El edil no adscrito pide un reglamento para regir el gasto de los grupos políticos

Como adelantó HOY, el Tribunal de Cuentas reprocha al Ayuntamiento de Badajoz que no controle el dinero que da a los partidos con representación en el propio Consistorio.

En un informe, el órgano alerta de que no existe fiscalización por parte del Pleno ni de la Intervención municipal. El estudio analiza la gestión del año 2022, ya con Ignacio Gragera de alcalde, que mantiene la misma fórmula. Desde el Gobierno local no han querido pronunciarse sobre este informe.

Cada año, el Ayuntamiento reparte unos 300.000 euros, de manera que distribuirá 1,1 millones de euros entre las elecciones de 2023 y las de 2027. Se trata de la cantidad más alta de todos los ayuntamientos extremeños y se repare entre los grupos en función de un componente fijo y otro variable por cada concejal. Así, el PP recibe 151.138 euros al año; el PSOE, otros 109.670 euros; y Vox, unos 26.000 euros al año. El edil no adscrito no recibe nada.

En los presupuestos, donde aparece esa cantidad, solo se recoge que «no se puede destinar al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al Servicio de la Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de carácter patrimonial».

La Ley de Bases de Régimen Local, de hecho, recoge en su artículo 73 que los ayuntamientos pueden pagar a los grupos un dinero para su funcionamiento, pero no establece detalles.

«El Ayuntamiento de Badajoz ha desarrollado en su normativa la regulación de las dotaciones a los grupos políticos con carácter mínimo, limitándose a recoger en las Bases de Ejecución de sus Presupuestos anuales la cuantía y periodicidad de pago de los componentes fijo y variable de la dotación y a recoger las prohibiciones de destino de las asignaciones previstas en el artículo 73.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local», dice el informe del Tribunal de Cuentas adelantado por HOY y en el que Carlos Pérez se basa ahora para proponer al Ayuntamiento un mayor control.

Lo harían desarrollando ese artículo 73 en un reglamento municipal con el que los partidos estén obligados a reflejar en qué han gastado ese dinero. Ahora, una vez abonado, no existe control por parte de la Intervención ni del pleno. «Se echa en falta el desarrollo normativo del artículo 73.3 de la LRBRL (bases de régimen local) que facilite el adecuado empleo, justificación y control de la dotación y en el que se detalle, al menos, el destino de los fondos, indicando los gastos admisibles y no admisibles, y si, entre ellos, se permiten las aportaciones a los respectivos partidos políticos y, en su caso, la forma de justificarlas», dice Carlos Pérez.