Caso del hermano del presidente del Gobierno

La jueza pregunta en una nueva providencia por el ayudante de David Sánchez que trabajó en Moncloa

Carrero desarrolla actualmente el puesto de jefe de sección coordinación y programas de actividades transfronterizas en la institución provincial, aunque es funcionario de la Escuela Oficial de Idiomas de Mérida y ha trabajado en el Gabinete de la Presidencia en Moncloa. Es, de hecho, la persona que firmaba el correo electrónico que empezaba con un «Querido hermanito» dirigido a David Sánchez cuando aún trabajaba en el área del presidente del Gobierno en 2022.

La jueza recuperó ese mensaje en los interrogatorios del pasado viernes a los investigados en el proceso abierto en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y en los que busca delitos contra la Administración Pública por si, entre otras cosas, se amañó el puesto de coordinador de conservatorios para el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

Este lunes, en una nueva providencia firmada este 20 de enero, la jueza pregunta a la Diputación por el proceso de contratación de Luis Carrero, que también comparte despacho con el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en una entreplanta de la plaza de España de Badajoz desde mayo.

En su declaración, Sánchez admitió que ambos trabajan juntos. Y también reconoció la relación laboral con Ángel Seco, que actualmente es técnico superior del área de Cultura y cuyo puesto de trabajo ahora investiga igualmente la jueza. En la misma providencia de este lunes Biedma pide a la Diputación de Badajoz que le remita «toda la documentación completa relativa al procedimiento de creación y adjudicación» de los dos puestos de trabajo, así como los contratos firmados por estas dos personas en 2023 y 2022.

Además, reclama a la institución provincial que le reenvíe «los contratos que vinculan a Javier González Pereira con el proyecto Ópera Joven y los informes justificativos para la contratación del mismo».

La jueza Biedma también llama a declarar a otras cuatro personas como testigos. La principal novedad es que por primera vez preguntará a un aspirante a la plaza de coordinador de conservatorios que consiguió David Sánchez. Así, oirá a Nerses Avakimyán, que trabaja como profesor de violín en el conservatorio profesional Juan Vázquez de Badajoz.

Hay que recordar que a la plaza que finalmente obtuvo el hermano del presidente del Gobierno también se presentaron otras 10 personas, profesores y músicos vinculados a Extremadura. Ninguna de ellas reclamó tras la adjudicación del puesto a David Sánchez.

También llama a Julián Expósito Talavera, que es el director del área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz; a José Ramón Suárez, que era jefe de Recursos Humanos hasta su jubilación hace unos meses; y a José Luis Albarrán Babiano, actual técnico de asesoramiento jurídico que estuvo destinado en el área de Recursos Humanos cuando se gestó la plaza de coordinador de conservatorios que fue adjudicada a David Sánchez en 2017.

Los cuatro están citados el 7 de febrero próximo a partir de las 9.30 horas.

Por otro lado, en la misma providencia de este lunes la jueza ordena la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue la desaparición de correos electrónicos en la cuenta de la directora del conservatorio profesional Juan Vázquez, Yolanda Sánchez entre el 21 de junio de 2017 y el 24 de julio de 2017. Este plazo coincide con la adjudicación e incorporación de David Sánchez a la institución.

Durante la intervención de su cuenta de correo corporativa por parte de la UCO, la Guardia Civil comprobó que «no aparece ningún correo electrónico en ese periodo. Hecho que según los agentes investigadores no parece responder a un periodo de inactividad de la mencionada cuenta, ya que se han encontrado correos en la propia cuenta de esta persona y en otras que reflejan cadenas de mensajes en las que aparece su dirección de correo entre las dos fechas descritas».

Además, Biedma recuerda que Yolanda Sánchez dijo durante su declaración que «no borró voluntariamente esos correos y que los ponía a disposición de este juzgado». Por eso, ordena a la Guardia Civil que «investigue dicho extremo y recupere de los correos cuya intervención fue acordada judicialmente en el caso de que sea posible».

La jueza da un plazo de cinco días a las acusaciones y la Fiscalía para que soliciten la práctica de diligencias que entiendan necesarias.