«Con la sentencia judicial se ha demostrado que nuestro sufrimiento era verdad»

Declaración de uno de los vecinos denunciantes durante el judicio del ruido el pasado 4 de octubre. :: /HOY
Declaración de uno de los vecinos denunciantes durante el judicio del ruido el pasado 4 de octubre. :: / HOY

Concha Prieto, viuda del primer presidente de Cacereños contra el Ruido, espera que a partir de ahora «otros no pasen por lo que hemos pasado nosotros»

J. J. GONZÁLEZ

Su marido, Antonio Durán, fue el principal impulsor de la lucha contra el ruido y de un litigio judicial que no ha podido ver concluido con la sentencia porque falleció antes, en diciembre de 2012. Cocha Prieto es su viuda y se muestra satisfecha del fallo del juzgado de lo Penal número 2 porque supone un reconocimiento a tantos años de quejas y denuncias: «Con la sentencia ha quedado demostrado que nuestro sufrimiento era verdad y que la contaminación acústica que hemos soportado estaba por encima de los niveles permitidos».

La sentencia también condena a los 11 hosteleros al pago de indemnizaciones por lesiones corporales y daños morales. Su marido, Antonio Durán, figura (en las personas de sus herederos) entre los 14 vecinos que deben ser compensados económicamente, en total con 6.000 euros, por parte de los empresarios de ‘Tacones’. Este local era el suplicio para el matrimonio. Ya no funciona, por lo que ahora Concha Prieto se ha librado del ruido, pero, con todo, espera que la sentencia sirva para evitar que otros vecinos puedan sufrir lo mismo: «espero que sirva para que a partir de ahora haya más sensibilidad hacia lo que es la contaminación acústica y que se cumplan y respete las normas». Confía en que con la sentencia judicial, «otros no pasen por lo que nosotros hemos pasado y que se pongan las soluciones necesarias; que podamos convivir todos en paz, simplemente cumpliendo la normativa y las leyes».

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«Estoy satisfecha con la sentencia porque se nos ha escuchado lo que veníamos pidiendo y reivindicando desde hace tanto tiempo», dice y señala que en el fallo «se hace hincapié en lo que los vecinos denunciábamos». En este sentido, recuerda que los residentes de la Madrila llevaban años alertando de que no se les escuchaba por parte de los poderes públicos ni por los hosteleros.

Tras recordar que han pasado años de denuncias en el Ayuntamiento y en la Policía Local, Concha Prieto afirma que la sentencia supone una confirmación del incumplimiento sistemático de la legislación: «no se respetaban las normas y no se hacían cumplir, se miraba para otro lado. Había una falta de sensibilidad hacia la contaminación acústica y el sufrimiento de los vecinos», afirma e insiste en desear que con la sentencia esta situación cambie: «se nos ha escuchado por fin».

Otros vecinos

Otro de los vecinos afectados, que no desea identificarse, dice que mostrará su satisfacción cuando el litigio judicial termine con la resolución de los posibles recursos. Afirma que la indemnización por daños morales que le ha sido fijada en la sentencia «nunca podrá compensar el castigo que he sufrido durante tantos años».

En la zona de la Madrila también hay residentes que no forman parte de los denunciantes representados por la asociación Cacereños contra el Ruido, aunque siguen sufriendo molestias por las contaminación acústica. «El problema sigue igual, a pesar de esta condena judicial», afirma un residente de la avenida de Hernán Cortés cuya vivienda da a la Plaza de Albatros: «esto sigue igual que hace 40 años, seguimos oyendo la música de los bares con toda la casa cerrada en invierno y en verano ni te cuento», afirma para denunciar también el problema creado por la reapertura de locales de madrugada cuando han cerrado los demás: «cierran unos y abren otros».

Por su parte, Miguel Salazar, presidente de la asociación de vecinos de la Madrila, considera que la sentencia judicial «se ha excedido con respecto a Carmen Heras y Carlos jurado». Su asociación no llegó a dar el paso de la denuncia por la vía judicial, aunque también se ha quejado durante muchos años del problema.

En todo caso, Salazar cree que precisamente Carmen Heras, como alcaldesa, y Carlos Jurado como concejal de Seguridad, «fueron las únicas personas» que tomaron medidas, como la elaboración de una nueva ordenanza sobre protección ambiental y el corte del tráfico de la Plaza de Albatros los fines de semana para acabar con la entrada de los coches-discoteca. «Ahora ellos (Heras y Jurado) van a pagar el pato de 25 años de dejadez municipal», se lamenta

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