El tercer grado del exgerente de Caval enfrenta a la Fiscalía y la Audiencia de Badajoz

Manuel García González fue condenado en enero de 2016 a 23 años de prisión por la quiebra de la Cooperativa Caval. Se le declaró culpable de tres delitos contra la Hacienda pública, dos delitos de falsedad contable, un delito de administración desleal, dos de apropiación indebida y uno de fraude de subvenciones. La Audiencia de Badajoz le consideró responsable de la ruina de la cooperativa de frutas de Valdelacalzada y la sentencia le obligaba a devolver más de 12 millones de euros. Un año después, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia y el 24 de marzo de 2017 ingresó en prisión. Cuatro meses más tarde, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Badajoz le concedió el tercer grado, es decir, la clasificación que permite a los reclusos salir de la cárcel por la mañana e ir solo a dormir a la prisión. Desde ese día, Manuel García González, que tiene 70 años, puede salir de prisión entre las 8.30 y las 20 horas para cuidar de una nieta. A día de hoy, no ha hecho frente a la responsabilidad civil que se le impuso.

El beneficio penitenciario que se concedió al exgerente de Caval cuenta con todas las bendiciones legales. Tanto, que se hizo firme y no tiene marcha atrás salvo que Manuel García vuelva a delinquir o incumpla el régimen penitenciario. Pero su aprobación fue considerada un escándalo por los afectados por la quiebra de la cooperativa de fruta.

La semilibertad de García tiene otras consecuencias: ha provocado un duro choque entre la Audiencia Badajoz y la Fiscalía. Los dos órganos judiciales dan a entender que el condenado debería continuar en prisión, pero discrepan en sus argumentos.

El último pronunciamiento en este sentido tuvo lugar el pasado 12 de abril. Ese día, la Audiencia rechazó una solicitud de la Fiscalía para que se investigue el patrimonio de Manuel García y de sus familiares más cercanos. La negativa ya había sido expresada con anterioridad, pero en un tono más suave.

Al tribunal que firma ese auto, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio, Enrique Martínez Montero de Espinosa y Matías Madrigal (ponente), le molestó «la colección de reproches y desahogos» que formuló la Fiscalía en su recurso, «muchos de los cuales son desproporcionados y escasamente acordes con el modo de dirigirse a los tribunales de justicia que cabe esperar de la autoridad que los firma».

Los magistrados admiten que la Fiscalía utilice el «sarcasmo» en este tipo de escritos, pero no que «tal sarcasmo se base en datos que no se corresponden con la realidad o derivados de una errática lectura». «Tal reproche resultará, amén de desabrido y desproporcionado, injusto», concluye el tribunal.

Para entender el porqué de estos reproches hay que conocer los precedentes. El origen está en la investigación que abrió la Fiscalía de Badajoz para averiguar si el exgerente de Caval dispone de medios económicos para restituir los más de 12 millones de euros que debe satisfacer en concepto de responsabilidad civil por causar la quiebra de la cooperativa de frutas de Valdelacalzada.

Investigar los bienes

La apertura de esa investigación sobre los bienes de García fue anunciada después de que los cooperativistas que promovieron la causa penal protagonizaran en octubre pasado una tractorada en la que protestaban por la salida de prisión durante del día de Manuel García González.

Ese día se supo que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria había autorizado una medida que le permitía salir de la prisión entre las 8.30 de la mañana y las 20 horas, también los fines de semana completos, para atender a una nieta huérfana de madre que sufre una discapacidad.

La Fiscalía de Badajoz había informado negativamente sobre la concesión de esa medida, pero no recurrió cuando el juzgado de vigilancia, en contra de la opinión del centro penitenciario, decidió autorizar el tercer grado. Si lo hubiese hecho, es probable que la Audiencia hubiese rechazado esa decisión y que Manuel García no hubiese disfrutado de esa libertad parcial.

El fiscal jefe de Badajoz, Juan Calixto Galán, dijo entonces que la Fiscalía de Badajoz no había recurrido esa medida porque, antes de hacerlo, quería encontrar «argumentos de peso» que apuntalasen el rechazo a su concesión. Entonces no se sabía que la Fiscalía ya había abierto una investigación en la que tenía el apoyo de la Policía Nacional para saber si Manuel García contaba con medios económicos para compensar el daño económico causado.

Semanas más tarde, la Fiscalía recibió el informe policial. Pero no era completo, por lo que se dirigió a la sección penal de la Audiencia para pedir que autorizara la ampliación de las investigaciones ya iniciadas. Proponía solicitar información a la Agencia Tributaria, a los registros de la propiedad y a las entidades bancarias en las que Manuel García y sus familiares más directos pudieran haber realizado operaciones económicas o patrimoniales desde el año 2007.

Quería saber si tenía «capacidad económica», puesto que sólo constaba una investigación de su patrimonio realizada en 2012 que arrojó unos saldos bancarios de cero euros o con «pírricas cuantías».

La Fiscalía pedía investigar la propiedad de tres viviendas (una en Badajoz, otra en Valdelacalzada y la tercera en Cádiz), un local comercial en Valdelacalzada y tres sociedades (una de ellas dedicadas al sector de la fruta). También que se estudiara la situación de la asesoría laboral Seasa, propietaria de dos terrenos en Guadiana del Caudillo y Valdelacalzada y de tres vehículos, entre ellos un coche BMW y un Mercedes Benz.

Por la información que manejaba la Fiscalía, sólo el 50% de la vivienda de Badajoz estaba a nombre de Manuel García. El resto pertenecía a sus familiares más directos, razón por la que pedía autorización para hacer una investigación más a fondo.

La solicitud de la Fiscalía entró en la Audiencia el 7 de diciembre del año pasado y fue respondida el 1 de febrero en un auto que negaba la autorización para ampliar esa investigación.

En ese escrito, la Audiencia se mostraba preocupada con la concesión del tercer grado penitenciario a Manuel García, pero destacaba el hecho de que la Fiscalía no hubiese recurrido esa decisión.

También indicaba que la investigación solicitada por la Fiscalía no podía autorizarse porque afectaba a personas que no habían sido condenadas (la esposa y el hijo de Manuel García). «Si existen indicios de delitos, alzamientos de bienes, blanqueo u otras formas de fraude que afectan al condenado y a terceros, habrá de procederse a la apertura de investigaciones y nuevos procesos con las debidas garantías».

La Audiencia también planteaba que esa investigación patrimonial se debería haber impulsado durante la larga instrucción que se realizó antes del juicio. «Proceder a lo solicitado por el Ministerio Fiscal equivaldría a arbitrar una especie de persecución del comportamiento genérico de varias personas (...) lo cual resultaría totalmente inaceptable», zanjaba la Audiencia.

«Parece despreciar al fiscal»

Tras conocer ese auto, la Fiscalía insistió en su petición presentando un recurso de súplica. En ese escrito insistía en sus argumentos pero introducía ya varios párrafos en los que se traslucía cierto malestar. Incluso dudaba de que la Audiencia hubiese leído el recurso completo y decía que era «incomprensible» que la propuesta realizada se hubiese echado en saco roto. «Yerra la sala cuando inexplicablemente se entromete en las funciones y cometidos del Ministerio Fiscal al decir la obviedad de que silenciamos el no recurso de la decisión judicial», se decía en el escrito.

La Fiscalía también cuestionaba que, dos años después de dictarse la sentencia, la Audiencia no hubiese investigado aún el patrimonio del condenado. «Y ello sí que es sorprendente», se indicaba antes de concluir que el auto de la Audiencia «parece despreciar la labor del Ministerio Fiscal en el ámbito de la ejecución».

El recurso entró en la Audiencia el 26 de febrero y diez días después recibió respuesta en un auto que llama la atención a la Fiscalía por haber utilizado en su exposición «una colección de reproches y desahogos» que los magistrados consideran desproporcionados, desabridos e injustos.

La Audiencia confirmó en ese momento que había leído el recurso completo -la Fiscalía había dudado de que así fuera- y volvía a plantear una pregunta que consideraba clave: «¿Por qué el Ministerio Fiscal no recurrió el auto que concedía el tercer grado tras cuatro meses en prisión a quien resultó condenado a 23 años de prisión por varios delitos graves y no satisfizo la importante responsabilidad civil que se derivaba de la condena?».

El desconcierto es mayor -proseguía el auto- al conocer la reciente decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de denegar el tercer grado a la esposa del director comercial de Caval, condenada a tres años de prisión por apropiación indebida. «A tan incomprensible e inmotivada desigualdad es ajeno este tribunal. Huelga decir que los criterios jurídicos sustentados para confirmar la segunda decisión (el rechazo al tercer grado a la esposa del director comercial), con mayor elocuencia y rotundidad hubieran sido aplicados en el caso de haberse conocido en alzada respecto al primer acusado (Manuel García), lo cual no fue posible merced a la ausencia de recurso por parte del Ministerio Público».

Con ese argumento concluye el último capítulo de este choque Audiencia-Fiscalía. Manuel García González, que no ha hecho frente a su responsabilidad civil porque dice no poseer medios económicos, sigue saliendo de prisión a diario, pero la Fiscalía no ceja en su empeño de saber si además de percibir su pensión de jubilado cuenta con otros recursos para resarcir el daño causado. La investigación dirá quién tiene la razón.