Las instalaciones de Cetarsa vuelven a la normalidad tras una amenaza de bomba
Agentes del grupo de especialistas en desactivación de explosivos han revisado las instalaciones
Los vecinos del entorno de la fábrica de Cetarsa, situada en la concurrida avenida de las Angustias de Navalmoral de la Mata, así como los numerosos conductores y viandantes que han transitado por allí desde primera hora de la mañana del jueves se han visto sorprendidos por el despliegue de vehículos y agentes de la Guardia Civil, que llegaron a acordonar la zona.
Durante algo más de cuatro horas se ha vivido este jueves una situación poco habitual en las instalaciones de la Compañía Española de Tabaco en Rama como consecuencia de un aviso telefónico recibido en torno a las 5.35 horas de una amenaza de bomba.
Fue una llamada a la caseta de vigilancia, en la que un hombre advertía que había colocado una bomba en el interior del recinto, sin querer especificar el lugar exacto pese a ser preguntado por ello.
De inmediato se desalojó a los trabajadores que entraban en esos momentos, puesto que el primer turno se prolonga entre las seis de la mañana y las dos de la tarde, afectando en total a una treintena de operarios. También se avisó a la Guardia Civil, que requirió la presencia de los Gedex, el grupo de especialistas en desactivación de explosivos, para revisar la factoría.
Tal y como se presuponía desde un primer momento se trató de una falsa alarma, que, eso sí, obligó a activar los protocolos establecidos para estas situaciones, recuperando la normalidad poco antes de las diez de la mañana.
Lo que no ha finalizado es la investigación de la Guardia Civil para descubrir la identidad del autor de la amenaza, a quien, en caso de ser localizado, le puede salir muy cara la broma.
Delito
La Guardia Civil recuerda que realizar un aviso falso de bomba que provoque la movilización de los servicios de emergencia constituye un delito tipificado en el artículo 561 del Código Penal. «
Quien simule o afirme falsamente una situación de peligro para la comunidad o un siniestro que requiera asistencia, y como resultado movilice a los servicios de policía, asistencia o salvamento, puede ser castigado con prisión de 3 meses y 1 día a 1 año, o multa de 3 a 18 meses.
Además, el responsable podría ser obligado a cubrir los costes derivados de la movilización de recursos públicos y compensar los perjuicios causados a las personas o entidades afectadas. En el caso de menores, sus tutores legales pueden asumir las responsabilidades económicas.
