Un otoño político con vistas al juzgado

Ignacio Huertas, Victoria Domínguez, José García Lobato y Carmen Heras. :: hoy/
Ignacio Huertas, Victoria Domínguez, José García Lobato y Carmen Heras. :: hoy

La investigación de los casos Púnica, Santa Bárbara y UPA afectará a la política extremeña

C.M./J.S./M.M. BADAJOZ.

El pasado martes se conocía un nuevo informe sobre el caso Púnica y sus derivaciones en Almendralejo. La unidad de investigación de la Guardia Civil, la temida UCO, le ponía nombre incluso a los delitos que considera que han cometido el alcalde y dos concejales de la localidad: cohecho, fraude, tráfico de influencias y revelación de secretos. Todo a cuento de un contrato de alumbrado que se iba a conceder a la empresa Cofely, una de las implicadas en el caso Púnica. Ya saben, el gran escándalo de corrupción en el que, según las investigaciones que se conocen, políticos como Francisco Granados cobraban comisiones millonarias a cambio de facilitar contratos públicos a empresas.

La investigación sobre el alcalde de Almendralejo es quizá la más llamativa de las que están abiertas en los juzgados y que afectan a la política extremeña. Aunque no es la más avanzada. En los próximos meses, a medida que avancen los trabajos del gran sumario de la Púnica, el juez García Castellón tendrá que decidir si el informe que le ha entregado la UCO es suficiente para imputar a García Lobato y sus concejales o si los deja fuera del que será sin duda uno de grandes juicios a la corrupción en España.

El 20 de septiembre comenzará el juicio del ruido contra la exalcaldesa de Cáceres Carmen Heras, un exconcejal y once hosteleros

Y el PP extremeño tendrá que decidir hasta cuándo y hasta dónde sostiene a Lobato. De momento, dado que no hay imputación judicial, sino solo policial, los populares extremeños han dado por buena la autoexculpación del alcalde. «Tengo las manos muy limpias», afirmaba el pasado martes en su defensa.

La postura oficial en el PP extremeño es que se cumplirán los estatutos, que establecen dos escalones: apertura de expediente informativo cuando hay imputación judicial y expediente sancionador cuando al cargo público en cuestión se le abre juicio oral. García Lobato está todavía en el peldaño inferior: la investigación policial.

El otoño político viene judicialmente caliente en Extremadura no solo porque en la montaña de sumarios que se acumulan en la Audiencia Nacional esté el nombre de García Lobato, sino por otros casos que se deben resolver en Extremadura.

El expediente informativo a Victoria Domínguez todavía no se ha sustanciado

El más inmediato es el llamado juicio del ruido: dentro de diez días, el 20 de septiembre, comenzará la vista en que se juzgará a la exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, y a su exconcejal de Seguridad Ciudadana Carlos Jurado. El asunto no tiene que ver con la corrupción sino con las denuncias por el ruido de los bares en el barrio cacereño de La Madrila. Las repetidas denuncias de los vecinos dieron lugar a la imputación de once hosteleros y de los dos políticos citados por las molestias sufridas entre 2007 y 2011, el año en que Heras dejó de ser alcaldesa. El fiscal les acusa de un delito de prevaricación ambiental por no haber cumplido la ley al no haber tomado las medidas necesarias para evitar las molestias continuas que sufrían los vecinos. Las penas que pide el Ministerio Público van desde el año y nueve meses de cárcel para los políticos hasta tres y seis años para algunos hosteleros responsables de los bares que causaban el ruido. A los hosteleros se les piden incluso indemnizaciones para los vecinos que sufrieron los ruidos.

En Badajoz la justicia tendrá que dirimir 22 denuncias por las injurias en las redes

El juicio, que contará con numerosos testigos, será largo. A priori podría durar hasta finales de octubre, por lo que protagonizará durante semanas la actualidad regional.

Bien es cierto que el llamado 'caso del ruido' está en buena medida políticamente desactivado. Carmen Heras lleva años fuera de la política e incluso del Partido Socialista. Su condena a ocho años de inhabilitación en otro caso, el 'Urban Screen', por el fraccionamiento de unas facturas, supuso su baja automática del PSOE. También hay otra razón por la que este caso tiene menos carga política que el resto: políticos cacereños y dirigentes vecinales son conscientes de que el problema del ruido era histórico y que no fue solucionado por alcaldes anteriores como el popular Saponi y el socialista Sánchez Polo. Reconocen que fue precisamente Heras la que empezó a ponerle coto, con medidas como el corte al tráfico de la plaza Albatros los fines de semana y el cierre de algunos bares. La mayor sensibilidad social ante el problema de los ruidos y el endurecimiento de la ley han propiciado que haya sido Heras, y no otros alcaldes que la precedieron, los procesados.

Uno de los casos que ha hecho más ruido políticamente hablando en los últimos meses, y que previsiblemente seguirá haciéndolo a medida que avance la instrucción, es el que afecta a Victoria Domínguez, única diputada de Ciudadanos en la Asamblea regional. A Domínguez no se le ha encausado por su gestión como diputada, sino como concejala de Urbanismo de Plasencia antes de 2011.

Aunque Domínguez ya ha declarado como investigada en el caso, Ciudadanos ha evitado apartarla de su cargo con el argumento de que la materia por la que se le investiga no es corrupción. No obstante, el pasado 17 de julio la dirección nacional decidió abrir un expediente informativo, es decir no sancionador, con el propósito de conocer a fondo el asunto. Este expediente no se ha sustanciado todavía.

El urbanismo irregular

El llamado 'caso Santa Bárbara' de Plasencia investiga por qué nunca fueron derribadas decenas de viviendas ilegales sobre las que pesaban órdenes firmes de demolición. Está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura por la condición de aforada de María Victoria Domínguez, lo que obligó al juzgado placentino que instruía el caso a elevarlo al TSJEx.

El PP sólo abriría expediente informativo a García Lobato si el juez le investiga

También aparecen como investigados en la misma causa la exalcaldesa socialista de Plasencia Elia María Blanco y los exconcejales Mónica García y Francisco Barbancho, que al igual que Domínguez fueron ediles de Urbanismo entre los años 2006 y 2011, periodo al que inicialmente se limitaba la instrucción. Todos ellos han prestado ya declaración como investigados por los presuntos delitos de prevaricación por omisión y de omisión del deber de perseguir delitos. También han declarado como testigos diversos técnicos del Ayuntamiento de Plasencia.

La última medida adoptada por el magistrado-instructor del TSJEx ha sido solicitar al secretario del Ayuntamiento placentino que identifique, por si procede tomarles también declaración, a los letrados y a los arquitectos superiores adscritos a la Oficina de Urbanismo, así como a los funcionarios o empleados laborales encargados de la tramitación de los expedientes de disciplina urbanística desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad. También le ha pedido una relación de todos los expedientes urbanísticos denunciados y que informe de si en alguno de los plenos municipales celebrados en el mismo periodo se ha tratado sobre los problemas derivados de las construcciones ilegales, adjuntando en su caso una certificación de las actas correspondientes. En la práctica, esto supone extender la investigación hasta el día de hoy, lo cual venía siendo reclamado de manera insistente por los abogados defensores de los investigados, ya que hasta ahora la instrucción se había limitado al periodo comprendido entre 2006 y junio de 2011, cuando empezó a gobernar el PP tras las elecciones municipales de ese año. A la vista de la nueva documentación solicitada y de los testimonios de los técnicos que considere oportuno recabar, el magistrado decidirá si lleva a cabo nuevas imputaciones.

El TSJEx también tiene que pronunciarse aún sobre los documentos enviados este verano a la Sala por la Fiscalía como parte de una nueva denuncia anónima presentada contra María Victoria Domínguez, en la que se le acusa de tener durante su época como concejala de Urbanismo pleno conocimiento de las construcciones ilegales de la sierra de Santa Bárbara y de las órdenes de derribo, así como de intentar modificar el Plan General Municipal de Plasencia con el objeto de favorecer a allegados que tenían propiedades en la sierra.

El presunto fraude de UPA

El nuevo curso político también deparará importantes avances en la investigación judicial del presunto fraude en la gestión de ayudas públicas por parte de la organización agraria UPA-UCE Extremadura, el asunto que saltó a la opinión pública en noviembre de 2016 con la detención de varios dirigentes agrarios, que incluso pasaron varios meses en prisión preventiva. Sin ir más lejos, antes de que acabe septiembre está previsto que acudan a declarar ante el juez como investigados cuatro empleados públicos, dos jefes de servicio y dos jefes de sección de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, antes Agricultura.

La Guardia Civil considera que la entidad estableció un entramado financiero para captar ayudas destinadas al asesoramiento agrario por importe de 2,46 millones de euros en la convocatoria de 2010 y 2012 y 1,8 millones entre los años 2013 y 2015. En noviembre fueron detenidas siete personas, entre ellas los máximos dirigentes de la formación, Ignacio Huertas, secretario general, y Maximiano Alcón, secretario de Organización, quienes permanecieron en prisión provisional hasta comienzos de este año. En diciembre fueron detenidos otros tres trabajadores.

En enero se citó a los primeros testigos, quince técnicos y administrativos de UPA-UCE, y en mayo a una docena de trabajadores de la Junta de Extremadura. A finales de junio el juzgado acordó solicitar la comparecencia como investigados de cuatro empleados públicos. En principio, deberán acudir a declarar en la segunda quincena de septiembre.

Esta citación abre un nuevo frente en la instrucción judicial. UPA-UCE siempre ha defendido que ha cumplido con la regulación de las ayudas, destacando que la propia Junta de Extremadura señala en un informe que la entidad superó todas las inspecciones. Pero ahora se pone en duda la labor de control de la Consejería de Agricultura, aunque de momento el juzgado no ha implicado a ningún político. UPA sigue manteniendo que el procedimiento penal acabará cerrándose sin condenas ya que se trataría de simples irregularidades administrativas.

Badajoz y las redes

Los juzgados extremeños tendrán un otoño atareado también por otros casos aparentemente menores, pero de trascendencia política y social. El más llamativo de esa categoría se dirime en la ciudad de Badajoz, donde alcalde, concejales, funcionarios y ciudadanos particulares se han cruzado denuncias a cuenta de las campañas de injurias en las redes sociales, acogidas especialmente en páginas de Facebook como el denominado Club de Debates Urbanos.

La denuncia en la redes de presuntas irregularidades en la gestión municipal ha derivado en acometidas furibundas no solo contra políticos y funcionarios sino contra sus familiares y han envenenado el ambiente político municipal. Hasta 22 denuncias ha investigado la Policía por este asunto e incluso la Fiscalía de Badajoz ha promovido una por las acusaciones hechas contra el fiscal Diego Yebra. El último de los episodios, la agresión física a un funcionario municipal a manos presuntamente de uno de los promotores de esas páginas, ha acabado por alterar más si cabe el clima político pacense. Varios juzgados tramitan las denuncias por un fenómeno que comenzó hace ya un año y que ha condicionado la política municipal.