El puente de Cedillo llega al Defensor del Pueblo
Marugán pide a Estado, Junta y Diputación soluciones para reducir a 13 kilómetros el rodeo de 120 que debe hacerse ahora
La polémica del puente de Cedillo ha llegado al Defensor del Pueblo. La oficina que dirige el cacereño Francisco Fernández Marugán ha escrito al Estado, a la Junta de Extremadura y a la Diputación Provincial de Cáceres para pedirles que propongan soluciones al problema que obliga a dar un rodeo en coche de 120 kilómetros para hacer un trayecto de 13 en La Raya, la zona fronteriza entre España y Portugal. El motivo es antiguo y bien conocido en la zona: a esta altura del mapa, justo en la esquina donde la región pincha al país vecino, el único modo de ir de un país a otro es por la presa de Cedillo, que Iberdrola solo abre los fines de semana, en concreto desde las diez de la mañana del sábado hasta las diez de la noche del domingo. El resto del tiempo, quien quiera cambiar suelo español por el luso o al revés tiene que ir hasta Valencia de Alcántara, de modo que el viaje de 12 minutos entre Cedillo y Montalvão pasa a ser de casi dos horas.
La aparición del Defensor del Pueblo en este conflicto se produce porque le ha llegado una queja, presentada por un grupo de particulares cuya identidad no se conoce porque la normativa obliga a la institución a no desvelar sus nombres. Tras estudiar el asunto, la oficina que dirige Fernández Marugán envió tres sugerencias a cada una de las administraciones, basadas en una serie de consideraciones previas. En concreto, las remitió a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, a la Consejería de Economía e Infraestructuras y a la Diputación.
Portugal denuncia el caso en Bruselas
Los eurodiputados portugueses José Gusmão y Marisa Matias, del Bloco de Esquerda, han preguntado a la Comisión Europea «qué medidas va a tomar para instar a España a no permitir que Iberdrola siga impidiendo el paso entre Portugal y España», en lo que constituye, recoge su denuncia, «una inaceptable restricción al principio de libre circulación de personas en el espacio Schengen», según publica la agencia de noticias Lusa.
En la primera de sus consideraciones, el Defensor les reprocha a las tres su actitud ante este problema, al entender que han hecho algo parecido a lavarse las manos o echar balones fuera. «No estamos ante un asunto 'competencial', como todas las partes implicadas han pretendido justificar para no intervenir –se puede leer–. Tampoco se encuentra la cuestión en si el título concesional contempla o no obligaciones al respecto. Todo esto es inaceptable. El debido planteamiento y ulterior tratamiento de este tipo de problemas ciudadanos no puede comenzar por el final, ni consiste primordialmente en buscar argumentos para desentenderse de ellos y que sean otros quienes se ocupen».
En esta misma línea, argumenta el Defensor que «antes de resolver a quién corresponde decidir y costear una solución, es preciso tomar el problema en consideración, estudiarlo y concebir soluciones viables. Para esto son 'competentes' todas las partes implicadas en el asunto». Y lo son, añade, porque la infraestructura que centra toda la polémica (la carretera que cruza el embalse) está en territorio de su responsabilidad. «El problema –se expone– puede requerir la intervención de varias personas públicas y privadas. El estudio y propuesta, la toma en consideración de un problema, no son objeto de ninguna 'competencia exclusiva'».
En otro punto, esta oficina que atiende quejas ciudadanas apunta que «deben considerarse cuáles son las razones que hoy impiden abrir el paso con carácter general». Y afirma que «no es válido ampararse en una genérica invocación a razones de seguridad, pues las razones han de ser concretas y quedar definidas». En este punto, hay que recordar que la seguridad es la razón esgrimida por Iberdrola para cerrar la presa entre semana.
El Defensor da un paso más, al considerar que la iniciativa para intentar encontrar una solución corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, dado que «el fondo sustancial del problema parece localizarse» en un aprovechamiento hidroeléctrico.
Que lo lidere el Ministerio
La primera de las tres sugerencias que Fernández Marugán envía a las administraciones es que determinen exactamente las características técnicas del problema. Esto incluye «verificar si la incomunicación está amparada o no en la concesión de aprovechamiento hidroeléctrico y si el título concesional da cobertura y con qué alcance a que la concesionaria pueda cortar, interrumpir y prohibir el paso». La segunda petición del Defensor es «estudiar las soluciones viables, con determinación de sus características técnicas y eventual coste, y determinar la solución más apta y las condiciones de implantación». Y la tercera es «acometer el estudio del problema y determinar las posibles soluciones en términos de cooperación de todas las partes», con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente como coordinadora de la iniciativa que se ponga sobre la mesa.
La carta fue enviada a las tres administraciones el pasado 25 de julio. Ni Junta de Extremadura ni Diputación de Cáceres han contestado –no es extraño que las administraciones demoren varios meses sus respuestas a esta institución–, y el Estado lo hizo hace unos días. Por ley, las administraciones están obligadas a responder, aunque no hay unos plazos fijados. Según el guion habitual, el Defensor volverá a pedirles que se pronuncien. Puede enviarles hasta tres requerimientos. Si no colaboran, puede considerarlas morosas o entorpecedoras. Y en último caso, podría llegar a poner el asunto en conocimiento de la Fiscalía, aunque esto es muy inusual. En los cinco años de Soledad Becerril como Defensora del Pueblo, solo ocurrió una vez y no implicó a ninguna administración de grandes dimensiones, sino a un pequeño ayuntamiento.
Extremadura devolvió tres millones de euros que le dio la UE para el viaducto
En abril del año 2011, la Unión Europea aprobó la iniciativa que le presentó la Diputación de Cáceres para construir un puente que uniera España y Portugal a la altura de las localidades de Cedillo y Montalvão, esta última una freguesía dependiente de la cámara municipal de Nisa (distrito de Portalegre). Según el proyecto –titulado 'Tajo Internacional, infraestructura para la accesibilidad' y presentado al programa comunitario POCTEP–, el viaducto costaría 4.131.800 euros. Bruselas aceptó aportar el 75%, o sea, 3.098.850 euros.
Las autoridades extremeñas y lusas se felicitaron por haber conseguido el dinero comunitario con el que dar carpetazo a una situación de aislamiento incomprensible en una Europa que presume de no tener fronteras. Se celebraron varias reuniones técnicas para ir pidiendo permisos administrativos y concretando detalles sobre la obra a desarrollar, pero en diciembre de ese año, la Diputación presentó un nuevo proyecto técnico, que elevaba el coste de la operación hasta los 7.229.011 euros. El motivo era, según la memoria técnica, que había que construir nuevos accesos, pues los existentes no servirían para llegar hasta el nuevo puente, en contra de lo que decía el planteamiento inicial.
La Diputación explicó entonces que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad –la que se aprobó en plena crisis económica con el objetivo de que las administraciones gastaran menos– le impedía afrontar un gasto así. Y propuso una solución diferente, que pasaba no por construir un viaducto sino por habilitar un barco que llevara personas de una orilla a otra, un planteamiento que Nisa rechazó porque siempre defendió, y sigue haciéndolo, que la solución es el puente. Finalmente, la Diputación no gastó los tres millones de euros que le daba la UE y el dinero volvió a Bruselas.
¿Pero qué ocurrió entre abril y diciembre de 2011 que ayude a explicar el cambio de criterio en la institución provincial cacereña? La respuesta está en una fecha: el domingo 22 de mayo de 2011. Ese día se celebraron elecciones municipales, que le dieron al PP el gobierno en la Diputación de Cáceres, hasta entonces en manos del PSOE. Cuatro años después, la administración volvió a los socialistas, que presentaron de nuevo un proyecto para construir el puente, esta vez con cargo al programa Interreg 2014-2020. Pero la UE lo rechazó. Desde entonces hasta hoy se han anunciado gestiones para recuperar la iniciativa, pero no ha trascendido ningún paso en firme para desarrollarla.
