Las acusaciones populares piden tres años de cárcel para el hermano de Pedro Sánchez

Esos tres años de petición de cárcel se corresponderían con su puesto de trabajo, por el que le piden un año y seis meses, y otros tantos por haber influido supuestamente para la contratación de Carrero.

Además, las acusaciones piden que el hermano del presidente devuelva lo cobrado por la Diputación de Badajoz entre 2017 y su marcha definitiva, que tuvo lugar el 4 de mayo, una vez cumplidos los tres meses preceptivos de preaviso. También la inhabilitación de Sánchez durante doce años y diversas multas.

Para el presidente de la Diputación de Badajoz y secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, solicita igualmente tanto inhabilitación como prisión.

En concreto, reclama quince años de inhabilitación por un «delito continuado de prevaricación en concurso de medio a fin con un delito de nombramiento ilegal». Además, por un presunto «delito de continuado de tráfico de Influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal», la acusación popular unificada solicita para Gallardo un año y seis meses de prisión, así como una multa del duplo del beneficio obtenido por David Sánchez al otorgársele el puesto de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, desde su nombramiento hasta su dimisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis años. Y, por el contrato del asesor de Sánchez, Luis Carrero (jefe de sección de coordinación y programas de Actividades Transfronterizas) le reclama otro año y seis meses de prisión, así como la multa del duplo del beneficio obtenido por Luis María Carrero al otorgársele el puesto que desempeñó, desde su nombramiento hasta su dimisión; inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por seis años.

Para Luis Carrero, además de devolver el salario cobrado, le pide un año y seis meses de prisión, así como una multa del duplo del beneficio obtenido por él mismo al otorgársele el puesto que desempeñó desde su nombramiento hasta su dimisión por un presunto delito continuado de Tráfico de Influencias en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal. Por estos mismos hechos le reclama inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis años, y prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social por tiempo de ocho años.

Esas son las líneas generales del escrito que han presentado las acusaciones populares en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga desde hace un año si la Diputación de Badajoz amañó el contrato que sacó a concurso hace ocho años para David Sánchez y si, en 2023, preparó otro puesto para Luis Carrero.

Las acusaciones populares están formadas por Manos Limpias, Hazte Oír, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos, Vox y PP.

Estas asociaciones y el partido político de Abascal piden la apertura de juicio oral y, como acusación popular, formulan el escrito de acusación para Sánchez y para el presidente de la Diputación, así como el resto de investigados en el procedimiento.