La Fiscalía busca argumentos para que el exgerente de Caval vuelva a prisión

La Fiscalía de Badajoz está buscando argumentos de peso para solicitar una revisión del tercer grado que permite la salida de prisión de Manuel García, el exgerente de la cooperativa de frutas de Valdelacalzada que fue condenado a 23 años de prisión. El anuncio fue hecho por el fiscal jefe, Juan Calixto Galán, pocas horas después de que 200 vecinos afectados por la quiebra de Caval protagonizaran una tractorada en la que exigían que alguien les explique las razones por las que «está en la calle» Manuel García, quien después de ingresar en la cárcel en marzo de este año tiene autorización para salir desde julio.

Manuel Domínguez, presidente del consejo rector de la cooperativa cuando se descubrió la quiebra, fue muy claro al valorar lo sucedido. «Nuestro único deseo es que nos expliquen por qué con una condena de 23 años de cárcel y estando obligado a pagar más de 10 millones de euros, a los tres meses de entrar en prisión y sin haber pagado ni un solo euro, lo vemos en la calle».

Tal y como adelantó HOY en su edición de ayer, esas salidas son posibles –ahora solo está obligado a dormir en la cárcel de lunes a viernes– porque el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Badajoz ha decidido concederle el tercer grado, un beneficio al que no se opuso la Fiscalía cuando el pasado verano se le notificó esta decisión.

El fiscal jefe dijo ayer que si en ese momento no se rechazó esa medida fue porque, antes de hacerlo, la Fiscalía de Badajoz quiere encontrar «argumentos de peso» que resulten contundentes cuando se revise esa medida.

Esa revisión es obligada seis meses después de concederse el tercer grado, pero la Fiscalía no descarta acelerarla si antes puede justificar las razones que motivan la suspensión del tercer grado. «El auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria es contrario al criterio de la Fiscalía y al criterio del centro penitenciario, pero entendemos que la mejor manera de atacar ese auto es no precipitarnos y valorar elementos sólidos que resulten jurídicamente relevantes».

Entre los criterios que ha manejado el juez de Vigilancia Penitenciaria a la hora de conceder el tercer grado figuran los recogidos en la ley: su correcto comportamiento en la prisión, el hecho de que no se tema que vuelva a delinquir ni que se fugue, la no existencia de delitos graves (sexuales, de sangre...) y la presencia de una nieta huérfana de madre con una discapacidad de la que el penado se venía haciendo cargo antes de su ingreso en prisión.

Galán deja claro que la decisión adoptada por Vigilancia Penitenciaria se ajusta a la ley, pero insiste en que la Fiscalía no la comparte. «La Fiscalía entiende el malestar de los perjudicados, es una reacción humana porque este señor ha hecho daño a muchas personas, pero no debemos olvidar que se trata de una decisión ajustada a la ley. Si alguien ha colaborado para que fuera condenado, ésa ha sido la Fiscalía, que hizo un trabajo ímprobo. Pero el tratamiento penitenciario y la clasificación penitenciaria que pueda merecer un preso es otra cuestión».

Galán recordó que cuando la condena de 23 años de prisión fue ratificada por el Supremo, la Fiscalía pidió el ingreso en prisión, una medida que se aplicó hasta que el juez de Vigilancia Penitenciaria autorizó el tercer grado. En ese momento, la Fiscalía tuvo cinco días para recurrir la decisión, pero no lo hizo.

Al ser preguntado por esa circunstancia, Galán insistió en que la Fiscalía pensó en ese momento que era mejor «acumular elementos suficientes que hagan posible una nueva valoración de la situación de esta persona» y reforzar así la petición de suspensión que será llevada «ante la administración penitenciaria y, si es preciso, ante los tribunales».

En esa petición podría pesar el hecho de que el condenado no haya abonado aún ni un solo euro de los 10 millones a los que debe hacer frente en concepto de responsabilidad civil.