Sindicatos y aseguradoras reciben un aluvión de llamadas de funcionarios de Muface en vilo
Hay 45.000 extremeños y sus familias afectados por la renuncia de las aseguradoras al concierto ofrecido por el Gobierno
La atención sanitaria de 45.000 extremeños está en el aire después de que las aseguradoras de Muface (Adeslas, Asisa y DKV) no hayan ... acudido al concurso del nuevo convenio para 2025 y 2026. De este modo, queda desierta la licitación por primera vez en la historia, un hecho que está generando mucha incertidumbre entre los adscritos a este modelo, que sobre todo son profesores, empleados de la Administración y policías.
A poco más de un mes de que venza el actual convenio, los funcionarios tienen muchas dudas y eso está provocando que los sindicatos de esta comunidad autónoma y las compañías de seguros de salud reciban un aluvión de llamadas con consultas sobre su futura situación.
El actual contrato vence el próximo 31 de diciembre y, aunque se contempla una prórroga de un mes y el Gobierno central ha asegurado a los sindicatos que la ley le permite ampliarlo hasta que haya un nuevo concierto, las preguntas son muchas.
«A qué médico me debo dirigir el próximo año, cómo hago los trámites para cambiar mi atención a la Seguridad Social, si estoy a la espera de una operación y cambio al modelo público paso al final de la lista de espera o qué pasa con mi historia clínica», son algunas de las cuestiones que se plantean los funcionarios adscritos a Muface.
El contrato vence el 31 de diciembre y las compañías y los mutualistas están a la espera de otra posible licitación
«Desde noviembre no paramos de recibir llamadas todos los días para consultarnos qué es lo que va a pasar. La mayoría de las consultas son por este asunto. Hay mucha incertidumbre», reconocen desde DKV en su delegación de Badajoz. «Estamos esperando a que el Gobierno saque una nueva licitación, pero por el momento no sabemos nada», añaden. Son, reconocen, «sobre todo personas mayores que llaman desde zonas rurales buscando soluciones».
Lo mismo les sucede en la provincia de Cáceres. «Hay mucha gente mayor que lleva tiempo con nosotros y les preocupa la situación en la que quedarán. Intentamos que estén tranquilos, pero por ahora no tenemos ninguna certeza», afirman desde la delegación cacereña de Asisa, entidad que incluso ha incorporado una opción en su teléfono de atención al cliente en la que informa sobre el concierto.
En él indica que «a pesar de su interés por continuar prestando su servicio a los mutualistas de Muface», ha decidido no participar en la licitación porque considera que «la insuficiente financiación ofertada por la Administración hacía imposible afrontar con garantías la incorporación de nuevas prestaciones al colectivo mutualista y afrontar las mejoras en las condiciones de trabajo de nuestros profesionales».
Asistencia hasta el 31 de enero
Asimismo, en esa grabación telefónica también lanzan a sus asegurados un mensaje de tranquilidad. «Asisa seguirá cumpliendo los compromisos adquiridos y prestando con total normalidad asistencia a los mutualistas de Muface en el marco del actual concierto hasta el 31 de enero de 2025».
En Adeslas, la otra aseguradora que forma parte de Muface, también confirman que están recibiendo llamadas en torno a este asunto. «Los pacientes tiene dudas y llaman preguntando cómo se gestionará para 2025 la atención sanitaria», afirman desde uno de los centros médicos de esta compañía en Badajoz.
Reconocen que sobre todo les están llamando mayores jubilados con mucha incertidumbre
Por su parte, los sindicatos aseguran que la «incertidumbre y la multitud de llamadas recibidas son impresionantes». Hay muchos jubilados, dicen, que llevan toda la vida con este sistema y no saben qué sucederá con ellos. «Nos llaman nerviosos ante esta chapuza e improvisación. Llevamos cientos de llamadas», asegura Benito Román, presidente de CSIF en Extremadura.
Ante eso, el sindicato mayoritario de funcionarios exige que las aseguradoras lleguen a un acuerdo con el Gobierno cuanto antes. «Si eso no sucede los afectados tendrían que pasar a ser atendidos por la sanidad pública y eso sería la hecatombe, sin que previamente haya habido una planificación en el SES y sin que se hayan reforzado las plantillas de profesionales para atenderles y más teniendo en cuenta la escasez y las listas de espera que hay actualmente. Hablamos de funcionarios y jubilados con tratamientos oncológicos o diálisis y, de golpe, tendrían que buscar otra asistencia sanitaria», explica Román, que también alude a que la ley de contratos públicos. Esta permitiría prorrogar, según ya ha avanzado el Gobierno, nueve meses la asistencia sanitaria de Muface a los empleados públicos, como dijo en un principio, o incluso hasta que se resuelva el conflicto.
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