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J. M. M.
Jueves, 24 de abril 2025, 19:43
El rechazo de toda la Cámara se ha encontrado el planteamiento de Unidas por Extremadura para desarrollar consultas ciudadanas en las localidades donde se promuevan proyectos mineros. Únicamente la formación morada ha votado a favor de la propuesta de impulso, en la que también se incluía la denegación de los permisos de investigación y explotación de los yacimientos a las empresas con sanciones graves y pasados incumplimientos de la normativa, mientras que PSOE, PP y Vox han unido sus votos para oponerse.
Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura y encargada de defender la propuesta en la Asamblea, se ha mostrado contraria al desarrollo en la región de proyectos mineros que dejen una huella imborrable sobre el territorio. «Extremadura se va a convertir en una colonia minera bajo la excusa del rearme, la transición energética o el desarrollo tecnológico», ha lamentado. «La minería no es un modelo de desarrollo deseable, no genera empleo ni es sostenible en el tiempo«, ha insistido desde la tribuna.
Para evitar ese futuro, De Miguel ha planteado que la aceptación social que la Unión Europea pide para la aprobación de los proyectos mineros se vincule a la celebración de consultas en los municipios en los que se ubicarán los yacimientos. «Queremos que esto se decida en Extremadura y no en Australia, Canadá o Estados Unidos«, ha dicho en referencia a los países en los que se encuentran las sedes de las grandes corporaciones mineras.
La postura contraria a los proyectos mineros de la portavoz de Unidas por Extremadura es la misma que han manifestado los alcaldes de siete municipios para los que se han concedido permisos para trabajos de investigación. «Esta semana los alcaldes y alcaldesas de siete municipios de todos los colores políticos han firmado en contra de los proyectos de prospección Esperanza; lo hacen porque ven es una amenaza que alteraría de manera irreversible el equilibrio ambiental social y económico de estas comarcas», ha recalcado.
La propuesta de impulso iba más allá y también incluía que se denegasen los permisos de investigación y explotación a empresas que acumulen sanciones o incumplimientos de la normativa.
El resto de formaciones de la Asamblea han votado en contra de la propuesta de impulso de Unidas por Extremadura. El más crítico ha sido Juan José García, diputado de Vox, que ha afirmado que «la minería actual no es la de hace cien años; hablamos de proyectos sometidos a las más estrictas normativas medioambientales y con planes de restauración».
En ese sentido, ha lamentado que el rechazo a la extracción de recursos mineros en la región sería «renunciar a la riqueza que yace bajo nuestros pies». Por eso ha declarado que el planteamiento de De Miguel supondría «condenar a Extremadura al retraso».
En cuanto a las consultas ciudadanas, García las ha definido como «una trampa y una táctica dilatoria para ahuyentar a cualquier inversor sensato».
También el desde la bancada popular, Bibiano Serrano ha dejado claro que su formación votaría en contra -como así ha hecho- de la propuesta. «Deje de meter miedo a la gente de los pueblos», se ha dirigido a de Miguel para pedir, por su parte, consultas ciudadanas sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz.
Sobre la transición energética se ha atrevido Serrano a pronosticar un largo futuro a los combustibles fósiles. «No se van a acabar; es absolutamente falso», ha declarado. .
Desde el PSOE, el diputado Valerio Rodríguez, ha defendido una postura más moderada, pero su partido también ha votado en contra de la propuesta. Ha planteado la necesidad de que haya una compatibilidad entre el desarrollo económico de un territorio y la protección del medioambiente. «La labor de un buen gobierno debe ser esa: desarrollar una región y mantener su patrimonio natural», ha dicho.
Sin embargo, ha advertido que Extremadura no puede perder la oportunidad de liderar un cambio industrial. Por eso, ha solicitado al Gobierno regional que informe sobre si los yacimientos mineros que se plantean tendrían proyectos industriales asociados que puedan dejar riqueza en la región y crear empleo en las comarcas.
Por último, ha señalado que la propuesta de impulso de Unidas por Extremadura es ilegal. «No se pueden denegar los permisos de investigación y no se pueden promover consultas vinculantes»,
En su última intervención De Miguel le ha recordado el decreto del litio o la urbanización de Valdecañas y ha recalcado la necesidad de las consultas ciudadanas: «Cómo quieren garantizar la aceptación social que nos pide Europa», ha concluido.
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