PP y Vox derogan la Ley de memoria histórica de Extremadura

El recorrido de esta ley es un buen reflejo de lo que llevamos de legislatura. Su aprobación se incluyó en el acuerdo para la investidura de la popular María Guardiola como presidenta de la Junta en 2023. Pero un año después Vox rompió los gobiernos de coalición en varias comunidades autónomas y el PP extremeño aseguró que esta norma ya no era una prioridad.

Sin embargo, tras la falta de acuerdo para los Presupuestos de 2025, PP y Vox acordaron recuperar esta iniciativa en el pacto para la aprobación de nuevas rebajas fiscales a comienzos de este año. Así surgió la Ley de Concordia, que no recoge una derogación sin más de la Ley de memoria histórica, sino que ofrece un texto alternativo que amplía el periodo temporal de acción (desde la II República hasta la transición) y que incluye a las víctimas del terrorismo, entre otras cuestiones.

Pese a este acuerdo, PP y Vox han mostrado sus diferencias en la tramitación de la iniciativa. Los populares presentaron varias enmiendas para cumplir con el informe de impacto de género del Gobierno regional, unas modificaciones que se han vuelto a debatir este jueves en el Parlamento regional (ya fueron rechazadas en comisión) y que han sido rechazadas por falta de apoyos. Tras esto, se ha votado el conjunto de la ley, que ha salido adelante gracias al voto a favor de los dos grupos proponentes. PSOE y Unidas por Extremadura se han mostrado en contra.

Las diferencias entre los dos grupos del bloque de derechas han vuelto a quedar de manifiesto en el pleno, aunque finalmente han votado juntos para la aprobación de la ley, tal como han hecho con la norma para la creación de la primera universidad privada de la región. Óscar Fernández, portavoz de Vox, ha afirmado que su partido cumple con los compromisos y trabaja por el «cambio real» en Extremadura, «que no se ha visto en estos dos años con el PP». También ha afirmado que la ley se centra en lo importante, en tratar a todas las víctimas por igual y en la investigación de fosas, pero ha afeado a los populares que las enmiendas que han presentado no hayan sido consensuadas.

Laureano León, del PP, ha asegurado que no se pudo pactar con Vox estas enmiendas «porque estaban de vacaciones», aunque también ha criticado que el PSOE no apoye unos cambios que inciden en la igualdad. En cuanto al contenido de la ley, ha asegurado que defiende los principios de dignidad, justicia, reparación, recuperación de restos y no repetición, que a su juicio no estaban contemplados en la Ley de memoria histórica de 2019, que ya contó en su día con el rechazo de los populares.

Por parte del Grupo Socialista, José Ramón Bello ha afirmado que la nueva ley no aporta ninguna mejora a la norma de 2019 y ha asegurado que los socialistas seguirán defendiendo los derechos que estaban recogidos en la Ley de memoria histórica. Para ello, ha asegurado que tienen el ejemplo de Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado domingo, cuyo recuerdo ha estado muy presente en la sesión plenaria. Al inicio de ha guardado un minuto de silencio y el orden del día se ha reducido en señal de respeto y condolencias.

Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, ha lamentado que con la Ley de concordia se destruye el legado de Fernández Vara, quien era presidente de la Junta cuando se aprobó esa norma en 2019. También ha asegurado que el nuevo texto «no avanza hacia ninguna concordia» y supone un retroceso para tratar de hallar a las 14.000 víctimas de represión que, según ha indicado, aún están desaparecidas en la región.

El secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha criticado tras el pleno la aprobación de esta ley y ha anunciado que pedirá al Gobierno central que presente un recurso de inconstitucionalidad, tal como hizo con normas similares aprobadas por otros gobiernos autonómicos con el apoyo de PP y Vox. Su objetivo es que la norma no llegue a entrar en vigor.

Asimismo, ha asegurado que en caso de que el PSOE vuelva al gobierno de la Junta de Extremadura en las próximas elecciones una de sus primeras medidas será recuperar la Ley de memoria histórica de 2019, ya que considera que la nueva norma «devuelve al olvido a las víctimas del franquismo».

Ángel Pelayo Gordillo, de Vox, ha afirmado que es un día de alegría porque una «ley sectaria» ha sido sustituida por la Ley de Concordia; mientras que el portavoz popular, José Ángel Sánchez Juliá, ha defendido que sale adelante una norma «sin revanchismos».