La Fiscalía llama a declarar a quienes intervinieron en las pruebas para policía local en Cáceres

Las diligencias de investigación se siguen por un presunto delito de revelación de secretos. El Código Penal establece multas de uno a cuatro años, en función de la gravedad del caso.

A este asunto se refirió también ayer, a consultas de los medios, el alcalde de Cáceres. «Planteé que se consiguiese ese audio y se pusiese a disposición de la Fiscalía. Pero como ya estaba en la Fiscalía lo que hemos hecho es colaborar», detalló Luis Salaya, sobre las supuestas filtraciones en la oposición en la que se convocaban ocho plazas pendientes de cobertura en la plantilla de la Policía Local mediante el turno libre.

Salaya admite, como ya avanzó también el concejal de Recursos Humanos, que no ha llegado a escuchar el audio en el que supuestamente se daban recomendaciones sobre los temas del examen. «Tuvimos conocimiento de esta situación y nos llegó por CSIF», resalta el regidor. Fue ese sindicato el que acudió con el documento a la Fiscalía con el fin de esclarecer lo ocurrido y valorar si había una posible ilegalidad. En todo caso, como recuerda Salaya, fue el tribunal examinador el que a la vista de la situación prefirió seguir adelante con el proceso de selección.

«Se optó por esperar a la investigación de la Fiscalía y colaborar plenamente con ella en lo que podamos aportar. Y ya digo que será poco porque no somos los que más información tenemos al no haber sido capaces ni de conseguir ese audio», incide el alcalde. En una valoración más personal, el regidor apuntó que habrá que ver si lo que ha ocurrido supone una infracción de la Ley.

«Ni siquiera está claro que ese audio plantee algo que sea ilegal. Recomendaciones sobre lo que puede entrar o no en un examen según quien sea el presidente del tribunal puede ser. Si hace años un compañero me pregunta por lo que puede entrar en un examen yo podría decirle que al profesor le gusta el Derecho Internacional Europeo, pero de ahí a que eso me lo haya dicho ese profesor... Ahí sí tendríamos un problema. Eso lo tendrá que investigar la Fiscalía y si decide seguir adelante lo resolverá el juez», concluye.

Para Salaya, el caso queda a expensas de los pasos que dé la Fiscalía una vez que CSIF le hace llegar el documento. Este tipo de situaciones no contribuyen a ofrecer la mejor imagen de los procesos de selección de personal, no solo en el caso del Ayuntamiento sino de toda la Administración Pública, según el regidor. Queda la sensación de que los procesos no son limpios, aunque luego no se demuestren esas supuestas ilegalidades, analiza. «Confiamos en que quede en nada pero la imagen ya está dañada», asume. «Es un tema doloroso y complejo», abunda Salaya que cree que la norma general es que «los procesos son limpios».

El portavoz del PP, Rafael Mateos, pide «máxima transparencia y colaboración en la supuesta filtración». Mateos sostiene que se trata de «una cuestión fundamental porque está en juego la credibilidad del Ayuntamiento como institución. Consideramos muy grave el hecho de que se siembren dudas sobre el acceso a la función pública».

Desde CSIF se añade que en cuanto tuvieron conocimiento del audio anónimo lo pusieron en conocimiento de la Fiscalía. Lo que llegó al sindicato, resaltan sus responsables, fue un sobre sin remitente que contenía un pendrive, y en el mismo el audio en varios archivos independientes. «Se puso en manos del gabinete jurídico e inmediatamente se trasladó a la Fiscalía», explican.