La Justicia libia procesa al acusado de crímenes contra la humanidad que Italia dejó escapar

La acusación considera que existen pruebas que demuestran las graves violaciones de los derechos de los detenidos en los centros de internamiento para inmigrantes gestionados por Almasri. En los interrogatorios a los que ha sido sometido, se le pidieron explicaciones sobre las torturas sufridas por once personas, una de las cuales falleció a causa de ellas. Existe incluso un vídeo en el que se le ve asesinando a una persona en una calle a plena luz del día.

En el transcurso de sus investigaciones, la Fiscalía de Trípoli pidió al TPI asistencia para obtener pruebas sobre el caso, aunque resulta muy improbable que las autoridades del país norteafricano vayan a entregar a Almasri a los magistrados de La Haya, al no haber ratificado el tratado que instituyó ese tribunal.

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Será por tanto la Justicia de Libia, un país sumido en un enorme caos político y social tras la caída de la dictadura de Muamar el Gadafi en 2011, la que se encargará de procesar al antiguo comandante de la Policía Judicial, al que llevaba investigando desde hace meses. El enjuiciamiento de Almasri, en cualquier caso, no habría sido posible sin un cambio en los equilibrios entre los distintos grupos armados que se reparten el poder en la zona occidental del país y en la capital, Trípoli, donde tiene su sede el débil Gobierno de unidad nacional reconocido por la ONU y que lidera Abdul Hamid Dbeibé. Ese Ejecutivo no controla la parte oriental del país, bajo dominio del general Jalifa Haftar, quien cuenta con el apoyo del vecino Egipto.

Para el Gobierno de Giorgia Meloni el procesamiento en Libia de Almasri resalta aún más la irregular protección que le brindó a principios de año, cuando se escudó en supuestas trabas burocráticas para negarse a entregarlo al TPI. Tras pasar antes por varios países europeos, el acusado fue arrestado en Turín el 19 de enero, pero dos días después fue liberado y transportado en un vuelo oficial a Trípoli, donde fue recibido como si se tratara de un héroe.

Aunque el Ejecutivo de Roma se justificó luego por presuntos «motivos de seguridad», respondía a la necesidad de no irritar a las autoridades libias, de manera que siguieran cumpliendo con el acuerdo para tratar de frenar la inmigración hacia las costas italianas. Suscrito inicialmente en 2017 y muy criticado por las ONG, el pacto fue renovado el pasado fin de semana por otros tres años.