Caso del hermano de Pedro Sánchez

La jueza ve indicios de criminalidad en la contratación de David Sánchez: «Todo parece indicar que el puesto se creó para él»

En ese mismo auto, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha denegado la petición de sobreseimento de la causa a seis de los diez imputados. Entre quienes habían pedido el archivo se encuentra el presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo.

La jueza explica en su auto conocido este miércoles las conclusiones a las que está llegando y los motivos en los que basa su negativa al archivo. Así, por ejemplo, afirma: «Los indicios de criminalidad existentes se han ido corroborando por las diligencias de investigación ya practicadas. Las motivaciones expresadas en la memoria de la propuesta de creación del puesto de coordinador han sido negados por lo directores de los conservatorios». «Por otro lado», añade la jueza, «tampoco se justifica la necesidad de que el puesto lo fuera de Personal de Alta Dirección, cuando según la doctrina y jurisprudencia su uso debe ser restrictivo y debe motivarse siempre; y la petición de cobertura del puesto se realizó en el momento en que David Sánchez estaba buscando trabajo, encontrándose igualmente irregularidades en el proceso de selección de los candidatos, por lo que todo parece indicar que el Puesto se creó para ser asignado al Sr. Sánchez, haciéndose patente la innecesaridad de sus funciones muy pronto, pues no se dispuso que fuera sustituido por otro trabajador durante su excedencia y su baja de paternidad, y su actividad se centró en el Proyecto Ópera Joven desde incluso antes de octubre de 2021».

Ese es uno de los motivos que argumenta para desestimar el sobreseimiento pedido por Elisa Moriano, que era la directora del área de Cultura cuando se gestó la plaza entre 2016 y 2017. También ha descartado los que solicitaron las defensas de los funcionarios provinciales Juana Cinta Calderón, Manuel Candalija y Emilia Parejo. También el de Francisco Martos, que fue diputado de Cultura.

Al negar el archivo a Miguel Angel Gallardo, la jueza explica que aunque la plaza ocupada por David Sánchez fue aprobado por el pleno de la Diputación, «si concurren el resto de elementos objetivos y subjetivos del delito, sería constitutiva (su actuación) de prevaricación».

Además, la jueza subraya también sus dudas sobre el «denominado cambio de nomenclatura» del puesto original como coordinador de conservatorios al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas en la denegación del sobreseimiento a Juana Cinta. «Parece ser que pretendía dar apariencia de legalidad a una realidad clamorosa consistente en el que el «Coordinador de las Actividades de los Conservatorios» ya no realizaba ninguna de las funciones contenidas en su contrato de Alta Dirección de julio de 2017, como así resulta claramente de las declaraciones de los directores de los conservatorios y del informe del señor Candalija sobre sus actividades«.

La jueza rechaza en 16 páginas del auto algunas de las peticiones realizadas por las acusaciones, entre ellas la geolocalización del teléfono móvil de David Sánchez. Pero también pide nuevas diligencias.

Entre ellas, reclama documentación a Presidencia del Gobierno sobre los puestos que ha ocupado Luis Carrero (hoy colaborador del hermano del presidente del Gobierno en la institución provincial y cuyo contrato está también en investigación); pide al Teatro Real que informe de sus relaciones con David Sánchez y si existen o han existido acuerdos con la Diputación de Badajoz desde 2016 y, también, solicita a la Diputación que le entregue las actas de las reuniones de presupuestos en las que se abordó por primera vez la creación de la plaza de coordinador de conservatorios que terminó ocupando David Sánchez en 2017 y los informes con los objetivos conseguidos por Sánchez en su puesto de trabajo.

La jueza, que ya tiene testificales citadas el 7 de febrero, amplía estas con dos nuevas citaciones en el mismo sentido. Una es para Álvaro Jaén, concejal de Podemos en Cáceres, que fue el primer político en denunciar este caso. Y también al sindicalista Francisco Serrano, de Csif y actualmente jubilado, que preguntó en una reunión con la Diputación porque se opuso a la creación de la plaza en una mesa de negociación en 2016.

Por otro lado, no atiende la petición de la defensa de David Sánchez sobre la deducción de testimonio por un delito de desobediencia en la acusaciones por las filtraciones de información del proceso.