El alcalde de Zarza garantiza las exhumaciones en La Paloma cuando tenga permiso ambiental

La medida aprobada por una alcaldía que ostenta Levanta Extremadura con el apoyo del PP generó malestar y críticas en un asunto como la Memoria Histórica que genera polarización. Este miércoles el alcalde, que asegura haber recibido presiones y ataques por parte «del entorno del Partido Socialista y de cargos relevantes de la Diputación de Cáceres» por esta decisión, aseguraba a este periódico que las obras dirigidas a la exhumación de los cuerpos continuarán en cuanto se tenga el permiso, que ya está solicitado. «Todos estamos deseando que si esos cuerpos están ahí, aparezcan cuanto antes», señalaba Bayón, que, no obstante, apelaba a la legalidad necesaria y a su responsabilidad de cumplirla. «No he parado porque me ha dado la gana, he parado porque faltan los informes, en cuanto los tenga encima de la mesa yo seré el que me ponga en contacto con ellos y les diré, señores, se retoma». Rechaza que haya ningún tipo de cuestión ideológica en su decisión.

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Más allá de esta explicación Bayón emitió el martes un comunicado en el que denunciaba «la manipulación y falta de colaboración de la Diputación de Cáceres» en este proyecto. Aquí, en su nota, solo alude al final a la falta del informe medioambiental y aborda que la institución provincial «ha exigido al Ayuntamiento la devolución de la subvención recibida por un importe de 82.000 euros (75.000 más gastos de demora)» en relación a estas excavaciones. Alude a que en el convenio firmado por la anterior alcaldesa se otorgó a la Universidad de Extremadura (encargada de desarrollar este proyecto y de licitar las obras) un plazo de justificación hasta el 31 de diciembre de 2025, mientras que el Ayuntamiento contaba con un plazo «mucho más reducido». Este desfase impidió justificar en tiempo la subvención y según la información de la Universidad, «la factura fue retenida por sus mecanismos de control al detectar un incumplimiento el procedimiento de contrato menor».

La Diputación respondió con otro comunicado en el que explica los plazos de justificación de las subvención concedida para la realización de la segunda fase del proyecto de exhumación de la mina La Paloma. El plazo de ejecución era del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2024 y el de justificación el 30 de noviembre de 2024, algo que no llevó a cabo la entidad local y no hubo solicitud de ampliación de dicho plazo. Es en marzo de 2025 cuando se lleva a cabo la justificación de ese importe, pero una cantidad menor a la concedida y fuera del periodo de ejecución. «La información que está vertiendo el Ayuntamiento de Zarza la Mayor es falaz, había dentro de la normativa la posibilidad de que el Ayuntamiento pudiera solicitar la ampliación de plazo pero no lo pidieron y ellos lo justifican tarde, la Diputación tiene unos sistemas garantistas y no podemos decir: te condonamos esto o te lo perdonamos, no es falta de voluntad de la Diputación», señala por su parte la vicepresidenta de la Diputación, Esther Gutiérrez. «No queremos obstaculizar nada, la Diputación es muy rigurosa», apunta. «El alcalde está utilizando estas excusas para torpedear los trabajos y presionar a la Diputación de alguna manera».

Gutiérrez apunta que la tercera fase de la exhumación se ha paralizado «con la excusa de un informe, pero un informe que en la anterior fase no lo pidieron y dejaron que las obras se ejecutaran», apunta Gutiérrez, que es concejala de Zarza la Mayor, su pueblo natal. «Más allá del tema ideológico hay una mala gestión, se está viendo perfectamente que están buscando excusas para echar humo e inculpar a la Diputación diciéndoles a los vecinos que tienen que devolver esa subvención de forma injusta».