El nuevo decreto de admisión de alumnos queda paralizado

La Junta de Extremadura ha decidido no continuar con el proyecto del nuevo decreto autonómico de proceso de admisión de alumnos para el curso 2017/2018 «por una divergencia jurídica», y no aplicará los criterios de «condición de deportista de elite, enfermedad crónica del solicitante, bilingüismo y que se puntúe en los centros concertados la condición de hermano sólo cuando estos estén en la concertada».

Así lo anunció en una rueda de prensa, celebrada ayer en Mérida, el secretario general autonómico de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, que estuvo acompañado en su comparecencia del secretario general de la Consejería de Educación y Empleo, Rubén Rubio.

Concretamente, Rodríguez informó de que los informes del Consejo Escolar de Extremadura y de la Abogacía General de la Junta eran favorables, pero que el dictamen de la Comisión Jurídica ha revelado que «este decreto no se ajusta a la legalidad vigente».

Así, el secretario general de Educación indicó que el dictamen de la Comisión Jurídica «señalaba que la comunidad autónoma no puede introducir criterios complementarios, sino que tiene que recoger solamente los criterios prioritarios que están recogidos en la normativa básica».

Por todo ello, De la Cruz aseguró que «ante esta situación de divergencia jurídica, aunque no tiene carácter vinculante para la Junta, se ha decidido no continuar con el decreto anterior, sino mantener el decreto vigente y aplazar las mejoras que supondría el nuevo decreto, hasta que haya un consenso jurídico y social».

En este punto, expresó que no quiere la Junta «un decreto que sea percibido por algún conjunto de la comunidad educativa como un decreto que perjudica a sus alumnos y a sus propias familias», y admitió que «algunas asociaciones de madres y padres (ampas) cuestionaban el criterio del bilingüismo, otras no».

De esta manera se refería el secretario general a la información que publicó el pasado sábado este diario, en la que se afirmaba que varias ampas estaban recogiendo firmas contra el criterio del bilingüismo, por entender que discriminaba a algunos alumnos frente a otros.

Por otro lado, De la Cruz aseveró que «el objetivo de la Consejería de Educación es que la ciudadanía entienda que el nuevo decreto no pretende perjudicar a ningún colectivo, al contrario, pretende mejorarlo».

En concreto, según Rodríguez este proyecto de nuevo decreto pretendía «mejorar la conciliación de la vida familiar mediante el incremento de la puntuación por ese apartado y diversificar los distintos niveles de renta para favorecer a aquellas rentas inferiores».

Además, también pretendía «diferenciar los distintos grados de discapacidad para favorecer a aquellas discapacidades más altas, así como recoger por primera vez el criterio de tener reconocida la condición de deportista de alto nivel».

Asimismo, este proyecto de nuevo decreto, que venía a sustituir al que lleva vigente desde 2012, también quería «reconocer el bilingüismo como uno de los ejes del modelo educativo» del sistema extremeño en la comunidad.

No obstante, Rodríguez recordó que «no sería prudente continuar adelante con un decreto que tiene un dictamen desfavorable, aunque no sea vinculante», y reiteró que «hay que darle otra vuelta a ver si se consigue tener el consenso jurídico y el consenso social».

Finalmente, aseveró que la Junta cree que «es necesario mejorar el decreto existente, pero con la aceptación de todos», y avanzó que la Administración regional quiere «tratar de explicar a la comunidad educativa que este decreto no les perjudica».