la adquisición de viviendas protegidas. Vergeles apuntó que se contempla su aplicación con efectos retroactivos para aquellos compradores que puedan reclamar cantidades que hayan pagado de más.