El buda de Cáceres, Birmania y los derechos humanos

El Ministerio de Asuntos Exteriores dijo hace unos días, tras enterarse de las andanzas de la Fundación Lumbini por tierras de Myanmar, que «desaconseja» este tipo de contactos con un gobierno que no reconocen ni España ni la Unión Europea. Estaba usando un lenguaje diplomático, porque lo que en realidad quería decir es qué pintan los promotores de un proyecto turístico de Cáceres manteniendo conversaciones con las autoridades de un gobierno que la comunidad internacional democrática considera ilegítimo, sin tan siquiera informar antes al Ministerio o a la embajada española.

Los responsables de la Fundación han tratado en sus declaraciones públicas de desvincular su viaje a Birmania de cualquier connotación política, argumentando que la reunión con el gobierno fue un simple acto de cortesía dada su presencia en el país para estrechar lazos con la comunidad budista que colabora en el proyecto Gran Buda de Cáceres, con la que ya mantenía vínculos anteriores al golpe de estado de febrero de 2021. ¿Es este un motivo valido? Pues depende de dónde tracemos la raya de lo permisible. Según ha denunciado Amnistía Internacional, el pasado mes de julio la junta militar birmana llevó a la horca a cuatro activistas prodemocracia en las que fueron las primeras ejecuciones en ese país desde 1988. Entre las «explicaciones» que el alcalde de Cáceres ha anunciado que se van a pedir a la Fundación Lumbini debería haber una pregunta: ¿Cómo encaja reunirse –aunque solo sea para saludar– con un gobierno que ahorca activistas dentro del mensaje de paz y conciliación mundial que esta Fundación vende a las autoridades extremeñas para tratar de sacar adelante su proyecto de centro budista en el monte Arropé? Si Europa está dispuesta a renunciar al gas ruso por defender la legalidad internacional, a lo mejor la Fundación Lumbini también puede prescindir de embellecer sus templos y sus estatuas con jade blanco de Birmania en pro de los derechos humanos.

Son este tipo de cosas las que pueden dar al traste con el complejo budista porque se corre el riesgo de que quienes tienen que decidir y dar los permiso se harten. Si el plan saliera algún día adelante como pretenden sus promotores es probable que le diera un empujón al turismo y por lo tanto a la economía de Cáceres, aunque la realidad es que avanza con cuentagotas. De momento, según ha dicho Luis Salaya, va a convocarse la comisión de seguimiento del proyecto para analizar, entre otras cosas, lo ocurrido en Birmania, incluidas las reuniones con un monje que ha sido acusado de apoyar a la junta militar y justificar la violencia contra la minoría musulmana rohinyá. Nos puede parecer anecdótico o pintoresco visto desde Extremadura, pero no se debe tomar a la ligera. Tanto ruido es un signo de que algo no va bien.