La Junta abre la puerta a regularizar toda la sierra de Santa Bárbara

En la práctica, esta resolución de Medio Ambiente abrirá la puerta a que se cumpla el deseo de los propietarios afectados de que se pueda iniciar un procedimiento de regularización urbanística de esa parte de la sierra, algo que era imposible con el plan actual, que no contempla esa posibilidad para los suelos con especial protección.

El PGM en vigor desde 2015 divide la sierra de Santa Bárbara en cuatro tipos distintos de suelo. Por un lado está el urbanizable, que es el situado en las cotas más bajas. Después aparece el no urbanizable común, donde las construcciones existentes se pueden regularizar siempre que cumplan una serie de condiciones. Las otras dos categorías son el suelo con protección paisajística y con protección ecológica, para las cuales el PGM no establece ningún mecanismo de regularización.

En la zona de protección ecológica, la más alta de la sierra, apenas hay construcciones, pero sí en el suelo de protección paisajística, donde se encuentran muchas de las viviendas ilegales de Santa Bárbara, entre ellas las de la finca Viña del Carmen, sobre las que pesan órdenes firmes de derribo. La petición de los propietarios es modificar el PGM para que ese suelo paisajístico tenga la misma consideración que el no urbanizable común, pero únicamente a afectos de la posible regularización de viviendas ilegales, no del uso del suelo. Es decir, no quieren que se recalifique, ya que eso implicaría poder construir allí desde gasolineras hasta explotaciones industriales, sino tan solo que se cambien las llamadas «directrices de ordenación», de modo que las viviendas ya construidas que cumplan los requisitos puedan optar a ser regularizadas.

Por las palabras de este miércoles de la consejera se deduce que Medio Ambiente se decanta por rebajar el nivel de protección, lo que daría pie a una recalificación del suelo por parte del Ayuntamiento. No es exactamente lo mismo que pedían los propietarios, aunque también les servirá para poner en marcha el ansiado proceso de regularización. Aseguró además que esta postura de la Junta sobre el grado de protección que debería tener la sierra le fue comunicada por escrito en su día a los redactores del PGM. «No lo cambiaron, y si lo hubieran hecho muchas de las cosas que hemos visto ahora no habrían pasado», afirmó.

En cualquier caso, la resolución de Medio Ambiente anunciada por la consejera dará pie al inicio de un largo y extremadamente complejo recorrido administrativo. En primer lugar el Ayuntamiento deberá llevar a cabo una modificación parcial del PGM con las nuevas condiciones del suelo de Santa Bárbara al que se refiere el dictamen, la cual habrá de ser aprobada en pleno y sometida a información pública para después enviarla a la Comisión de Urbanismo de Extremadura, que tras recabar los informes correspondientes le dará o no el visto bueno definitivo. En caso positivo, regresará al pleno para su incorporación al PGM y su entrada en vigor.

Será a partir de ese momento cuando se podrá poner en marcha el procedimiento de regularización urbanística de las parcelas situadas en ese suelo. Hay que matizar además, y así lo quiso dejar claro ayer Begoña García, que regularizar no es lo mismo que legalizar, y ni mucho menos implica que después se pueda construir libremente. La Ley del Suelo de Extremadura establece los requisitos bajo los cuales las parcelas con construcciones edificadas en suelo no urbanizable pueden ser regularizadas. Influyen las características propias de cada una, y además se establece la obligación de crear redes de suministro, alcantarillado, iluminación, etcétera, cuyo coste correría a cargo de los interesados. De hecho, habrá parcelas que no cumplan las condiciones necesarias y por lo tanto no se podrán regularizar en ningún caso.

Otro matiz importante es que todo este procedimiento es independiente de los procesos de disciplina urbanística que se están tramitando sobre muchas de las viviendas, y que siguen adelante. La mayoría tienen órdenes de demolición, y el Ayuntamiento ha empezado a emitir los primeros decretos con avisos de multas coercitivas para los dueños no procedan al derribo.

Existe la posibilidad, como ha ocurrido en la zona de La Vinosilla, de que al abrirse la opción de regularizar las construcciones los propietarios que han llevado al juzgado las órdenes de demolición soliciten que estas se paralicen de manera cautelar, algo que únicamente puede hacer un juez. De hecho, los avisos de multas coercitivas que está emitiendo el Ayuntamiento se refieren tan solo a expedientes que se mantienen en la vía administrativa porque los dueños de las casas afectadas han decidido no recurrir en los juzgados las órdenes de derribo.

Todo se complica además porque ni siquiera el Ayuntamiento cuenta con un registro unificado de construcciones irregulares en Santa Bárbara, por lo que no sabe con certeza cuántas hay ni en qué situación se encuentran, de haberlos, todos los expedientes urbanísticos abiertos contra ellas. Toda esa información se está tratando de compilar ahora tras la incorporación de más personal a la Oficina de Urbanismo.