Extremadura presentará alegaciones al anteproyecto de Ley de los Medicamentos

Las alegaciones están motivadas porque la nueva norma invade competencias autonómicas, según ha dicho la consejera, y la región se opone al precio de referencia de los medicamentos que recoge el anteproyecto.

Sara García Espada ha detallado que las alegaciones son la respuesta por el momento que dará la Junta al Gobierno, en respuesta a la petición realizada por Vox. El diputado Javier Bravo ha argumentado la necesidad de que la Junta actúe frente a la nueva norma para garantizar la viabilidad de las farmacias y asegurar la continuidad del suministro de medicamentos en toda la región.

«Es urgente actuar, porque el riesgo para las farmacias no es solo un asunto sanitario», ha argumentado Javier Bravo. Por eso, además de las alegaciones al anteproyecto, ha reclamado otras medidas que eviten el cierre de boticas en los pueblos. «La farmacia rural es garante de la salud en muchos y no se pueden cerrar más servicios, esto es también una forma de luchar contra la despoblación».

Sara García Espada ha insistido en que la Junta defenderá las farmacias en la comunidad con más boticas rurales del país. «Son el 44% en Extremadura y son referentes de salud», ha recordado la consejera.

La Junta alegará contra el anteproyecto en defensa de las farmacias extremeñas y en consonancia con los colegios de farmacéuticos de la región, que han manifestado su rechazo al mismo por el nuevo sistema de precios seleccionados que recoge.

«Si el anteproyecto de la nueva Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios se aprobara tal como está redactado, implicaría el cierre de farmacias en Extremadura, estamos convencidos«, ha dicho Juan José Hernández, presidente del Consejo Extremeño de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, colectivo que al igual que los del resto de España, ha expresado en los últimos días su rechazo a ese texto impulsado por el Gobierno.

La reforma legal en trámite establece que el Estado convocará cada seis meses un concurso público para seleccionar los medicamentos que dispensarán las boticas. El planteamiento de la administración es que así se fomentará la competencia entre las compañías farmacéuticas, que ofrecerán unos precios de venta más bajos que los actuales, lo que facilitará una rebaja del gasto público en este capítulo, que suele representar un porcentaje apreciable de los presupuestos de las administraciones. Además, con la nueva regulación, si a un paciente le prescriben un medicamento que no es el seleccionado, el boticario deberá dispensarle el seleccionado, y si el cliente no quiere ese sino otro, tendrá que pagar la diferencia de precio.

Estas novedades tendrán varias consecuencias negativas, a juicio de los farmacéuticos extremeños. En los pacientes, habrá una una menor adherencia a los tratamientos, y «se incrementarán los errores y problemas asociados al uso de los medicamentos, al modificarse con frecuencia el fármaco dispensado«. Y para las oficinas de farmacia, un efecto será »el descenso de la rentabilidad«, según Juan José Hernández. «En el caso de las farmacias de los municipios más poblados, esto puede implicar la necesidad de reducir las plantillas, y en el caso de las farmacias rurales, donde la rentabilidad es muy pequeña, implicaría cierres».