Caza, conservación y naturaleza

Desgraciadamente no es así, pues lo que verdaderamente ocurre es que desde las distintas administraciones no apoyan los proyectos encaminados a fomentar la riqueza cinegética en tal o cual comarca, como por ejemplo recuperando nuevos hábitat para especies; entiéndase, realizando reintroducciones (no repoblaciones) de corzos, gamos y monteses en territorios en los que no hace mucho tiempo poblaban estas comarcas, sino que la obstaculizan con una legislación obsoleta. No ayudan a los particulares, ni animan a sus propios técnicos a crear riqueza cinegética, sino que ponen mil y una trabas a cualquiera que pretenda hacerlo.

En Extremadura defender la caza y la naturaleza es tarea ingrata que tropieza con la insidia y la incomprensión. Esa incomprensión a veces se transforman en celos incontenidos de algunos «dogmáticos» integrados dentro de la Administración, que catalogan a todo propietario como depredador de los ecosistemas que existen en sus fincas, más aún si estas son de alto valor ecológico. Por su dogmatismo es difícil entenderse con ellos.

A un dogmático enrocado en un puesto de responsabilidad es fácil de adivinar su respuesta ante cualquiera de las propuestas que le plantemos, porque su reacción es siempre la de tierra quemada. El dogmático suele vivir de espaldas a la realidad, no ve más horizonte tras de sí que él sus propias elucubraciones; se encierra en posturas intransigentes acallando su conciencia llena de escrúpulos y utopías. El radical se adjudica el papel de redentor. No ve, ni entiende la «realidad» que le rodea y lo más común es que la ignore. Y cuando se quiere dar cuenta, la realidad que ha tratado de proteger ha desaparecido. No le importa. Lo que le importa es «el qué dirán».

La ley de caza de Extremadura impone a la Consejería competente en materia cinegética y ambiental la obligación de conservar, proteger y fomentar la riqueza cinegética. Así pues, si lo que pretendemos es que Extremadura sea una comunidad de referencia cinegética no solo a nivel nacional, sino mundial, apoyemos a los distintos sectores relacionados con la caza, facilitándoles sus trámites administrativos y asesorándoles técnicamente sobre la idoneidad de cómo gestionar tal o cual especie.

Hoy día, la caza ha evolucionado tanto que ha pasado de ser una necesidad vital a una actividad social. La caza era un acto libre y espontáneo: cazador libre, en terrenos libres, sobre animales libres. Actualmente es un acto reglamentado, reglado y socialmente demandado. Por ello, entiendo que las grandes propiedades, sean de carácter público o privado, son la mejor herramienta de gestión para la conservación y protección de la caza y la naturaleza.

No cuestiono quién es el propietario de la tierra, ni siquiera si está bien o mal gestionada. No discuto el derecho de propiedad ni de su legitimidad, refexiono sobre la potestad del titular o propietario para gestionar su propiedad y destinarla a un uso no agrícola o ganadero, priorizando el uso cinegético, de la fauna salvaje o contemplativa de la naturaleza.

La titularidad de la propiedad, ya sea pública o privada, se ha revelado como el mejor instrumento que permite al propietario regular, ordenar y aprovechar los recursos naturales y a medida que la demanda de la sociedad va evolucionando, se hace más necesario este instrumento, por impopular que parezca.

Esta posibilidad y el reconocimiento público de las leyes a favor del dueño o titulares de la tierra son el primer paso para la conservación de la naturaleza y el fomento de la caza. Lástima que estemos todavía tan lejos de un reconocimiento público de este criterio, algo que haría más fácil su aplicación.

Para terminar, manifiesto que el tratamiento que se le da a la caza y a la naturaleza para protegerlas, conservarlas y aprovecharlas es hoy día, en el umbral del siglo XXI, equivocado: no se las defienden si a la sociedad no se la hace partícipe de sus recursos naturales. No se las defiende si no se facilita que la renta agraria pueda ser sustituida por renta ecológica. No se las defiende si a los propietarios no se les compensa por las restricciones ambientales que, en el tiempo y en el espacio, sufren sus explotaciones. No se las defiende con leyes rígidas. No se las defiende con políticas dogmáticas. No se las defiende con «la caza y la naturaleza no se protegen frenando el desarrollo».