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La ley que permite expropiar a los bancos el uso de viviendas llega a la Asamblea

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Isabel Gil Rosiña y José Mª Vergeles

  • El Consejo de Gobierno aprueba una norma que pretende combatir los desahucios por impago de hipoteca

Una de las principales normas del inicio de la legislatura llega por fin a la Asamblea. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado en su sesión de hoy la Ley de Emergencia Social de la Vivienda, que iniciará su tramitación parlamentaria de cara a su aprobación definitiva.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha recordado que esta ley contempla la expropiación temporal del uso de viviendas en caso de desahucio por impago de hipoteca, el derecho de tanteo cuando las entidades financieras enajenan este tipo de inmuebles y la posibilidad de sancionar a bancos por tener viviendas desocupadas.

Asimismo, ha señalado que concede cobertura legal a la labor de intermediación de la Junta con entidades financieras ante ejecuciones hipotecarias y a la paralización de desahucios de viviendas sociales (que en la práctica no se realizan) por impago de la cuota por problemas económicos.

Vergeles ha reconocido que “esta ley nace con la vocación de no tener que utilizarla”. Como ha indicado, en la actualidad hay buenas relaciones con las entidades financieras y con la Sareb para que sus viviendas vacías puedan pasar a manos de la Junta y salir al mercado bajo la fórmula del alquiler social. Pero esta nueva norma supone un argumento de fuerza en la negociación, así como una herramienta para actuar en casos extremos.

El consejero ha señalado que se han seguido las recomendaciones del Consejo de Estado para que la ley sea plenamente legal. La expropiación temporal del uso de vivienda sólo se llevaría a cabo como última opción, una vez agotadas las medidas que ya permite el Gobierno. También se recoge que los bancos tendrán un periodo de alegaciones antes de que la Junta ejecute el derecho de tanteo. Asimismo, las nuevas medidas se recogen en una ley en lugar de en un decreto-ley, como hizo la Junta de Andalucía en 2013, uno de los motivos que llevó a su anulación por el Tribunal Constitucional.

En cuanto al resto de asuntos del Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, señaló que se han autorizado 26 convenios con entidades locales y mancomunidades de municipios para la prestación de los servicios sociales de base. El Ejecutivo autonómico ha recuperado esta fórmula en lugar del modelo de subvenciones. Además, ha aumentado la aportación que realiza (llega hasta el 99%, mientras que hasta ahora era el 80%) y el número de trabajadores sociales (pasarán de 235 a 284).

Según ha destacado Gil Rosiña, con estas mejoras se ha alcanzado la cifra de un trabajador social por cada 3.000 habitantes en 70 de los 77 servicios de base de la región.

Por otra parte, se ha dado luz verde a un decreto por el que se determinan medidas sanitarias de salvaguardia sobre los subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) depiezas de caza mayor con el objetivo de controlar la tuberculosis bovina. En monterías, batidas, ganchos y recechos de gestión que se lleven a cabo en áreas de especial incidencia de esta enfermedad la eliminación de estos restos provenientes de piezas abatidas se hará a través de establecimientos o plantas de transformación autorizadas y, en determinados casos, en muladares o comederos fijos autorizados dentro del coto privado de caza.

Junto a esto, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se declara el patrimonio histórico y artístico de la localidad de Brozas como Bien de Interés Cultural con categoría de Conjunto Histórico.

También se ha autorizado a la consejera de Educación y Empleo para que solicite la convocatoria urgente y extraordinaria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para tratar la derogación de las reválidas de Secundaria y Bachillerato.