La Diputación entrega a la jueza los contratos con Carrero y otros colaboradores de David Sánchez

Los dos fueron nombrados por el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, durante su interrogatorio en el juzgado que investiga su contrato en la institución provincial como sus colaboradores en la Oficina de Artes Escénicas. La Diputación también ha presentado aquellos que le otorgaron a Javier González Pereira, vinculado a la Orquesta Filarmónica, y que están vinculados al programa Ópera Joven.

Esta documentación fue solicitada por la jueza Beatriz Biedma en su última providencia del 20 de enero, en la que pedía toda la información referida a estos puestos de trabajo.

La jueza ha puesto la lupa en ellos y preguntó por uno de los correos incautados a David Sánchez enviado por Luis Carrero cuando aún era trabajador del gabinete de la Presidencia del Gobierno, en Moncloa, en 2022. Entonces hablaban sobre un proyecto de Ópera, Operegrina, con el que el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura y la Diputación solicitaron fondos europeos que finalmente no le fueron concedidos. En ese mensaje se refería al hermano del presidente del Gobierno como 'querido hermanito'. La UCO encontró más mensajes entre los dos que hicieron a la jueza destacar la buena relación entre ambos, como cuando en el mensaje referido anteriormente comentaba que estaba a la espera de que le echaran de Moncloa.

Durante el interrogatorio al actual director del área de Cultura, Manuel Candalija, este afirmó que Luis Carrero fue el único que concurrió al puesto que ocupa como jefe de sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas. La Diputación abrióla convocatoria a funcionarios de otras administraciones, Carrero es empleado público de la Junta de Extremadura con plaza en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida, después de que una primera oferta a los trabajadores provinciales quedara desierta.

Según la documentación de la Diputación, esta plaza se creó en una modificación de la relación de puestos de trabajo de septiembre de 2023, en la que se incluyeron otros cambios. El nombramiento tuvo lugar el 1 de enero de 2024 con una comisión de servicio que cumplirá el 31 de diciembre de este año.

Esta plaza depende de Servicios Centrales de la delegación de Cultura, no directamente de la Oficina de Artes Escénicas aunque también atienda sus necesidades, sobre todo las relacionadas con las actividades que se desarrollen en Portugal o con la colaboración de instituciones portuguesas.

«Coordinando las actividades de los centros dependientes se evitarán duplicidades innecesarias y se aprovecharán al máximo los recursos financieros, humanos y logísticos de la Diputación», recoge la ficha descriptiva del puesto presentada ante la jueza y que tiene fecha de septiembre de 2023.

«En relación a la promoción de la cooperación trasfronteriza que se persigue mediante la creación de ese puesto, el objetivo es reforzar las relaciones y colaborar en proyectos conjuntos que contribuyan al fortalecimiento de los vínculos culturales y deportivos que puedan establecerse».

La solicitud de admisión a la convocatoria de la provisión del puesto en comisión de servicio tiene fecha del 23 de noviembre de ese mismo año y se daban cinco días para la inscripción. Luis Carrero presentó el formulario un día antes de que terminara el plazo. Es ahí donde consta que es funcionario de carrera con plaza en la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida y que en ese momento estaba contratado como asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en la unidad de Mensajes. Es en este servicio donde se escriben los discursos del presidente.

El 5 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia que solo Luis Carrero se había presentado a la plaza. En su comisión de valoración participaba el actual director del área de Cultura, Manuel Candalija, que fue quien se refirió a su contrato ante la jueza Biedma durante su interrogatorio. La comisión se reunió el día 12 de diciembre de 2023 para realizarle la entrevista que finalmente le otorgó el contrato. Empezó a trabajar, como se ha indicado antes, el 1 de enero de 2024.

El otro trabajador al que la jueza apunta en su último providencia es Ángel Seco, que ocupa un puesto de Técnico de Formación Superior y que también está adscrito al área de Servicios Centrales de la Delegación de Cultura. Esa plaza se crea en mayo de 2022, se solicita en septiembre de ese año y cinco días después se nombra a Seco de una bolsa de trabajo vigente en ese momento y en la que ya estaba inscrito. Este contrato tiene una duración de tres años hasta el próximo mes de septiembre.

En tercer lugar, Biedma preguntó por los contratos con Javier González Pereira. En este caso no es empleado provincial, sino que opta a contratos de empresas. La institución ha entregado los contratos realizados en 2021, 2022, 2023 y 2024. El último tiene un importe de 16.940 euros con el IVA incluido, un precio que no obliga a su licitación.

La institución provincial ha presentado la documentación requerida días después de que la defensa de David Sánchez presentara un recurso ante la jueza al entender que no existen indicios de criminalidad que apunten a estos contratos y señalar que, en el caso de que existieran, deberían formar parte de una causa judicial diferente. Por ello, ha pedido la nulidad de la providencia dictada por el juzgado.