La UCO vuelve a registrar la Diputación de Badajoz por el caso del hermano de Sánchez
Los agentes de la Guardia Civil buscan correos electrónicos de David Sánchez que no encontraron la semana pasada
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vuelto en la mañana de este jueves a registrar la sede de la Diputación de Badajoz. Según ha podido saber HOY, se buscan correos electrónicos de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que no pudo localizar la semana pasada. «Se está procediendo al registro con la misma autorización del otro día, no es un auto nuevo, sólo que quedó pendiente una parte que se ha tenido que repetir», confirma el TSJEx.
La jueza dictó inicialmente q se incautaran los correos de David Sánchez desde 1 de enero de 2016 hasta la actualidad. La entrada de la UCO de este jueves obedece al mismo auto de la pasada semana, dado que en el volcado de los correos de Sánchez parten del verano de 2017, que fue cuando se incorporó y por tanto se creó su cuenta de mail corporativa.
Ahora ha acudido parte del mismo grupo, sin el comandante de la UCO, para solicitar de nuevo llevarse una copia del periodo entre el 1 de enero de 2016 y el verano de 2017.
La Diputación de Badajoz ha destinado a los dos mismos técnicos informáticos de la semana pasada a repetir la operación de volcado.
Ni entonces ni ahora, los agentes se han llevado ordenadores de la institución. Las cuentas corporativas se encuentran alojadas en un servidor, al estilo de una nube, que se puede consultar desde distintos dispositivos.
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha vuelto al mismo edificio donde se encuentra la sede de la Presidencia para que los agentes le notificaran de nuevo que le intervendrían el correo. Tras esa notificación, Sánchez no ha tenido que estar presente el resto del tiempo y se ha marchado.
Se trata del segundo registro en ocho días. El miércoles de la semana pasada los agentes entraron buscando los correos electrónicos de David Azagra (nombre artístico del hermano de Sánchez) y de otros ocho trabajadores y políticos que han tenido relación con el hermano del presidente del Gobierno en su etapa en la Diputación de Badajoz.
Como informó HOY, los agentes se llevaron una copia de las comunicaciones de esas nueve personas realizadas entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. David Azagra, como se conoce artísticamente al músico, firmó el contrato a mediados del 2017, pero la plaza de coordinador de los conservatorios se convocó un año antes.
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Las nuevas personas de cuyos correos corporativos se llevaron entonces aparecen en la documentación remitida por la institución al juzgado, pero en su mayoría no aparecen como investigados en la causa. En algunos casos son trabajadores que firman los informes remitidos al juzgado. Han citado a algunos políticos que ya no son diputados, como Cristina Núñez, que era la diputada de Cultura cuando seleccionaron a Azagra y descartaron a otros músicos. Núñez se marchó en 2018 de la institución. Pero, en cambio, no está el actual diputado, Ricardo Cabezas, en la relación.
Los agentes actuaron por una diligencia de una pieza separada de la investigación principal. El juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz investiga la denuncia de Manos Limpias contra Azagra, el presidente provincial y un empleado de la institución. A raíz de esta denuncia, la jueza ha abierto diligencias de investigación por posibles delitos contra la Administración Pública, contra la Hacienda Pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. En su posterior querella la organización excluyó a Gallardo y al empleado provincial, y en su lugar pide que sean investigados los superiores jerárquicos del hermano del presidente, sin especificar nombres concretos.
David Sánchez Pérez-Castejón, conocido artísticamente como David Azagra, tiene un contrato de alta dirección desde 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios. Puso en marcha el programa Ópera Joven y entonces el puesto pasó a llamarse responsable de la Oficina de Artes Escénicas. Los detalles de esos contratos están bajo la lupa judicial.
Cinco agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil examinaron la semana pasada los ordenadores de los implicados como parte de las diligencias que, como se ha indicado antes, forman parte de una pieza separada abierta por la magistrada para evitar que se filtre el contenido de unas pesquisas que considera claves. Por esta razón ha decretado el secreto de sumario. Hasta que no lo levante, no se conocerá el detalle de la actuación.
La institución funciona con un sistema similar a una nube, en el que cada uno accede con su clave y la documentación se encuentra en un servidor.
Los agentes facilitaron una lista con las nueve personas de cuyos correos electrónicos querían extraer una copia de siete años. Trabajadores de la institución les llamaron para que acudieran a la sede. Algunos no acudieron dado que, al no ser diputados actualmente, se encontraban en sus municipios de residencia. Quienes sí acudieron a la cita escucharon la lectura del auto, de varias páginas, por parte de los guardias civiles.
Una de las personas que atendió a los agentes fue Francisco Mendoza.Quien fuera delegado del Gobierno en Extremadura hasta diciembre es el letrado del gabinete de Asuntos Judiciales, funcionario de la institución, y es la persona que se ocupa del proceso dentro de la Diputación.
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