El bipartito de PP y Vox en Extremadura repartirá más de 230 cargos públicos

Dicen algunos de los que estuvieron en el encuentro que la afluencia masiva esta vez a la convocatoria tuvo mucho que ver con ello. Había que celebrar la victoria, sí, pero también había que dejarse ver. «Allí había mucha gente con ganas de encontrar trabajo», contaron a HOY asistentes al comité regional de los populares. «Aquello era la oficina del Sexpe», resumieron.

Porque acceder al Gobierno regional permite «echar al PSOE y cambiar las políticas» como han venido defendiendo PP y Vox antes y después de las elecciones, como han repetido en más de una ocasión sus líderes, María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo, respectivamente. Pero también acceder al Gobierno regional permite repartir un montón de cargos públicos muy bien remunerados. Contratos, en principio, con un horizonte de cuatro años.

Por eso en la reunión del PP del pasado 3, como hubiera ocurrido a buen seguro en la de cualquier otra formación en las mismas circunstancias, había mucha gente. Porque el cambio de signo político en la Junta supone una oportunidad para trabajar para unos y una mejora laboral para otros muchos más.

El número final de cuántos serán dependerá de la decisión que adopte el nuevo Ejecutivo extremeño. Pero manteniendo la estructura actual, de gobierno y entes públicos dependientes, PP y Vox podrán repartir más de 230 cargos. Sin contar las contrataciones de personal que no ejerza funciones directivas en el sector público.

Aun siendo una estructura no sobredimensionada en comparación con otras legislaturas o con otras comunidades autónomas, el último gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara ha estado conformado por Presidencia, de la que dependía la Portavocía de la Junta, y nueve consejerías más. En total, entre consejeros, secretarios generales y directores generales el número de cargos públicos supera el centenar. Con notables diferencias entre unas y otras consejerías en función de su tamaño. Por ejemplo nada tiene que ver la Consejería de Hacienda y Administración Pública con la de Transición Ecológica y Sostenibilidad. El número de una y otra es diferente y está directamente relacionado con las competencias asumidas por cada una.

Hacienda suma 18 cargos públicos frente a los seis de Transición Ecológica o los seis también que tiene Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, las dos con el organigrama más reducido durante la pasada legislatura.

Por el contrario, en el de Hacienda y Administración Pública aparecen, además de la consejera, tres secretarios generales, cinco directores generales, el interventor general, el letrado general, el presidente de la Comisión Jurídica, cuatro vocales de este órgano, el director general de Gpex y el gerente de Gebidexa.

Porque además de la estructura propiamente dicha del Ejecutivo regional, que variará en función de las consejerías que se determinen, hay otros muchos entes dependientes de la Junta de Extremadura o en los que la administración regional interviene y, por tanto, tiene capacidad para nombrar a sus representantes.

El listado hecho público por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, vigente a 1 de enero de 2023, incluye cuatro organismos autónomos administrativos: el Consejo de la Juventud, el Instituto de la Mujer, el Servicio Extremeño Público de Empleo y el Servicio Extremeño de Salud. También dos organismos autónomos –el Instituto de la Juventud y el Instituto de Estadística– y ocho entes públicos: el Consejo Económico y Social, la Cexma, la Agencia de Cooperación Internacional, el Sepad, el Instituto de Consumo, Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios, Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex) y Asamblea de Extremadura.

Además la Junta participa en 17 consorcios –entre ellos, la Institución Ferial de Extremadura o la Agencia Extremeña de la Energía–, trece fundaciones como la de los Jóvenes y el Deporte y la Fundación Extremeña de la Cultura, y otras 11 sociedades mercantiles. Avante, Urvipexsa y Gedibexa son algunas de las empresas que aparecen en esta última relación.

Retribuciones

De todos ellos, el SES merece mención aparte. Además de los cinco altos cargos que figuran en el organigrama de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, el gerente y otros cuatro directores generales más, en la estructura del organismo autónomo figuran 94 cargos públicos, repartidos en su mayor parte entre las ocho áreas de salud de la región.

Los cargos públicos que suponen las consejerías y los entes dependientes o con participación de la Junta se completan, hasta alcanzar los 231, con los contratados como personal eventual «vinculado a la toma de decisiones en la acción de gobierno en el sector público autonómico». Un apartado en el que aparecen los jefes de gabinete de las diferentes consejerías así como el jefe de protocolo, el director de comunicación y el coordinador general de políticas de comunicación en el caso de Presidencia, y también la defensora de los usuarios del SES en el caso de Sanidad.

Las retribuciones brutas de 2022 de estos 231 cargos, publicadas por la Junta, van desde los 26.875 euros del presidente del Consejo de la Juventud o los 30.207 del responsable Museo Etnográfico 'González Santana', que son los más bajos, hasta los más de 90.000 que cobran un director asistencial de Badajoz y un director médico de Cáceres, ambos personal del SES. También más de 80.000 ingresan tres directores de la estructura de este organismo, el presidente de la Junta, la consejera de Hacienda, el interventor y el letrado general entre otros. Más de 70.000 ingresan todos los consejeros, el director de gabinete y el secretario general de Presidencia, el director general de la Cexma, otros muchos directores y secretarios generales de las consejerías o el presidente de la Comisión Jurídica. Y entre los 50.000 y los 70.000 están la inmensa mayoría de los 231 cargos públicos del Gobierno y sus entes.

Reducir el gasto

El PP planteó en su primera oferta de gobierno a Vox, para garantizar la «eficiencia del gasto en la administración», eliminar el gasto superfluo y las duplicidades y, para ello, «siempre con recursos propios, se encomendará a un departamento de la Junta el análisis y la supervisión íntegra del uso del dinero público».

Vox, por su parte, en el acuerdo que centró su contraoferta al PP, recogía para el mismo objetivo, «la correcta y eficiente gestión del dinero público», más medidas: reducir el número de consejerías, altos cargos y asesores, auditar a las empresas y entidades públicas, suprimir los organismos innecesarios que no reportan en el bien general y rebajar las subvenciones a la patronal y a los sindicatos.

Sin embargo, finalmente, el pacto de gobierno al que han llegado PP y Vox, por el que María Guardiola es la presidenta de Extremadura y la formación de Santiago Abascal entra en el Ejecutivo regional al frente de una consejería de nueva creación, la llamada de Gestión Forestal y Mundo Rural, aunque incluye las medidas propuestas por Vox, no dice nada de suprimir consejerías y altos cargos. Para «la reducción del gasto político», como para la mayor parte de las áreas incluidas en el acuerdo, hay poca concreción. Señala que «se suprimirán los organismos innecesarios que no reportan en el bien general», se revisará la política de subvenciones, se recortarán a patronal y sindicatos y «toda organización que reciba dinero público deberá tener una utilidad pública demostrada».