Los responsables de la Federación Empresarial Placentina, a juicio por los cursos de formación

Todos son acusados de un delito de fraude de subvenciones por el que se enfrentan a una petición de pena para cada uno de ellos de 2 años y medio de prisión y el pago de una multa de 1,1 millones de euros.

El auto en el que se comunica esa decisión está referido a una de las cinco piezas que han sido instruidas por los juzgados extremeños desde que el gobierno popular de José Antonio Monago puso en conocimiento de la Fiscalía un presunto fraude en los cursos de formación para personas trabajadoras impartidos a comienzos de la pasada década por las organizaciones sindicales y patronales de la región.

De momento se han sustanciado en acusaciones concretas las causas contra CC OO, la Confederación Empresarial de la Provincia de Badajoz (Coeba) y la Federación Empresarial Placentina, aunque todavía hay otras dos piezas que siguen en instrucción por hechos similares: la que afecta al sindicato UGT y la referida a la Federación Empresarial Cacereña.

En la causa que ahora ha sido impulsada por el juzgado de Badajoz se analizaban las supuestas irregularidades cometidas por los entonces responsables de la Confederación Empresarial Regional Extremeña y la Federación Empresarial Placentina.

Los procesados por estos hechos son Pedro Castro Domínguez en su condición de presidente de la Federación Empresarial Placentina y presidente de la Creex; Francisco Sánchez Guijo, secretario general; Luis María Corvo Sánchez, del departamento de formación; José Jarones Santos, que fue presidente de la Cámara de Comercio de Cáceres; y María Violeta Bueno Clemente.

En el auto de apertura de juicio oral se recoge que la Fiscalía acusa a cada uno de los procesados de un delito de fraude de subvenciones públicas para el que propone la pena privativa de libertad de 2 años y 6 meses de prisión y la pena pecuniaria de multa de 1,1 millones de euros con responsabilidad civil subsidiaria de tres meses de cárcel en caso de impago.

Igualmente solicita que se les imponga la pena accesoria de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro años. En todo caso, el juzgado comunica que después de presentarse la acusación lo conveniente es que los cinco procesados sigan en situación de libertad, tal y como ha venido ocurriendo durante todo el proceso de instrucción.

La acusación pública también propone que a las dos personas jurídicas acusadas (Creex y CEP) se les impongan sendas multas de 1,5 millones de euros y que pierdan la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante cuatro años.

De momento no se conocen los detalles por los que ha sido formulada esta acusación, pero sí es seguro que el juicio de esta causa se celebrará en el juzgado de lo penal de Badajoz al que le corresponda por turno.

Tras la apertura de juicio oral contra los investigados de la Creex y la Federación Empresarial Placentina, quedan dos piezas en instrucción. Ambas se encuentran muy avanzadas y es previsible que en el plazo de semanas o meses el juzgado instructor culmine una investigación en la que se ha implicado desde el principio la Fiscalía Anticorrupción.

De ese modo se pondría fin a una causa que arrancó cuando en el año 2015 la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el Popular José Antonio Monago, denunció ante la Fiscalía de Badajoz que los técnicos de la administración regional habían detectado supuestas irregularidades en la justificación de los cursos de formación impartidos en el año 2013.