Europa, más hostil a la inmigración

La puesta en marcha del Pacto de Migración y Asilo es una de las grandes reivindicaciones de los Estados miembros, como la reforma del sistema europeo de retornos para agilizar las deportaciones (sobre todo, de aquellos ciudadanos que supongan un riesgo para la seguridad nacional). Y abre la puerta a crear centros de expulsión en terceros países seguros, la fórmula que intentó Giorgia Meloni rechazada por la justicia italiana y la comunitaria. «Parte de la seguridad europea tiene que ver con controlar nuestras fronteras y reducir el número de migrantes que llegan», ha asegurado la primera ministra de Dinamarca y al frente de la presidencia por turno de la Unión, la socialdemócrata Mette Frederiksen.

El Gobierno francés movilizó a finales de junio más de 4.600 policías y soldados para intensificar los controles en las estaciones de trenes y autobuses. Los efectos resultaron modestos: expulsión de un centenar de inmigrantes en situación irregular y encierro de 30 en el equivalente galo de un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). A principios de año, una circular de Interior aumentó de cinco a siete años el tiempo en que un inmigrante debe vivir en Francia para pedir la residencia, además de promover las órdenes de expulsión. Y el ex primer ministro Bayrou impulsó un decreto para reducir la cobertura sanitaria a los 460.000 extranjeros en situación irregular que ganan menos de 10.000 euros al año.

La extrema derecha de Marine Le Pen sigue con el viento electoral en popa. Un auge beneficiado por la xenofobia de una parte de la población en un país donde el porcentaje de población inmigrante ha aumentado de manera sostenida en las dos últimas décadas, del 8,1% en 2006 al 10,7% en 2023.

La promesa de actuar con 'mano dura' fue uno de los argumentos que llevaron al poder hace ya tres años a Meloni. Archivadas las proclamas maximalistas de cuando estaba en la oposición, la primera ministra de extrema derecha ha continuado con la senda trazada por los gobiernos anteriores para, acompañada por la UE, negociar con Libia y con otros países norteafricanos para que pongan freno a la inmigración ilegal a cambio de ayudas. Los resultados, por el momento, son buenos para el Ejecutivo: en lo que llevamos de año han desembarcado ilegalmente en el país cruzando el Mediterráneo Central alrededor de 50.000 personas, casi tres veces menos de las que lo hicieron en el mismo período de 2023. Esta caída explica que la cuestión migratoria haya ido perdiendo peso en el debate público. A Meloni no le ha temblado la mano para hacer la vida imposible a las ONG en el Canal de Sicilia.

El choque del canciller, el conservador Friedrich Merz, con sus socios socialdemócratas y otros grupos de izquierda ejemplifica el trance que atraviesa el país. Merz vinculó implícitamente el «problema en el paisaje urbano» con la inmigración y respondió retador a las críticas con un «Pregunten a sus hijas». Alemania también ha agravado sus políticas y el ministro de Interior tiene el encargo de reducir la cifra de refugiados. Todo, con la ultraderechista AfD apretando, pero también con un extremismo de izquierdas crítico con el fenómeno migratorio.

El debate sobre la migración está candente en puertas de las elecciones, este miércoles, para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes. A finales de septiembre, una protesta multitudinaria contra la inmigración acabó con 30 detenidos y destrozos en la sede del partido progresista D66. La coalición gobernante, formada por el partido del ultraderechista Greet Wilders y el PVV, ya endureció sus políticas de asilo en 2021 alegando «presión demográfica». Wilders acabó abandonando el Ejecutivo después de no poder sacar adelante su polémico plan migratorio, que pretendía paralizar los procesos de asilo, cerrar centros de refugiados y deportar a todos los asilados sirios a su país de origen tras la caída de Bashar el-Asad. Las encuestas lo sitúan como favorito ante las parlamentarias.

El Gobierno liderado por el grupo nacionalista flamenco NVA ha endurecido las políticas migratorias, con controles fronterizos y específicos en carreteras, estaciones y aeropuertos. También ha agravado los requisitos para la reunificación familiar, el acceso a centros de acogida para solicitantes de asilo y los permisos de residencia. Con su sistema de acogida saturado, Bélgica apoya la creación de centros de retorno en terceros países y sus ciudadanos quieren priorizar la migración cualificada que aporte «valor añadido».

De los países del Benelux, Luxemburgo es el que mantiene una postura menos rígida sobre la migración. Son más las personas que abandonan el país que las que tratan de entrar y el Gobierno, actualmente en manos del socialcristiano Luc Frieden, mantiene una postura pragmática sin sumarse a la tendencia general del endurecimiento. Pero sí defiende el Pacto de Migración y Asilo europeo para un mayor blindaje de las fronteras.

El país vive un momento de fuerte polarización en torno a la inmigración, con un Gobierno laborista que está impulsando un endurecimiento de sus políticas y con crecientes conflictos sociales y judiciales. Entre las medidas anunciadas por Keir Starmer, figura la ampliación de cinco a diez años del tiempo exigido para obtener la residencia permanente, así como varios de sus requisitos, con el argumento de que solo así se garantiza una contribución sostenida a la economía y a la sociedad; la tesis que también late bajo la implantación de un sistema de identidad digital obligatorio para verificar el derecho al trabajo.

De telón de fondo, está el acuerdo con Francia conocido como 'one in, one out', para devolver a migrantes que crucen ilegalmente el Canal de la Mancha a cambio de aceptar un número equivalente de solicitantes directamente desde suelo francés. El clima social es tenso, con denuncias judiciales también para evitar deportaciones. En ese escenario, Nigel Farage, líder del ultraderechista Reform UK, ha recuperado pujanza. Según un sondeo de Ipsos, el 67% de los británicos cree que el número de personas que ingresan al país es demasiado alto.