La Junta de Extremadura reduce el régimen de protección de las áreas de la Red Natura 2000

La Red Natura 2000 está formada por zonas de especial protección para las aves (ZEPA), zonas especiales de conservación (ZEC) y lugares de importancia comunitaria (LIC) hasta su conversión en ZEC. Más de 1,26 millones de hectáreas, la tercera parte de la superficie de la región, está incluida en alguna de estas figuras.

El Gobierno regional, tanto en la pasada legislatura como en la actual, ha tratado de limitar el nivel de protección de estas zonas, ya sea con cambios legislativos o con una revisión de su superficie. Un ejemplo son las medidas adoptadas para tratar de evitar el derribo del complejo Marina Isla Valdecañas, incluido en una de estas áreas protegidas.

Los incendios de los meses de junio, julio y agosto en Extremadura han dado un nuevo empuje a estas políticas con el objetivo de facilitar usos en el campo e impulsar acciones de recuperación. Para ello, el decreto-ley de ayudas extraordinarias y medidas urgentes que ha aprobado el Gobierno regional recoge la modificación de cuatro leyes y un decreto autonómico. La norma ya está en vigor, pero deberá ser convalidada por la Asamblea de Extremadura, donde el Gobierno regional del PP no tiene mayoría y por tanto deberá hablar con la oposición.

Uno de esos cambios afecta a la Ley de conservación de la naturaleza y de espacios naturales de Extremadura, en la que se integró la regulación sobre la Red Natura 2000, aunque con un articulado específico. Esta norma se modificó en el año 2023, cuando se incluyeron las figuras ZEPA, ZEC y LIC como una categoría más de espacios protegidos. Sin embargo, estas zonas mantuvieron su régimen jurídico especial y diferenciado. De esa forma, en ocasiones hay contradicciones entre las disposiciones generales y las específicas.

Estas discrepancias afectan a los usos permitidos, que en la Red Natura 2000 pueden autorizarse y que sin embargo no se contemplan para los espacios naturales protegidos. Por ejemplo, el parque de Monfragüe requiere la elaboración de un Plan Rector de Uso y Gestión para definir usos y actividades permitidas. Sin embargo, en ZEPA y ZEC basta con un plan de gestión, un documento menos exigente, y con un informe de afección. Pero como hasta ahora también formaban parte de la red de espacios protegidos, estaban sometidos a los dos instrumentos, que además se consideran incompatibles.

La reforma aprobada por la Junta no sólo plantea resolver estas discrepancias jurídicas, sino que pretende facilitar las medidas de recuperación aprobadas por el Gobierno regional. El decreto-ley cita las relativas a la promoción turística de los territorios afectados por el fuego, así como la revisión de los planes de gestión de la Red Natura 2000 «con la finalidad de permitir usos tradicionales», de modo que «puedan realizarse actuaciones que son compatibles con la protección de la especie y que servirán como medidas de prevención de los incendios».

Junto a esto, el decreto-ley modifica la Ley de protección ambiental para «compatibilizar la necesaria agilización y reducción de cargas administrativas con el fortalecimiento de los controles y exigencias para aquellas actividades que puedan incidir negativamente en el medio ambiente y en la prevención de riesgos como los incendios forestales».

El objetivo es «garantizar un adecuado equilibrio entre desarrollo económico sostenible y protección ambiental, asegurando la preservación del patrimonio natural y la seguridad territorial», según la exposición de motivos del decreto-ley.

Con ese fin, se modifican los anexos de la Ley de protección ambiental. Una medida que ya había puesto en marcha la Consejería de Agricultura, que trabajaba en la aprobación de un decreto con ese mismo fin, ya que según el propio texto su reforma se puede llevar a cabo mediante esa figura legal. Ahora se recogen los cambios propuestos en una norma con rango de ley, lo que da más seguridad jurídica.

Los cambios aprobados consisten en suavizar requisitos o requerir permisos menos exigentes en la autorización de actividades y en la evaluación ambiental de proyectos, con lo que se reduce la carga administrativa. Entre ellas se encuentran medidas relacionadas con los incendios forestales, como la tramitación para la modificación de cortafuegos o la práctica de reforestaciones y repoblaciones.

El Gobierno regional ha modificado igualmente dos disposiciones de la Ley de ordenación territorial y urbanística sostenible (Lotus), con gran incidencia. Estos cambios ya se plantearon, en mayor o menor medida, en el decreto-ley de simplificación que fue rechazado en junio por el Parlamento regional y que por tanto perdió su vigencia.

La Junta recupera esas dos medidas para incidir desde el planeamiento urbanístico en la recuperación y prevención de incendios forestales, ya que es el instrumento que regula las condiciones de uso y aprovechamiento del suelo. Pero coexiste con otros planes, como los destinados a la protección civil y la protección de valores ambientales.

El cambio aprobado permite revisar el planeamiento urbanístico para incorporar las exigencias de esos otros planes. Pero esto abre la puerta a otras posibles modificaciones, algo que estaba vedado desde el pasado mes de junio, cuando se cumplió la moratoria de seis años que estableció la Lotus para esos cambios.

La exposición de motivos señala que con esta reforma se podrá establecer mejoras en la ordenación de las franjas periurbanas, en las áreas urbanas y en las áreas forestales. El objetivo es permitir cambios de uso, aperturas de viales o la implantación de aprovechamientos que conlleven la retirada de biomasa potencialmente combustible y generen actividad económica en los entornos rurales, lo que puede requerir la ejecución de obras, instalaciones o edificaciones en suelos rústicos. Actuaciones que superan una simple reclasificación y que requieren la modificación del planeamiento, de ahí que se conceda más flexibilidad.

Con el mismo fin también se reforma de manera puntual la Ley Agraria de Extremadura. El decreto-ley señala que la normativa actual limita la selvicultura preventiva a actuaciones con fines defensivos, sin contemplar su integración con la productividad económica. Por ese motivo, se crea un nuevo tipo de explotación que permita crear franjas y áreas de prevención con especies vegetales (forestales o agrícolas) de baja combustibilidad que, además de reducir el riesgo de incendios, generen aprovechamientos económicos como biomasa, pastos o frutos.

Con el nuevo concepto de 'infraestructura preventiva productiva' se pretende ofrecer incentivos a los propietarios de tierras para mantener las zonas de prevención, contribuyendo a la rentabilidad de sus explotaciones, lo que además contribuirá a frenar el abandono rural y la despoblación y la introducción de especies menos inflamables.

Por último, en el decreto-ley se modifica el decreto que regula las actuaciones forestales para eliminar la declaración responsable para las actividades de limpieza y retirada de restos de árboles derribados por fenómenos naturales. Además, se suprime la autorización para descorches que se realizan por primera vez, con lo que se pretende que los propietarios de terrenos puedan ejecutar estas medidas en el menor tiempo posible.