Un juzgado de Mérida condena a un hombre a dos años de cárcel por hacerse pasar por veterinario

El condenado, careciendo de la titulación requerida para realizar las labores propias de la profesión veterinaria, realizó de manera continuada en el tiempo, aproximadamente desde 2018, diversas actuaciones reservadas a dicha profesión tales como la administración de vacunas antirrábicas a varios perros, realizó diagnósticos clínicos, la desparasitación de animales e inoculación de vacunas antirrábicas, firmando formularios de identificación canina, explica en nota de prensa el Colegio de Veterinarios de Cáceres.

Durante el periodo en el que el condenado suplantó la condición de veterinario también tramitó los correspondientes documentos sanitarios oficiales a animales de compañía, comprando medicamentos de uso exclusivo veterinario y atribuyéndose fraudulentamente un número de colegiado del Colegio de Veterinarios de Cáceres, así como emitiendo certificados veterinarios varios.

El Colegio de Veterinarios de Cáceres ha actuado como acusación particular en el proceso judicial penal, ostentando la dirección letrada los abogados Juan Ramón Corvillo y Máximo Díaz, de la firma cacereña Corvillo Abogados SLP. A la condena penal emitida por el Juzgado de lo Penal número 1 de Mérida, de dos años de prisión, también se le han sumado las costas legales originadas durante el procedimiento.

Así, el presidente del Colegio de Veterinarios de Cáceres, Juan Antonio Vicente, destaca la importancia de la sentencia, pues se trata de una de las condenas «más altas» conseguidas por intrusismo profesional en todo el territorio nacional.

De igual modo, ha instado a todos los ciudadanos a poner en conocimiento del Colegio la realización de cualquier acto que pudiera ser constitutivo de usurpación de funciones, garantizando la actuación de la institución colegial cacereña en persecución de toda conducta infractora.

Finalmente, el colegio recuerda que el ejercicio de la veterinaria se engloba en el ámbito sanitario, y que por tanto este tipo de infracciones pueden suponer un riesgo para la salud y bienestar animal, la salud medioambiental y la salud pública.