CD Badajoz, una sociedad anónima caída en desgracia

Desde que el Badajoz se convirtió en Sociedad Anónima Deportiva se ha adentrado en un laberinto lleno de cruces de caminos insospechados que le ha llevado a un callejón sin salida. No han pasado ni cuatro años de ese proceso, pero se han sucedido tantos acontecimientos en un club en constante agitación que resulta difícil seguir el hilo. Desorientado y sin una brújula que le guíe, el Badajoz se precipita a un nuevo abismo. El club es ahora mismo una auténtica casa de los líos en manos de unos mexicanos que defienden el fuerte sin munición ante la amenaza de los anteriores propietarios asomándose por el Nuevo Vivero reclamando la plaza.

El Badajoz no termina de salir de un juzgado cuando entra en otro. Su compra-venta a Joaquín Parra se encuentra intervenida por el juzgado de Málaga y el acuerdo interno entre el grupo de Oliver y los mexicanos va camino de acabar ante los tribunales. Además, sobre el club pesa una orden de embargo de sus cuentas y el depósito de una fianza de 17,5 millones, la investigación de un posible desvío de 3 millones del caso Parra a las obras del estadio y otra instrucción sobre un supuesto intento de amaño del partido ante el Pontevedra de la temporada pasada. Todo esto sumado a que su futuro camina sobre el alambre del Juzgado de lo Mercantil tras la aprobación de un convenio de acreedores con más de 6 millones de deuda reconocida.

Desde la obligada, por la Ley del Deporte, transformación en SAD del Badajoz decano del fútbol extremeño tras su ascenso a Segunda en 1992 ya se vaticinaba que sería el principio del fin. Y así fue. El club dejaba atrás el romanticismo de una época casi centenaria para abrazarse al incipiente fútbol profesional marcado por un modelo capitalista. Salvo un par de temporadas de ensueño a mediados de los 90 en las que se acarició el cielo de Primera todo lo demás estuvo caracterizado por una inestabilidad constante con continuos cambios de propietarios. Hasta su liquidación en 2012.

La afición no dejó apagar ese fuego y de sus cenizas resurgía ese sentimiento que había permanecido vivo más de cien años. Se volvía a los orígenes. A sus aficionados como centro de todo. El club fue creciendo con cada salto de categoría y cumplida su misión Fernando Valbuena dejaba su sitio a Pablo Blázquez que culminó una gestión impecable dejando al equipo asentado en Segunda B.

Pero siete años después sus socios entregaron el club a los cantos de sirena de Premium Sport. Confiaron a ciegas en una sociedad que en el momento de su presentación a la masa social no estaba ni constituida porque se crearía seis meses después de recibir la gestión del club. Ahora vuelve a repetirse la historia.

En aquella asamblea celebrada en el salón de la Fundación CB empezó este otro principio que parece abocado al mismo fin. Premium Sport recibió la aprobación social e inició los trámites para la conversión en SAD. Pero llegaron los problemas económicos y en abril, con el club ahogado por las deudas, se rompió con Premium. En medio de esa tormenta apareció Joaquín Parra en plan tío Gilito para tapar las goteras y hacerse cargo de todo.

De nuevo la afición se entregó a los encantos de un nuevo inversor que se metió a todos en el bolsillo con hechos y no promesas. En la asamblea de socios se aprobó la entrada de Feverstone SA, sociedad de este empresario sevillano que capitalizaría meses después el 99 por ciento de las acciones del club. Su surtidor resultaba inagotable. Reformó un Nuevo Vivero que presentaba un estado lamentable y que se caía a cachos. Lo modernizó y preparó para el asalto a la liga profesional.

Parra consumaba el 3 de diciembre de 2020 el proceso de transformación en SAD con un capital social de 1.492.810 euros. Se convirtió en el ilusionista de los récords. Más de 9.000 abonados, por encima de 10.000 espectadores y el primer lleno absoluto con el cartel de no hay billetes en un partido del Badajoz, sueños de ascenso, las noches mágicas de Copa, los niños con camisetas del equipo, las calles engalanadas con los colores blanquinegros... La ciudad entera vivía en un cuento de hadas.

Pero en la noche trágica del Amorebieta se rompió el hechizo y la flamante carroza se convirtió en calabaza. El castillo de naipes se desmoronó al primer soplido del lobo. Se infló tanto el globo que terminó por reventar. Se acababa el sueño y empezaba la pesadilla.

La Guardia Civil irrumpió en el Nuevo Vivero el 27 de julio de 2021 en plena pretemporada del equipo. Requisó documentación del club y detuvo a Joaquín Parra en su domicilio de Dos Hermanas por un supuesto fraude en el IVA de los carburantes. Se intervinieron las cuentas del Badajoz y pasados unos meses, sin nadie al timón, desamparados, el entonces director general del club, Dupi, lanzó un SOS. «El club está al borde de la quiebra», fue su grito de alarma en busca de auxilio.

En ese escenario, Daniel Tafur se incorporó a la partida y puso sus cartas sobre la mesa de juego con una oferta para comprar el Badajoz. La afición empezaba a movilizarse para pedir a Parra que vendiera.

La Guardia Civil seguía adelante con la investigación sobre el caso Parra y en una de sus conclusiones apuntaba el posible desvío para acometer la obra del Nuevo Vivero de tres millones de euros procedentes del fraude del IVA en gasolineras de bajo coste. La afición seguía presionando a Parra manifestándose para que accediera a vender el club.

Con el club inoperativo y plantilla y empleados angustiados ante un futuro incierto, el esperado acuerdo para el traspaso de acciones de Parra a Daniel Tafur se anunció en rueda de prensa y por los pasillos del estadio todo eran felicitaciones y abrazos. El fin de la pesadilla. El bote salvavidas.

Pero de la noche a la mañana la situación daba un giro inesperado. La familia Parra se sacó un as de la manga. Entraba en escena Luis Oliver y toda esa oscura sombra que arrastraba a su paso. Parra aceptaba la oferta de este grupo ante el desconcierto del personal del club, jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Con Diego García como parapeto y avanzadilla, el grupo de Oliver se hizo con la gestión del club ante el rechazo generalizado. A las manifestaciones de la afición se unieron la de los jugadores comenzando los partidos de rodillas como protesta e incluso llegando a concentrarse en el Ayuntamiento. Se sentían encadenados a merced de los gestores y así lo simbolizaban durante el primer minuto de sus partidos.

En marzo el juzgado de Málaga autorizaba la venta del club de Parra a Oliver y en mayo se presentaba el preconcurso de acreedores. En junio se rubricó el traspaso de acciones en una operación rocambolesca e inaudita en el fútbol mundial. La firma de la compra-venta se llevó a cabo en la prisión de Alahurín de la Torre ante notario y con un acuerdo plasmado en cinco plazos cuyos pagos se fiscalizaban a través del juzgado de Málaga que llevaba el caso de Parra. El capital social del Badajoz pasaba a estar en manos de Lanuspe SL, sociedad controlada por la familia Oliver (Viriato Sport y Alejandra Oliver) y Agapito Iglesias (Inversiones Agapito Iglesias).

En la previa de San Juan, se celebró la junta general de accionistas y Oliver sorprendía con la entrada de un grupo mexicano como socios. Atlantic Capital 2000 SL tomaba las riendas con José Luis Orantes a la cabeza y Luis Díaz-Ambrona como presidente puesto por Oliver. Pero pronto comenzaron las tensiones en la bicefalia y el grupo mexicano empezaba a preparar el terreno para su aventura en solitario.

Joaquín Parra salía de prisión un año después de su ingreso. En su primera aparición pública en una entrevista a este periódico el empresario sevillano manifestaba que había sido engañado por el grupo Oliver y expresaba su intención de recuperar el club. Unos días después, el Consejo Superior de Deportes autorizaba el traspaso de las acciones de Feverstone a Lanuspe. Y el 15 de agosto, el club entraba en concurso de acreedores con una deuda reconocida de algo más de 5 millones.

Después de varios meses de contactos, Atlantic se convertía en el accionista mayoritario de Lanuspe al adquirir la parte de Agapito Iglesias. El grupo de Oliver conservaba el 40 por ciento de las participaciones, pero Orantes empezó a sondear la posibilidad de hacerse con todo el paquete.

El Juzgado de Málaga decreta el decomiso de las acciones del club. Con este auto se impedía que Joaquín Parra volviera a recuperar el Badajoz y obligaba al grupo de Oliver a cumplir con sus compromisos de pago acordados en la compra-venta. El administrador concursal presentaba en diciembre en el Juzgado de lo Mercantil el informe del concurso de acreedores con una deuda que había crecido por encima de los 6 millones de euros.

Atlantic se hacía con el total del paquete de Lanuspe y pasaba a ser el accionista mayoritario del Badajoz. Poco después se descubriría que Orantes también se echaba a un lado y se apoyaba en dos nuevos socios, Guillermo Ritchey y Víctor Arana. El Grupo Andimi SL entraba a controlar el 60 por ciento de la participación de Lanuspe SL y Atlantic se quedaba con el 40. La familia Oliver salía así del Nuevo Vivero. Pero los dos máximos accionistas se mantenían en la sombra y dejaban a Miguel Leyva como hombre fuerte en el Nuevo Vivero.

Este acuerdo se plasmó también en una serie de plazos a pagar en un año. De esta manera, el Badajoz se encuentra en medio de un galimatías institucional que depende de una venta doble, la principal a Parra que está fiscaliza a través del Juzgado de Málaga hasta septiembre de 2025 y esta otra indirecta entre los mexicanos y el grupo de Oliver para hacerse con las acciones de Lanuspe, sociedad dueña del club.

Después de una temporada decepcionante y tres entrenadores, el Badajoz confirmaba su dramático descenso a Segunda RFEF tras su derrota en la última jornada en Córdoba.

Este mismo verano recién terminada la liga, dos jugadores del Pontevedra denunciaron un supuesto intento de amaño del partido que le enfrentaba al equipo pacense en la penúltima jornada en el Nuevo Vivero. Una investigación que sigue su curso y lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. En noviembre el Juzgado de lo Mercantil de Badajoz autorizaba el convenio de acreedores.

El Juzgado de Málaga que instruye la causa contra Joaquín Parra procede al embargo de las cuentas y subvenciones públicas del CD Badajoz como una de las entidades con responsabilidad civil implicadas en este caso contra la Hacienda Pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. Además, pide al club una fianza de 17,5 millones de euros.

Este nuevo palo judicial coincide en el tiempo con la reaparición de Luis Oliver, Agapito Iglesias y Joaquín Parra queriendo recuperar el club.

La familia Oliver sostiene que el grupo mexicano habría incumplido el acuerdo y acogiéndose a una cláusula resolutoria reclama la titularidad de las acciones de Lanuspe. De esta manera, toman el control de la mercantil y solicitan con varios requerimientos su entrada en el consejo de administración del Badajoz. Luis Díaz-Ambrona y Diego García presentaron su dimisión del consejo. Por su parte, Miguel Leyva se hace fuerte en el Nuevo Vivero en representación de sus socios que siguen sin hacer acto de presencia.

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