Más de 90 aspirantes recurren las oposiciones extremeñas de Educación

La Consejería de Educación ha recibido hasta ayer 90 recursos de alzada contra las oposiciones de Secundaria que se han celebrado este verano. No obstante, asegura que podrían llegar algunos más en los próximos días de los que hayan sido registrados por correo.

Estos recursos son el último trámite que los participantes en las oposiciones pueden dar en la vía administrativa, con el fin de que se atiendan sus quejas y reclamaciones con respecto al proceso selectivo llevado a cabo. Apartir de este momento, si la respuesta que obtienen de la Consejería de Educación no les satisface pueden emprender la vía judicial.

Pero no antes de un plazo de tres meses. Es el que tiene la Administración para responder a los recursos de alzada y, según fuentes del departamento que dirige Esther Gutiérrez, el objetivo es estudiar cada uno de los recursos presentados. «La Dirección General de Personal Docente dispone de tres meses para resolver un trámite que acaba de iniciarse», señala Educación. «En estos momentos se están pidiendo los expedientes a las Delegaciones Provinciales y se solicitarán informes a los respectivos tribunales sobre los casos concretos. Se estudiará caso por caso y, en el plazo de esos tres meses, la Dirección General resolverá», detalla la consejería.

En cuanto al número de recursos de alzada recibidos, desde la Administración se señala que es similar a los tramitados en otras convocatorias «si tenemos en cuenta que este año se han convocado más plazas y especialidades que en oposiciones anteriores». El departamento que dirige Esther Gutiérrez pone de manifiesto al respecto que, «por poner un ejemplo, en las oposiciones de 2015, en las que se convocaron 180 plazas, se interpusieron 39 recursos de alzada; en estas de 2018, con 1.267 plazas a concurso, se ha presentado 90 recursos».

Reclamaciones por parte de aspirantes que no están conformes en cómo se ha desarrollado el proceso, puesto que desde su punto de vista, como han criticado en otras ocasiones, se han producido diversas irregularidades, más allá de las cuatro especialidades en las que los exámenes de la primera prueba se tuvieron que repetir porque no se había garantizado el anonimato de los participantes.

Según explicó entonces Educación, los tribunales de estas especialidades, las cuatro de FP, decidieron que no era necesario que los opositores asistieran a leer su prueba cuando éstos ya habían identificado sus exámenes con sus datos personales. Por lo que se vulneró su anonimato y para corregir el error la consejería decidió su repetición.

Sin embargo, en otras categorías para las que no se acordó esa medida, como Matemáticas, algunos participantes en el proceso aseguraron que se había dado el mismo problema, que no se había garantizado el anonimato. Y en otras más, como en Física y Química, los participantes denunciaron que no tuvieron tiempo para desarrollar el práctico, que el formato del examen no fue correcto y que se les evaluó en función de unos criterios que no eran públicos.

Por este motivo han recurrido, como otros, las listas definitivas de aprobados y han solicitado que se revise el proceso selectivo. Unas oposiciones en las que, cabe recordar, han quedado desiertas en torno a un centenar de plazas repartidas entre una docena de especialidades, de las 65 convocadas, y por encima de todas destaca Física y Química, en la que han quedado desiertas 25 de las 68 plazas ofertadas.

Además de los recursos de alzada presentados en vía administrativa, en torno a un centenar de interinos de la asociación nacional ANIL, de diferentes especialidades, han adjuntado al recurso judicial presentado ante el TSJEx contra la convocatoria de las oposiciones, un listado de las irregularidades que según ellos se han producido durante el proceso selectivo.

Por ejemplo, en las pruebas de Biología y Geología, además de la escasez de tiempo para el práctico, se produjeron discrepancias en mitad del examen entre miembros del tribunal sobre el uso de lápices de colores para ilustrar el corte geológico; en Intervención Sociocomunitaria, esta asociación dice que las pruebas se han desarrollado con un temario obsoleto y sin actualizar; y en Procesos de Gestión Administrativa, además del escaso tiempo para el examen práctico, han denunciado que se desconocía el valor de cada ejercicio.